TRIUNFO LA ABSTENCIÓN

La característica principal de esta jornada electoral es el abstencionismo, los colombianos hace rato dejaron de creer en sus gobernantes, lo que se refleja en las urnas, los candidatos elegidos no cuentan con el apoyo de las mayorías. Los paramilitares conservan la hegemonía en casi toda la geografía, ahora lo hacen como parte de la unidad nacional.

Para el caso de Bogotá el candidato elegido cuenta con un 34%, menos de un millón de bogotanos apoyaron su candidatura, y aunque no hace parte de la coalición de gobierno, tampoco hace parte de una alternativa nueva, surgió de la izquierda, pero no representa a la izquierda colombiana, hace parte del nuevo entramado burocrático.

Para el gobierno triunfo la democracia, pero la realidad parece demostrar otra cosa; el cuestionamiento que durante esta jornada electoral se ha hecho sobre el fraude electoral, el posicionamiento de los parapolíticos y la abstención marcaron la jornada. El hecho que los candidatos, que recibieron apoyo de Uribe Vélez en las principales ciudades no hayan ganado, no significa que su proyecto político esté muerto, por el contrario, sus aliados siguen gobernando.

Para tener en cuenta el voto en blanco también fue el protagonista, en Bogotá más de 300 mil votos para el concejo, dejan ver que los elegidos no cuentan con la mayoría. Existen concejales que cuentan con 6 mil votos en una ciudad donde más de 4 millones de ciudadanos están inscriptos, por no contar que hubo municipios donde sólo votaron 100 personas y se considera legitima la elección, sigue marcando el fraude a la hora de contar los votos, varios municipios se encuentran en alerta máxima por asonada. Sin embargo, esta forma de protesta en contra de los políticos no va más allá de un voto, no existe mecanismo que avale el voto en blanco, en un país democrático se debería convocar a nuevas elecciones. 

LA PARA-DEMOCRACIA EN COLOMBIA

A diferencia de otros Estados, especialmente latinoamericanos, el Estado colombiano tiene una larga historia de democracia ininterrumpida. Sus gobiernos han surgido de elecciones periódicas, en los cuales los partidos tradicionales (liberal- conservador) han alternado el ejercicio del poder, la participación de otro partido en oposición a estos no ha contado con el apoyo suficiente para convertirse en alternativa. Si bien, en la última década han surgido un sinnúmero de partidos que compiten entre sí por el poder en las regiones; estos nuevos partidos no constituyen un partido político; son  clientelas que se reagrupan con otro nombre con el fin de mantener el poder a nivel nacional, regional o local. Es el caso del partido que le dio la presidencia a Uribe y Santos surgió de los liberales y conservadores; se alío con gamonales, terratenientes, narcotraficantes y paramilitares con el fin de permanecer en el poder. Cabe señalar que partidos políticos como tal no existen en Colombia, existen clientelas que se agrupan alrededor de un color político con una misma ideología.

Si bien, el Estado colombiano  se fundamenta en la participación política entendida como el derecho a elegir y ser elegido; este presenta una contradicción explicada por las restricciones políticas, la falta de garantías y libertades básicas que no permiten consolidar un proyecto alternativo. A su vez el clientelismo y la corrupción, en las entidades pública, no permiten el ejercicio democrático. La permanencia del clientelismo subvierte la participación, convierte al ciudadano en cliente de una elite que no representa sus intereses, tiene el carácter de transacción mercantil, con recursos del Estado. Los jefes políticos compran el voto de sus electores y muchos votantes prefieren acceder a este intercambio, modesto que esperar que el político cumpla con su programa de gobierno. En este país hasta los muertos depositan su voto sin que medie algún control.

A nivel regional y local la participación democrática se hace a través de las armas, se obliga a poblaciones enteras a votar por un candidato o trasladarse de su lugar de origen para que deposite su voto (trashumancia). De este fenómeno se derivo la parapolítica; paramilitares y colaboradores acceden a cargos de elección popular, con el fin de saquear las arcas del Estado y despojar a familias enteras de sus tierras. Los organismos de control hacen parte de este entramado que se construye alrededor de una gobernación, alcaldía, consejo municipal, entre todos se reparten el pastel burocrático.

A propósito de las elecciones

Para la próxima jornada electoral existen en todo el país más de 100 mil candidatos inscritos, este ejemplo de participación puede dar la idea de un sistema democrático amplio con garantías. Sin embargo, los múltiples cuestionamientos alrededor de los candidatos dejan ver otra realidad. En primer lugar, los llamados parapolíticos han desarrollado sus campañas desde la cárcel, lo que supone una continuidad en el poder. En segundo lugar, los organismos de control son pobres y poco eficientes, lo que no ha impedido que se presenten candidatos sancionados por la justicia, familiares de paramilitares, delincuentes de todo tipo que buscan reagruparse con el fin de mantener el poder.  Los demás candidatos no tienen ningún reconocimiento para la opinión pública.

Por otro lado, aunque el gobierno pretenda demostrar la existencia de una democracia, la realidad parece demostrar lo contrario, la sociedad ha perdido el interés por participar, explicada por la falta de compromiso de los elegidos y la corrupción, lo que ha ocasionado un desgaste de las instituciones; teniendo en cuenta que la política en Colombia la dirige una misma línea de pensamiento (ultra derecha) lo que constituye que se entreguen los cargos sucesivamente, a nivel nacional sólo unas cuantas familias han ostentado la presidencia; a nivel regional o local la formación de cacicazgos entendidos como paramilitares  ejercer violencia e impiden propuestas alternativas.

Es de anotar que la abstención es el factor que determina la participación, pues, los candidatos son elegidos con menos del 50% de los votantes, lo que significa que no representan a una mayoría sino por el contrario evidencian un pacto entre una minoría que ejerce en contra de los sectores populares, no existe un emprendimiento asumido como colectivo.

Estos factores explican el poco desarrollo, la falta de políticas sociales y el conflicto interno, pues ´existe una élite burocratizada que busca mecanismos para mantenerse en el poder y el beneficio propio en detrimento de la sociedad. De allí también se explica el gasto en las campañas, los políticos invierten sumas astronómicas que después buscan recuperar por todos los medios lícitos e ilícitos.  Esto explica porque la política no puede ser vista como un servicio social.

En la última década las elecciones han estado marcadas por el incremento de la violencia, el desplazamiento individual y colectivo, el asesinato de líderes sociales y políticos, la violación a la libertad de prensa. Estos hechos configuran el escenario de lo que se puede llamar la para-institucionalidad.

En consecuencia, no se espera transformaciones sino la continuidad que ha caracterizado los últimos tiempos y por ende la violencia, la corrupción, el despilfarro administrativo y la postergación de las políticas sociales, sin olvidar que todos los candidatos ofrecen mayor equidad,  desarrollo y progreso para sus comunidades, no importa si ya fue gobernante y en su pasada administración fue cuestionado por fraude, malversación de fondos, contratación indebida, entre otros delitos. A este modelo político le llamamos democracia y es lo que el gobierno invita a defender.

Por grupo Quimera.

LOS RECTORES AMENAZAN CON LA PÉRDIDA DEL SEMETRES

Sin que hasta el momento se concrete un acuerdo por parte del gobierno sobre la reforma a la educación los rectores advierten sobre la pérdida del semestre, al cumplir 3 semanas de cese de actividades por parte de algunas universidades públicas, los estudiantes se ven amenazados por la cancelación del semestre. Sin embargo, los estudiantes no son los culpables son los directamente afectados por la imposición del gobierno que ha hecho oídos sordos sobre la reforma. En los últimos días la ministra de educación se reunió con algunos representantes estudiantiles no con el fin de concertar sobre lo que debe ser la reforma sino para ratificarles que la reforma, frente a este panorama los estudiantes se vieron obligados a permanecer en paro.   

Elecciones y protestas signan semana colombiana

Por Alberto Corona

Bogotá, 29 oct (PL) El proceso y preparativo para las venideras elecciones regionales y locales, así como protestas estudiantiles y de trabajadores petroleros signaron la semana noticiosa colombiana que hoy concluye.

  Para los comicios de mañana, más de 30 millones de personas quedaron habilitadas para escoger a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el período 2012-2015.

Sin embargo, los cálculos más optimistas esperan que de ese total acudan a las urnas unos 13 millones de colombianos, por lo que desde ya se vaticina una elevada abstención, acorde con los registros históricos.

En tanto, más de 330 mil militares y policías garantizarán la seguridad de las elecciones regionales y locales, cuya campaña se caracterizó por un incremento de la violencia, con 41 candidatos asesinados y otros 88 amenazados.

Por otra parte, esta semana continuaron las protestas estudiantiles en todo el país contra una reforma a la Educación que impulsa el Gobierno en el Congreso. Para los educandos, tanto de las universidades públicas como privadas, esa iniciativa gubernamental afecta la financiación de las instituciones, resta autonomía y atenta contra la calidad de la enseñanza, al tiempo que reduce la educación a una mercancía.

Con marchas, cacerolazos, pupitrazos y besatones, entre otras iniciativas, los estudiantes se expresaron en defensa por el derecho a la Educación, jornadas que continuarán hasta tanto el Ejecutivo no retire la iniciativa.

Otro hecho que destacó en la semana fue que unos cinco mil trabajadores de la zona petrolera de Campo Rubiales, en el departamento de Meta, se declararon en asamblea permanente ante las dilaciones e incumplimientos de la multinacional Pacific Rubiales.

Los trabajadores retomaron así el paro y señalaron que no aceptarán más maniobras de distracción de la petrolera canadiense en la mesa de negociaciones.

En otro orden de temas, la Procuraduría General ordenó abrir una investigación disciplinaria contra el jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), Felipe Muñoz, en el marco de un proceso relacionado con espionaje ilegal.

La medida también afecta a otros cinco funcionarios y exdirectivos, entre los que se encuentra María del Pilar Hurtado, prófuga de la justicia y asilada en Panamá.

Según el Ministerio Público, los implicados omitieron sus funciones al no denunciar hechos relacionados con seguimientos ilegales a magistrados, políticos, opositores, periodistas y activistas de derechos humanos, entre otros.

En el plano económico, el Banco de la República decidió esta semana mantener inalterable la tasa de interés de intervención en 4,5 por ciento, ante la incertidumbre que aún predomina en el mercado económico y financiero internacional.

No obstante, el ente emisor adelantó que si la confianza internacional tiende a restablecerse y los indicadores internos mantienen su dinámica actual y sin mayor contagio externo resulta probable que la economía requiera menor estímulo monetario.
Prensa Latina

4.000 trabajadores de Pacific Rubiales vuelven a parar la producción petrolera

 La situación en Campo Rubiales está calmada y los trabajadores no tienen previsto retomar la producción. Trabajadores han intentado comunicarse con la dirección de Pacific Rubiales sin éxito. Las vías públicas de acceso al campo petrolero están cerradas desde el lugar conocido como El Oasis.
11.50 am: Sigue el paro de la producción de Pacific Rubiales. Trabajadores de Campo Rubiales, donde se concentra la mayor parte de obreros en paro, informan que su compañero detenido ya fue liberado aunque ha sido golpeado por los uniformados. También dicen que la Policía y el Ejército patrullan las vías impidiendo el movimiento de los trabajadores e intimidándolos. Dicen que ningún representante de la empresa se ha acercado para mediar.

 

 tomado: : http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article30037

 

TRABAJADORES DE PACIFIC RUBIALES EN ASAMBLEA

Los trabajadores del campo Rubiales anunciaron que iniciaran una asamblea permanente ante el incumplimiento de la petrolera, luego que se levantara el paro que los mantuvo en cese de actividades. La petrolera se comprometió a subir los sueldos, mejorar las condiciones de alojamiento y permitir el libre derecho a sindicalizarse; pues la petrolera casi que imponía un sindicato lo que dejaba a los empleados sin posibilidad de dirigir sus demandas. Los trabajadores esperan llegar a un acuerdo. 

Transportistas colombianos bloquean vías en rechazo a restricción

Transportistas de carga colombianos bloquearon hoy todas las vías de acceso a Villavicencio, departamento de Meta, en rechazo a una medida que restringe la movilidad de los camiones por el casco urbano de esa localidad.

  La administración de ese municipio restringió a partir de este jueves la circulación de los vehículos de carga pesada por la zona urbana, lo cual desató el rechazo de los transportadores.

En tanto la policía de tránsito advirtió que a esta hora se registra una aguda crisis vial en las entradas a la capital departamental.

También se informó que las autoridades municipales se encuentran reunidas para darle una solución a la situación.

Tomado.Prensa Latina

Denuncian provocaciones contra trabajadores petroleros colombianos

Bogotá, 26 oct (PL) Los conatos de violencia registrados en la zona petrolera colombiana de Campo Rubiales, departamento de Meta, obedecieron a provocaciones de la fuerza pública, según denunció hoy una fuente sindical.

  En declaraciones a Prensa Latina, el directivo de la Unión Sindical Obrera (USO) Héctor Vaca sostuvo que la policía intentó llevarse a algunos líderes gremiales, lo cual desató la reacción de algunos trabajadores para impedir los arrestos arbitrarios.

Vaca se refirió así a incidentes ocurridos ayer en dicha zona petrolera de los Llanos Orientales, donde unos cinco mil obreros se mantienen en paro por incumplimientos de la multinacional Pacific Rubiales.

El directivo sindical también confirmó que hasta hora no hay diálogo entre la compañía y los trabajadores, quienes no aceptarán más maniobras de dilación.

A su vez, ratificó el carácter pacífico de la protesta y advirtió sobre la militarización de la región por parte del Gobierno, lo cual puede acrecentar las tensiones.

Vaca también adelantó que esta mañana el Gobierno llamó a algunos líderes sindicales, por lo que se espera en el transcurso del día un pronunciamiento sobre la situación en los Campos Rubiales.

Por su parte, el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró que Pacific Rubiales no abandonará el país como advirtió la compañía en un principio, lo cual fue interpretado como una amenaza.

También dijo que el Gobierno suscribirá en las próximas horas un acta donde se pondrá fin al paro decretado desde hace varios días en el sitio.

Esto último no ha sido confirmado por el momento a Prensa Latina por fuentes independientes o sindicales.

LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS MARCHAN

Hoy nuevamente los estudiantes se disponen a marchar en defensa a la educación pública, la marcha en Bogotá se inicia con los estudiantes del SENA que se une en la Universidad Nacional hasta llegar a la plaza de Bolívar, donde se unirán con los estudiantes de los colegios distritales.

Los estudiantes esperan que el gobierno concerté la reforma y le ponga fin al paro que no beneficia a ninguno sino que por el contrario perjudica a la comunidad universitaria. Los estudiantes le recuerdan a la ministra que todos quieren estudiar por ello están empeñados en defender la educación pública. Aunque se enfrenten a la pérdida del semestre como lo anuncio el rector Wasserman, con ello se pretende  obligar a la comunidad universitaria a volver a las aulas y aceptar la reforma. 

En peligro de extinción indígenas colombianos

Según el gobierno colombiano en el país hay 87 pueblos originarios, aunque para la Organización Indígena de Colombia en realidad existen 102.

Y, según la Corte Constitucional, hay 35 pueblos indígenas en claro peligro de extinción por causa del conflicto y el desplazamiento.

Los pueblos mencionados por la Corte en los autos 004 de 2009 y 382 de 2010 son los Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa y Kuiva.

lo más lamentable es que el Estado, no busca proteger a los indígenas sino que por el contrario entrega parte de estos territorios ancestrales a las multinacionales que saquean los recursos naturales obligando el desplazamiento, que se da en la mayoría de los casos a los cascos urbanos con ello se enfrentan a la pérdida de su cultura y a vivir en zonas marginales donde no reciben ningún tipo de apoyo de los organismo gubernamentales lo que obliga a la mendicidad y a la pobreza.

hasta el momento el Estado no ha legislado acerca de esta problemática sobre el retorno o la ubicación en un territorio donde se continué no pierdan su identidad.

¡ Unidad y Movilización Contra el TLC con E-U ! Declaración de Organizaciones Campesinas de Colombia

¨POR LA DEFENSA DE  LA SOBERANÍA Y LA AUTONOMIA ALIMENTARÍA DE NUESTROS PUEBLOS, EN LA TOMA DE DESICIONES SOBRE SU TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD¨.

COMUNICADO

de las organizaciones campesinas colombianas reunidas en Duitama, los días  18, 19 y 20 de octubre de 2011, frente  al Foro sobre la economía campesina de la FAO en Roma.

Acogemos los pronunciamientos emitidos por la plataforma Vía Campesina y demás organizaciones sociales, dirigidos al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA),para que se adopten medidas y directrices efectivas sobre la tenencia de la tierra, la garantía de la soberanía de los estados y los territorios, la autonomía alimentaria y el respeto por  los derechos humanos.

Desde la visión de las organizaciones campesinas de Colombia, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en general la estrategia y   la política agraria del actual gobierno de Juan Manuel Santos, denominada “Desarrollo Rural Con enfoque Territorial, DRET”, representa una grave amenaza para el campesinado y el pueblo colombianos, ya que se enmarca dentro de las políticas neoliberales, recomendadas e impuestas por los organismos económicos multilaterales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Inter Americano de Desarrollo, al servicio de las más poderosas empresas transnacionales, que imponen en América Latina y en general en todos los llamados países del “tercer mundo” sus  políticas expansionistas de destrucción masiva de la biodiversidad, colocando en riesgo la vida en el planeta.

Consideramos por tanto que estas políticas del capital expansionista, hacen parte de una peligrosa estrategia que acompañada de la intervención militar, propende por convertir el territorio en  espacio al servicio de la fase actual del capital; la financiera – especulativa e improductiva, con resultados tan espeluznantes como lo es que la mitad de la población del planeta, se encuentre sumida en la pobreza o que en Colombia existan aproximadamente 4.1 millones de hambrientos

Lo anterior explica la oscura propuesta del gobierno Santos de desarrollar la estrategia de “Consolidación  social, económica y política en las Zonas de reserva Campesina”,estrategia que entraña una fuerte militarización del tejido social territorial, para controlarlo, romper los procesos sociales de resistencia y autonomía de las comunidades y pueblos rurales, y repoblarlos desde la lógica de servicio al modelo de la agro industria. Sacrificando de esta manera los imaginarios y cosmogonías culturales tanto de las comunidades campesinas y ancestrales, como la de los indígenas y los  afrodecendientes, colectividades que históricamente han logrado defender importantes niveles de autonomía y territorialidad a partir de sus luchas de resistencia y movilización. Dichos procesos se verán fuertemente impactados, fundamentalmente en el avance e implementación de   dos de las cinco¨locomotoras del desarrollo¨, referidas como estrategia para el campo colombiano, ellas son, la ¨Locomotora Agroindustrialización del campo¨ y la ¨Locomotora minero-energética¨ que conducirán la debacle total de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y comunidades.

Por lo tanto, en concordancia con los mandatos de la ONU sobre la protección y cumplimiento de los derechos humanos, concretamente en lo relacionado con el derecho a la vida y a la alimentación sana y suficiente para cada ser humano, reclamamos:

-              Se Garantice el respeto y la protección de la biodiversidad, las especies de fauna, flora y el conocimiento ancestral en los territorios donde están las comunidades y pueblos  rurales.

-              Se Democratice el uso y tenencia de la tierra y la eliminación de las brechas de desigualdad.

-              Se Garantice la protección de los bosques, el ambiente y del sistema hídrico nacional.

-              Se Garantice el mínimo vital de agua para cada ser humano.

-              Se Garantice y desarrollen políticas públicas de protección a las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y afro descendientes y se apoye su trabajo agrícola.

-              Se Garantice la no aplicación de tratados internacionales que vulneren y atenten contra los derechos humanos y la vida en el planeta.

-              Se Garantice el derecho que tienen los pueblos y comunidades rurales de decidir y desarrollar  sus propias políticas de desarrollo económico sostenible.

-              Que se reconozca el derecho de los pueblos y comunidades rurales a la construcción colectiva y autónoma de propuestas respecto a la soberanía alimentaria, que sean implementadas como políticas de Estado.

Al Gobierno Nacional

Las organizaciones campesinas, expresamos nuestra  firme oposición al recién aprobado PND (Plan Nacional de Desarrollo) puesto que condena al pueblo colombiano al hambre y la miseria, desconoce nuestros procesos económicos que se basan netamente en la producción agrícola para la soberanía y seguridad alimentaria, nos obliga a ser dependientes en la importación de productos y el uso de insumos y tecnologías que no son acordes al desarrollo de nuestros territorios; nos pone en una situación de desigualdad  frente a las transnacionales y grandes industrias agrícolas (resaltando que estas atentan contra la salud humana, implementando insumos agro-tóxicos en sus procesos de producción), ya que el campesinado y en general las poblaciones y comunidades rurales no podemos acceder a recursos y  subsidios que nos hagan competitivos frente a estos productos.

La reciente firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los Estados Unidos, significa la pérdida absoluta de la soberanía nacional y acarrea daños irreversibles a los procesos económicos, sociales, ambientales y culturales de los territorios.

Expresamos como organizaciones campesinas y populares, nuestro más absoluto repudio, resuelta oposición y decidida movilización en contra de dicho tratado, ya que es anticonstitucional, promueve la brecha de desigualdad y la injusta distribución de todos los recursos nacionales.

Exigimos al gobierno nacional una reglamentación digna frente al uso del subsuelo en el contexto de la explotación minería, ya que en la actual política basada en el Plan Nacional de Desarrollo, se subordina la producción agropecuaria al desarrollo minero, produciendo el desprecio y la destrucción de la economía campesina y en consecuencia agravando el desempleo, la violencia y el desplazamiento.

Exigimos coherencia por parte del Estado en la construcción de políticas públicas, en el sentido que estas se desarrollen desde las regiones, propendiendo por fortalecer las entidades territoriales, ya que en la actualidad, su escasa operatividad no permite una real organización productiva, acorde a las necesidades de los territorios rurales.

Reclamamos el fortalecimiento de la educación pública de calidad en y para el campo, que permita aproximar a las comunidades rurales hacia la academia, en virtud de procesos educativos que favorezcan un desarrollo científico y tecnológico, acorde a las necesidades del país desde un enfoque de protección ambiental y soberanía nacional.

Exigimos sea escuchado el clamor de las comunidades respecto a la necesidad urgente de una solución política negociada al conflicto social, económico y armado en Colombia.

Instamos al gobierno colombiano a atender las propuestas políticas y sociales surgidas del conjunto del movimiento campesino, como lo son el Proyecto de Ley Popular de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y el Mandato Popular Agrario, que han sido construidos por las organizaciones campesinas de Colombia, como propuesta alternativa al Plan Nacional de Desarrollo y al Proyecto de Ley de Desarrollo Rural del gobierno Santos, ya que estos últimos, vulneran la soberanía del territorio colombiano en las dimensiones alimentaria, económica, ambiental y sociopolítica, llevando al país a la triste e injustificada situación de ser importador de alimentos.

Demandamos del gobierno cese la persecución contra el movimiento campesino, sus líderes y lideresas, así como reclamamos el fin de la militarización de los territorios rurales, en razón a las inocultables y nefastas consecuencias, como lo es la consabida violación a los derechos humanos y el DIH (Derecho Internacional Humanitario) por parte de las fuerzas estatales y paramilitares jamás desmovilizadas y si por el contrario legalizadas, que han acrecentado la violencia contra el pueblo, lo cual se expresa en la aceleración del feminicidio, los montajes judiciales, las masacres y el aumento del desplazamiento forzado.

Exigimos la suspensión de las fumigaciones con glifosato e instamos al gobierno nacional a optar por la sustitución manual de los cultivos de uso ilícito pero en el contexto de una política real y eficaz de sustitución de cultivos, en razón al grave daño que se viene causando a las comunidades rurales con la consecuente destrucción y envenenamiento de los cultivos de pan coger y la catástrofe acelerada sobre la flora, la fauna y los recursos naturales.

Al Pueblo Colombiano

Nos dirigimos a la sociedad civil y al pueblo colombiano, principales consumidores de nuestros productos, para que se informen sobre los tratados de libre comercio, los cuales se firman sin concertarse con los productores del sector agrario y los consumidores, atentando contra la soberanía nacional, pues la implementación de estos tratados producirá graves efectos:

·                La importación de semillas, productos procesados y materia primas, muchas de las cuales han sufrido alteraciones genéticas causan serios daños a la salud humana.

·                En el mediano plazo las pequeñas y medianas empresas nacionales se verán afectadas, ya que se importarán insumos a más bajo precio inicialmente y luego estos subirán sus costos, dejando en la bancarrota a los productores agrarios, pequeños y medianos empresarios, quienes no podrán competir con estos precios.

·                Se impondrá de manera arbitraria supermercados de cadenas internacionales que desplazarán las tiendas de barrio y los mercados alternativos, agudizando el desempleo, reduciendo enormemente las opciones de los consumidores y obligándonos a consumir productos comprobadamente contraproducentes para la salud.

·                El actual PND (Plan Nacional de Desarrollo) promoverá un inminente éxodo campesino, ya que reducirá las posibilidades de desarrollo de las poblaciones y comunidades rurales, que en búsqueda de mejores posibilidades decidirán migrar a las pequeñas y grandes ciudades, incrementando la pobreza, el desempleo y el desplazamiento.

·                Las políticas de desarrollo minero que se pretenden implementar con el PND y   la industrialización del campo acrecentarán el proceso de destrucción ambiental.

Convocamos a los habitantes de los sectores urbanos, comunidades organizadas rurales y urbanas y en general al pueblo colombiano, a que se sumen a la lucha y movilización contra estas políticas de exterminio contra la población colombiana y sus territorios.

Convocamos a la ciudadanía a que conjuntamente construyamos espacios y tiempos a fin de socializar y escuchar los criterios de cada comunidad y a partir de allí, generar soluciones que beneficien a todos los sectores sociales y de esta manera incrementar y ampliar la lucha por la soberanía, la autonomía y el poder popular, frente a un sistema capitalista injusto, que coloca en el centro de toda acción humana al mercado y no al ser humano y sus más sentidas necesidades.

Extendemos la invitación para que construyamos y fortalezcamos procesos de unidad para la derrota de estas nefastas políticas del capitalismo mundial, que atentan contra la integridad y los derechos de todas y todos los colombianos.

¡El futuro del Campo Colombiano, DEPENDE del Pueblo Colombiano!

¡Organización, Movilización y Lucha del sector campesino, los obrerxs, estudiantes, indígenas, consumidores y todo el pueblo colombiano!

¡Organizaciones campesinas hacia el Paro Cívico Nacional 2012!

Boyacá-Colombia / Octubre 20 de 2011

Firman:

FENSUAGRO Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria.

ASODEMUC Asociación Nacional de mujeres por la paz y los derechos humanos.

ANUC UR Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción.

Fundación San Isidro.

Comisión Nacional Agraria de la Confederación Nacional Comunal.

Mesa Nacional de Unidad Agraria.

ASOTACOL Asociación de Tabacaleros de Colombia.

ASOJUNTAS Ciudad Bolívar.

APEMECAFE Asociación de Pequeños y Medianos Caficultores.

AFA – AMUC Restrepo.

Forjadores de Tuta.

SINTRAGRIM Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta.

ACVC Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra.

CICC Comité de Interlocución Campesino y Comunal.

CAHUCOPANA Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño.

FESTRACOL Federación Sindical de Trabajadores Agrarios de Colombia.

ASINTEOC Asociación Interveredal Entre Ríos: Orteguaza y Caquetá.

SINTRAGROES Sindicato Nacional de la Economía Solidaria Agropecuaria.

Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca.

CNC  Coordinadora Nacional Campesina.

FEMUCAN Federación de  mujeres Campesinas de Nariño

   Tomado: Magazín Páginas de Nuestramérica 

¿QUÉ SIGUE EN LIBIA?

Luego del vil asesinato del que fue víctima Gadafi, Libia inicia su nuevo coloniaje, con el argumento de acabar con las dictaduras se inició en Túnez lo que algunos analistas han llamado la “Primavera árabe” seguido por Egipto,  y luego Libia.

La  ONU, dio vía libre para que la OTAN en cabeza de Francia, Italia,  EEUU, Gran Bretaña penetrara territorio libio con el fin de proteger a los civiles e impedir una masacre por parte del ejército libio. Sin embargo, este argumento se desvaneció rápidamente cuando la OTAN, inició de forma premeditada y sin justificación los bombardeos en contra de civiles (tribus leales al régimen).

Ahora la OTAN anuncia su salida de Libia el 31 de octubre y CNT dice que en un plazo de 8 meses convocara a elecciones. La pregunta que surge es sí Libia está preparada para gobernar de forma independiente o empieza a pagar su deuda con los países que apoyaron la invasión, la occidentalización de África.

Por otro lado, el CNT, debe entregar al poder a un gobierno elegido, aunque no está muy claro. En primer lugar, quienes se disputaran el poder en las urnas, si un grupo de políticos que han esperado por años esta oportunidad, o una junta militar. En segundo lugar, los “rebeldes” que papel jugaran, teniendo en cuenta que hasta el momento no existe una cabeza visible; ni un proyecto político, estarán dispuestos a dejar lo conseguido hasta ahora o seguirá la guerra enfrentados por el poder. Qué pasa con las armas que la OTAN repartió a los civiles. En tercer lugar, las tribus leales a Gadafi estarán dispuestas a su rendición sin condiciones.

Resulta claro, que occidente es el primer beneficiado del petróleo al someter el recurso natural a las leyes del mercado global con la entrada de las multinacionales que desde ahora se disputan el control. El dominio que el Estado ostentaba sobre el petróleo pasa a manos de las grandes corporaciones e industriales que son las que finalmente determinaran el rumbo de país, lo que llaman democracia.

En el contexto regional, la nueva Libia no está muy interesada por la integración antes deberá empezar a reconstruir su país, por supuesto occidente ya tiene todo un ejército de contratistas expertos que están diseñado carreteras, vías y la manera más eficiente de sacar el petróleo; es de entenderse que toda reconstrucción tiene costos.

Si bien, el Gadafi de los últimos tiempos se acerco a occidente y estableció relaciones peligrosas, el papel que desempeño frente a la unidad de los países africanos en contravía de la Unión Europea y EEUU, "Queremos unas fuerzas armadas africanas que defiendan África. Queremos una moneda común. Queremos un pasaporte africano", sin que se llegara a concluir la integración de forma profunda, lo que serían los Estados Unidos de África, esta idea se desvanece frente a los intereses de occidente.

Las nuevas guerras que ha desatado occidente (OTAN), están demostrando que no hemos avanzado mucho después del imperio romano, utilizando la barbarie y el genocidio se construye el “orden” y se alimenta el imperio, con total desprecio a los Derechos Humanos.

Por Aurora Moreno: politóloga

Más de 55 Parlamentarios Británicos Declaran su Apoyo para un Proceso de Paz en Colombia

La resolución No 2276 (abajo), llamado un Early Day Motion en el parlamento, fue presentada conjuntamente por diputados de los tres partidos principales del país, del partido conservador y liberal de la coalición gobernante y del partido laborista. En la resolución los diputados toman nota de la declaración del Presidente Santos de estar interesado en una solución pacífica al conflicto y subrayan que el Reino Unido y la República de Irlanda están particularmente calificados para apoyar un proceso de paz, gracias a su experiencia de haber logrado que se pusiera fin al conflicto armado en Irlanda del norte.

La resolución se presentó por la tarde del martes 18 de octubre y al fin del día 19 ya habían firmado 56 parlamentarios representando a todos los partidos principales del país. Se anticipa que en las próximas semanas más parlamentarios se acogerán a la resolución. El rápido acogido a la propuesta es demostración del nivel de preocupación que existe en el Reino Unido por el alto nivel de violencia y de abusos a los derechos humanos existentes en Colombia. Además, demuestra la convicción de que esta situación solo se mejorara con un proceso de paz.

El presidente del grupo parlamentario ‘Amigos de Colombia’ (el cual cuenta con más de 80 miembros de la Casa de Parlamentarios y Lores) y anterior Ministro de Relaciones Exteriores, Tony Lloyd MP dijo: “El conflicto en Colombia ya ha causado suficiente dolor y sufrimiento al pueblo colombiano. Después de más de 50 años de guerra creemos que, tal como vimos en Irlanda del norte, la única manera de solucionarlo es a través del diálogo, y estamos dispuestos a poner nuestra experiencia a la disposición de un proceso de paz en Colombia.”

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article29895

Tomado:

La impunidad en los crímenes contra la UP en Colombia

Una investigación del periodista Roberto Romero sobre el genocidio de la UP, revela que solo se han resuelto 137 de 1598 casos, es decir, que el 91 por ciento sigue en la impunidad

El periodista y ex militante de la UP, Roberto Romero Ospina, quien es investigador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, encontró que las investigaciones de la mayoría de los asesinatos contra los miembros de este partido político siguen en la impunidad y la justicia tardaría unos 60 años en esclarecerlos.

De acuerdo al estudio, después de más de dos décadas la cuota de impunidad es del 91% pues desde 2007 hasta marzo de 2011, sólo se habían generado 137 sentencias de los 1598 casos, 98 de ellas a miembros de las autodefensas.

Este periodista realizó un informe llamado : "Unión Patriótica: expedientes contra el olvido", en el que hace una reconstrucción de la memoria del genocidio de la UP.

El principal elemento que revela este libro es que, por primera vez, identifica los nombres de cada una de las 1.598 víctimas de la UP registradas hasta el momento.

"El primer paso para llegar a la verdad es identificar a las víctimas", dice Romero en diálogo con VerdadAbierta.com, por esta razón dedicó un apartado completo de su obra a citar por su nombre y apellido, así como los lugares y las fechas en los que se cometieron los asesinatos y los presuntos responsables de los delitos.

“Detrás de las cifras hay seres de carne y hueso que murieron por un ideal político, no son simples números”, agrega Romero.

El informe reunió los reportes periodísticos del semanario Voz (periódico del Partido Comunista) y los archivos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH- desde 1984 hasta 1997.

Según el periodista, la persecución contra los miembros de este partido no ha terminado. A pesar de que los años más críticos fueron entre 1985 y 1989, que coincide con el auge electoral de la UP y con el cremiento del paramilitarismo, el 31 de diciembre de 2010, a pocos minutos del año nuevo, fue asesinado en Tuluá, Valle, José Lenin Mayusa, el último de una familia de militantes de la UP, de los cuales 3 hermanos fueron asesinados y sus 3 hermanas detenidas por la policía.

Las mujeres de la UP también fueron víctimas de las persecuciones. La alcaldesa encargada de Bogotá, Clara López, relata en el libro de Romero, que cuando fue candidata a la alcaldía por este movimiento en 1988, encontraba a diario a la salida de su casa grafitis amenazantes.

“La mano negra de todos los tiempos ha estado presente, aunque muchos tratan de invisibilizarla”, dijo en el libro. "Es increíble como aún muchos desconocen la existencia del genocidio a pesar de que existen todas las pruebas que relacionan al Estado, militares y autodefensas en el plan de exterminio", agregó.

Romero sostiene que la peor parte la llevan las familias que se atreven a denunciar sus casos a la Fiscalía, luego de más de 20 años, porque los siguen amenazando para silenciarlos. "Por eso es absurdo que las autoridades exijan para la publicación de este tipo de reconstrucciones históricas que las familias de las 1.598 víctimas declaren la veracidad de los hechos", afirma Romero.

El genocidio democrático

Los resultados del estudio muestran que, en las zonas en donde nació y se desarrolló el paramilitarismo, coinciden con la mayor concentración de crímenes en contra de miembros de la UP. Con el aumento de los atentados vino el descenso de las votaciones de los aspirantes a cargos públicos de la UP y el miedo generó la diáspora de sus militantes y sus simpatizantes.

“Los altos mandos hacían listas de los condenados a muerte de la UP y se jactaban de ellos” cuenta en el libro la exiliada ex presidente de la UP, Aída Abella, todo porque el partido de izquierda le disputaba el poder a los partidos tradicionales.

Con el exterminio de los militantes de la UP “murió la oposición legal y nació la oposición armada que intensificó el conflicto", dice Carlos Lozano, director de Voz. El periodista pide que hasta que no sean aclarados por la justicia los 1.600 casos no podrá darse una verdadera negociación de paz entre las guerrillas y el establecimiento.

El informe reúne también 23 perfiles de víctimas de la persecusión, historias de vida que van desde el más humilde militante como José Leonardo Martínez, campesino Tolimense acribillado en su vereda cuando salía con una mochila llena de votos durante las elecciones presidenciales en las que participo Jaime Pardo Leal, hasta el magnicidio del destacado dirigente de la UP y Secretario general de la Juventud Comunista, José Antequera, acribillado el 3 de marzo de 1989 en el Aeropuerto El Dorado a mano de un niño sicario.

La reparación a la UP

Romero Ospina, quien trabajó durante 20 años para el semanario Voz con el desaparecido Manuel Cepeda, vio morir uno a uno a sus amigos mientras se acostumbró a vivir con las amenazas.

"Nosotros trabajamos por la verdad pero no para una reparación administrativa, sino política. El Estado debería no solamente pedir perdón sino reinstituir la personería jurídica del movimiento", dice.

En este libro presenta 15 testimonios de sobrevivientes que sufrieron las consecuencias del exterminio de la Unión Patriótica y hacen un diagnóstico sobre la justicia colombiana frente al genocidio que lleva más de 25 años impune.

Aída Abella, ex presidente de la UP; Jaime Caycedo, secretario del Partido Comunista; Carlos Lozano, director del semanario Voz e Iván Cepeda, hijo del desaparecido Manuel Cepeda, evalúan la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas y los procesos que se llevan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que está en curso un juicio sobre el genocidio de los militantes de ese partido.

Iván Cepeda es escéptico frente a que se esclaresca el asesinato de su padre en la justicia colombiana, a pesar del fallo histórico que condenó al Estado por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, senador de la UP, y que obligó al mismo Ministro del Interior Germán Vargas Lleras a pedir perdón por el crimen cometido por el Ejército el 9 de agosto de 1994.

Para Cepeda, la sentencia sobre el crimen de su padre en la justicia internacional se queda como una simple condena simbólica, que no podrá replicarse en los otros 1.600 casos hasta que se modifique la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas.

Los sobrevivientes de la UP consideran que someterse a las leyes vigentes los dejaría como víctimas del conflicto armado y no como producto de una persecusión política y armada en su contra. "Se ignoraría que los asesinatos, masacres y desapariciones no se dieron en medio del conflicto sino como parte de una persecución política en la que participaron los paramilitares, el Estado, el Ejército y el DAS", dice Cepeda.

Para los protagonistas de este libro, es contradictorio que el Estado - señalado como uno de los responsables - sea el mismo en definir quién es o no una víctima que pueda participar en los procesos de reparación.

El informe que se realizó con la participación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la secretaria de Gobierno, será lanzado este martes 18 de octubre en el Museo Nacional por la Alcaldesa Clara Lopez en ocasión del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica. Además incluirá la presentación de una cronología que relata el día a día de los acontecimientos que rodearon al movimiento y su exterminio.

Tomado: tercera información

Denuncian arrestos ilegales en Chile

Santiago de Chile, 21 oct (PL) Parlamentarios de la oposición chilena presentarán una querella contra la policía de Carabineros por la detención ilegal anoche de medio centenar de estudiantes que ingresaron al excongreso nacional para exigir un plebiscito vinculante.

  El diputado del Partido de la Democracia Cristiana Gabriel Silber dijo que la fuerza policial se apartó del Estado de Derecho al arrestar a los jóvenes, los que entraron y abandonaron el edificio en forma pacífica.

A juicio asimismo del abogado y diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, la detención tuvo un carácter ilegal porque no hubo ningún tipo de desorden ni de acto violento por parte de los manifestantes.

Aunque la sede del poder legislativo chileno radica en la ciudad de Valparaíso, 120 kilómetros al noroeste de Santiago, en el referido recinto sesionan comisiones parlamentarias y el momento de la toma coincidió precisamente con un debate de una subcomisión mixta sobre el Presupuesto 2012.

La reacción ante el hecho y el compromiso de un grupo de parlamentarios de encauzar el llamado a plebiscito a través de una reforma constitucional, atizó el malestar del oficialismo.

Por parte de La Moneda, en voz del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se criticó fuertemente al presidente del Senado, Guido Girardi, por no ordenar el desalojo de la sala donde permanecían los jóvenes, acompañados de exponentes de organizaciones sociales.

Girardi, representante del Partido Por la Democracia, replicó que no iba a permitir de ningún modo que Carabineros irrumpiera en un recinto que le corresponde a la sociedad entera.

Hay una demanda del 80 por ciento de los chilenos y hay jóvenes que están a punto de perder su año escolar debido a la intransigencia del gobierno; y eso genera frustración, rabia, apuntó el titular del Senado chileno.

tomado: Prensa Latina

Marcha de estudiantes chilenos culmina con represión policial

SANTIAGO DE CHILE, 19 de octubre.— Las dos marchas estudiantiles que se realizaron hoy en Santiago para exigir una educación de calidad, pública y gratuita culminaron en medio de la represión policial ejercida por Carabineros, informó Telesur.

Cientos de miles de estudiantes volvieron a salir a las calles en Santiago y otras regiones del país, tal como lo han hecho unas 40 veces a lo largo de más de cinco meses de protestas que buscan acabar con el sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Como en la mayoría de las marchas que se han sucedido casi semanalmente desde mayo, la de hoy volvió a ser masiva y se desarrolló en su mayor parte de forma pacífica y festiva, aunque nuevamente Carabineros lanzó agua y gases contra los manifestantes.

"La lucha que hemos estado dando no es fácil. El gobierno nos ha cerrado la puerta, no quiere escuchar, no es capaz de ver la situación que vive Chile: un momento histórico para hacer cambios estructurales a la educación", dijo la líder estudiantil Camila Vallejo en su intervención en el acto público con el que se cerraron las movilizaciones.

Esta marcha tiene lugar un día después del anuncio del Gobierno chileno de interponer una querella por Ley de Seguridad del Estado para actuar con la fuerza contra quienes generen disturbios, precisa Telesur. La Ley de Seguridad del Estado obliga a los tribunales a aplicar las sanciones más duras contempladas para cada delito contra los manifestantes.

tomado: Granma

Colombia: cacerolazo y pupitrazo contra reforma a la educación

Los estudiantes colombianos realizarán hoy un "cacerolazo" y "pupitrazo" en rechazo a una reforma a la educación que promueve el Gobierno, de marcado carácter privatizador.

La inconformidad a esa iniciativa gubernamental será expresada así con golpes sobre los pupitres y utensilios de cocina, como parte de las movilizaciones estudiantiles.

Los educandos colombianos ratificaron la víspera su posición de mantener el paro hasta tanto el Gobierno no retire del Congreso el referido proyecto de reforma a la educación.

También señalaron que no se reunirán con la ministra de Educación, María Fernanda Campo, al considerar evidente la falta de voluntad de diálogo por parte de ésta, luego que los dejara plantado ayer en una audiencia pública en la Cámara de Representantes.

Por otra parte, Sergio Fernández, vocero de la Organización Colombiana de Estudiante (OCE) puntualizó que hoy no asistirán a una reunión con la titular, quien los convocó para un encuentro en su despacho, aun cuando faltó a su cita con los estudiantes.

No hay posibilidad de diálogo con el Gobierno mientras no cumplan con nuestras exigencias, reiteró el líder estudiantil, representante también del consejo académico de la Universidad Nacional. Estas son retiro del Congreso del proyecto de reforma a la educación, garantías para construir una propuesta alternativa y respeto a las libertades democráticas.

Fernández indicó que eso fue lo acordado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que reúne a todas las organizaciones estudiantiles del país, por lo que el paro continuará por tiempo indefinido.

Tomado Prensa Latina

LA ULTRA MALA EDUCACIÓN DE SANTOS Y PIÑERA

Por 

Por estos días países como Colombia y Chile han sido noticia por las multitudinarias manifestaciones de estudiantes y académicos quienes rechazan la reforma a la educación pública y exigen el derecho de todos a la educación superior. Para el caso de Colombia los estudiantes exigen la no privatización; que la educación no se convierta en lucro de la empresa privada. Chile exige gratuidad en la educación, teniendo en cuenta que el acceso a la educación es limitado y pagando altos costos.

El deterioro en  la educación pública se refleja en la baja calidad, la disminución del gasto público y  la disminución del presupuesto, el poco avance del acceso a la educación. En el caso de Colombia el analfabetismo según cifras oficiales es de 2700.000 personas que no saben leer y escribir mayores de 15 años. Para el caso de Chile el 4.2% de la población mayor de 15 años no ha tenido acceso a un centro educativo; la característica principal es que no cuentan con los medios económicos para pagar ese derecho.

Estas cifras reflejan el poco interés de los gobierno por fortalecer la educación como medio para avanzar hacia el desarrollo y la equidad social; la educación para estos países ha sido entendida como un lucro que genere ganancias y beneficios solamente para quienes pueden acceder a ella. Estas reformas a la educación se ampliaron con la implementación del modelo neoliberal, las políticas de ajuste fiscal; obligaron a retirar recursos de las políticas sociales y en especial de educación  impuestas por organismos internacionales como el Banco Mundial.

La falta de presupuesto para la educación pública no permite reconocer y responder a las diferentes necesidades nacionales y locales que además, garanticen una educación de calidad a todos, en igualdad de derechos. Esta forma de lucro en la educación ha ampliado más la brecha entre los distintos sectores de la sociedad. Sólo estudian los que cuenten con los recursos económicos y los que estén dispuestos a tramitar prestamos con altos costos. Los demás sectores de la sociedad reciben una educación mediocre, sin contar que en las zonas rurales el acceso a la educación es limitado no se cuenta con infraestructura y no existe la educación media ni superior. Lo que refleja una precarización en el empleo y los bajos niveles salariales, y es una fuente de desigualdad social.

Chile

El proceso de reforma educativa se dio luego del golpe militar en el año 1973, Pinochet abolió por completo la educación pública e implemento rápidamente el modelo neoliberal propuesto por los economistas en cabeza de Milton Friedman y Hayek, quienes plantearon que la educación debería convertirse en un espacio de negocio como otros sectores productivos.

De esta forma, el modelo educativo quedo distribuido así: la educación no universitaria está impartida por tres tipos de centros. El 48% de estudiantes se forma en centros municipales, el 43% en centros privados subvencionados y el 9% en centros privados sin subvención. Los centros municipales cuentan con una subvención del Estado que suele llegar más o menos al 45% del costo. Por lo tanto, según los recursos de los municipios que financian el otro 55% habrá una educación con más o menos calidad. Este hecho evidencia una profunda desigualdad.

Los colegios subvencionados no lo son en su totalidad. El aporte de los padres ronda entre el 50 y 55% del total de la mensualidad en un país donde el 60% de los hogares perciben el salario mínimo. Es decir, los estudiantes se educan de acuerdo al estrato social al que pertenezca. Para el caso de la educación superior, en las 60 universidades (la mayoría privadas), la situación es más crítica, porque en las universidades públicas, también los estudiantes deben pagar la mayor parte del costo. Esto hace que más del 70% de los estudiantes universitarios tengan que acudir a los créditos para financiar sus estudios. Es decir, después de terminar sus estudios los estudiantes tiene una deuda que deben empezar a pagar tengan o no empleo.

Según el movimiento estudiantil la educación es “un  bien público en el cual los resultados sociales son más importantes que los individuales” planteando “ideas sobre la base de una racionalidad valórica con imperativos morales y éticos”  y el gobierno responde sobre la idea que “la educación es un bien de consumo que tiene que ser, por tal motivo, pagado”.

Chile se caracteriza por mantener instituciones educativas para cada clase social, lo que genera una estratificación social, pues cada profesional se forma de acuerdo a su capacidad económica y no a sus conocimientos. Estos elementos sirvieron de base para que los estudiantes se plantearan un cambio de modelo. Desde hace 5 meses, los estudiantes han  manifestado su deseo de cambio, con más o menos 37 manifestaciones multitudinarias y un paro nacional que convoco a los trabajadores de diversos sectores.

Los estudiantes piden que el gobierno vuelva a administrar la educación primaria y secundaria, que se prohíba a las instituciones privadas lucrar con la educación y que se garantice en la Constitución el derecho a una educación pública y de calidad. Sin embargo, la ultraderecha no está dispuesta a ceder: en primer lugar, porque consideran que la educación debe ser un negocio. Segundo lugar; sus hijos tendrían que recibir el mismo tipo de educación que los pobres y peor aún compartir aulas de clase. Tercero porque los pobres que se educan  dejan de ser objeto de dominación.

Es de anotar que esta política educativa ha permanecido en el periodo de transición democrática a partir de los 90, sin modificar aunque en el gobierno de Bachelet se dieron tímidos avances ante las protestas estudiantiles.

Colombia

La reforma educativa en Colombia se inició en 1992, año en el que el país abría sus puertas al modelo neoliberal y la apertura económica, la educación dejó de ser un derecho para convertirse en lucro y es en este momento cuando las universidades estatales empiezan a sufrir recortes presupuestales que se reflejan en la calidad, menos ciencia e investigación y los costos que debían asumir los estudiantes.

El modelo de educación  media no es muy diferente al chileno existen básicamente 3 modalidades: la educación pública los alumnos asumen una mensualidad; la mixta, el Estado financia una parte la otra la asume el estudiante; y la educación privada las instituciones son autónomas de cobrar y recibir estudiantes. La calidad de la educación se mide de acuerdo a la capacidad de pago, sin desconocer que los colegios públicos mantienen un nivel académico aceptable, la falta de recursos y maestros  impide un mejor desarrollo. Sin embargo, este tema no se está discutiendo en la reforma.

Las políticas del gobierno se olvidan de la Constitución Nacional de 1991,  que consagró la educación como un derecho fundamental de los niños y jóvenes que debe ser asistido y garantizado por el Estado; un derecho de la persona y un servicio público con función social que se ofrecerá en forma obligatoria entre los cinco y quince años de edad, y gratuita en las instituciones del Estado[i]

La educación superior dentro del modelo neoliberal, hace parte del mercado y desde esta concepción se diseñan las políticas. La educación deja de ser un “derecho y deber de los nacionales” y se convierte en un “servicio” que puede prestarse a través de particulares bajo las reglas del mercado. Lo que plantea la reforma: el aumento de cobertura en detrimento de la calidad, y pretende aplicar una asignación de recursos con base en indicadores y metas, lo que dejara a las universidades con miserias presupuestales, se viola la autonomía y se desconocen las diferencias entre modalidades y áreas del conocimiento. Por otro lado, el modelo de empresa mixta que atrae inversionistas privados, finalmente supone la privatización[ii].

La calidad de la educación está relacionada con la reducción en la duración de las carreras y la universalización en el sistema de créditos académicos que permiten disminuir el tiempo de estudios y acelerar la producción mercantil. Sin contar que las maestrías y doctorados están dirigidos básicamente a un sector de la sociedad por sus altos costos y su forma de financiamiento.

La idea de créditos antes que beneficiar a los estudiantes más pobres o a la universidad pública está dirigido al beneficio de las entidades privadas. El Icetex otorga préstamos a los estudiantes, lo que obliga a adquirir una deuda que en la mayoría de los casos se da con instituciones privadas y los estudiantes terminan pagando altos intereses. Vale la pena resaltar que estas instituciones han aumentado y la educación que se imparte carece de calidad (universidades de garaje) la gran mayoría de estas no cuentan con la acreditación del Ministerio de Educación. Sin olvidar que el Icetex no le otorga créditos a cualquier persona, estos se otorgan mediante el estudio de crédito al igual que una corporación bancaria.

La calidad académica ha descendido la inversión en investigación, ciencia y tecnología es un servicio que las universidades públicas tienen que salir a conseguir, porque no cuentan con los instrumentos mínimos en los laboratorios, equipos, la falta de infraestructura para evitar el hacinamiento  a su vez la falta de profesores.

La reforma propone un subsidio de $630.000 por semestre para los estudiantes de los estratos I, II, esto se puede asemejar al bienestar universitario; sin tener en cuenta que necesita para el transporte, alimentación y fotocopias y su diario vivir como estudiante pobre, la pregunta que surge: ¿Cuánto debe gastar diariamente para que el presupuesto le alcance al final del semestre? Este subsidio no impide por supuesto, que un gran número de estudiantes se vean obligados a abandonar los estudios e inicie su vida laboral, la deserción no está contemplada.

En conclusión se puede decir qua la educación no ha sido un elemento clave de las políticas de Colombia y Chile; sino que por el contrario obedece a los lineamientos que le impone el FMI, y el BM especialmente, con ello las políticas sociales carecen de valor mercantil y deben desaparecer para darle paso al mercado; desconociendo por completo que con ello se avanza hacia el desarrollo y el progreso.

Resulta lamentable que en un país como Colombia se invierta más en la guerra y menos en educación solo 0.49% del PIB se destina a la educación superior, mientras un 4.8% está dirigido a fortalecer las Fuerzas Armadas y avanzar hacia la guerra. Mientras este panorama continúe la paz será cada vez más distante.

Colombia y Chile especialmente, necesitan una educación obligatoria, gratuita de calidad a sus nacionales que le permitan competir frente al mundo y no un aprendizaje mediocre que medianamente lo integre al mercado laboral, como obrero dócil, incapaz de plantear alternativas de progreso y de cambio. Dicho cambio se enfrenta a las posturas de Santos y Piñera economista y empresario; que no están dispuestos a ceder y utilizan la mala educación para dominar,  así la Constitución Política de Colombia lo exija.

Por: Jesús Sierra estudiante Universidad Nacional de Colombia

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[i] Constitución Política de Colombia, título II, artículos 44, 45 y 67.

[ii] Estos son algunos de los puntos de la reforma que tiene a los estudiantes en paro nacional, con multitudinarias marchas en ambos países con estudiantes muertos y cientos de detenidos por parte del Estado que pretende criminalizar la protesta estudiantil.