¿Graves acusaciones a Uribe convertidas en titulares santistas? Veamos. El último informe anual de Human Rights Watch sobre Colombia, contrariamente a lo que ha querido hacernos creer un importante diario, va mucho más allá de un reconocimiento a la administración Santos. Es cierto que en cuanto a su gobierno refiere que “ha repudiado públicamente las amenazas contra defensores de derechos humanos”, que ha promovido un proyecto de ley de restitución de tierras a desplazados, resarciendo a las víctimas de “abusos cometidos por agentes del estado”, y que ha expresado su respeto a la independencia del Poder Judicial. Pero, evidentemente, el informe ni comienza ni termina allí. Ni esa es su esencia, y menos su mensaje, entre muchas otras cosas que avergonzarían a cualquier nación civilizada del planeta y que nos tienen ad portas de ser vistos como país inviable, están estas denuncias de HRW que deberían servirle a la prensa colombiana, no para exaltar nada, sino para efectuar una divulgación ajustada a la verdad que, procesándola colectivamente, nos sirva de catarsis para superar la pavorosa tragedia por la que estamos atravesando.
El Informe Mundial 2011 de HRW sobre Colombia, señala entre otras monstruosidades:
“El gobierno de Álvaro Uribe se vio empañado por una sucesión de escándalos vinculados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército, un proceso de desmovilización paramilitar que fue ampliamente cuestionado y la vigilancia ilegal de defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y magistrados de la Corte Suprema.”
“La violencia ha provocado el desplazamiento interno de millones de colombianos, a un promedio de varios cientos de miles cada año.”
“Los grupos sucesores de los paramilitares ejercen el control territorial de algunas regiones La tolerancia de estos grupos sucesores por parte de miembros de las fuerzas de seguridad pública es uno de los factores decisivos que han permitido su crecimiento.”
“En el denominado escándalo de la "parapolítica", se investigó a más de 150 congresistas -la mayoría pertenecientes a la coalición del Presidente Uribe-, y al menos 20 han sido condenados. El gobierno de Uribe tomó medidas que podrían haber frustrado las investigaciones, como proferir ataques públicos y a título personal contra miembros de la Corte Suprema.”
“Colombia continúa siendo el país con el mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo.”
“Las confesiones de los líderes paramilitares en el proceso de Justicia y Paz sufrieron un retroceso cuando Uribe extraditó a la mayoría de los líderes paramilitares a Estados Unidos para que fueran juzgados por delitos de narcotráfico.”
“En los últimos años se han atribuido al Ejército una cantidad alarmante de ejecuciones extrajudiciales de civiles, incluida la ejecución de "falsos positivos", término con el cual se alude a los casos en que, ante la presión por demostrar resultados, asesinan civiles y luego informan que se trata de combatientes muertos en enfrentamientos.”
“El DAS, que depende directamente de la presidencia, durante años ha implementado prácticas como la intervención ilegal y generalizada de teléfonos y mensajes de correo electrónico, así como seguimiento de sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y magistrados de la Corte Suprema. Según versiones de ex funcionarios del DAS, esta vigilancia ilegal habría sido ordenada por funcionarios de alto rango del gobierno de Uribe.”
No obstante lo anterior, la edición impresa del pasado 23 de enero del diario referido, en destacado titular de primera página, dice textualmente: “Reconocen esfuerzos del país en tema de DD.HH.”, y su edición digital se alebresta: “HRW reconoce el esfuerzo del gobierno de Juan Manuel Santos en DD. HH.” ¡Por Dios! He aquí un ejemplo de la manipulación por parte de algunos medios, siempre en complicidad con los grandes conglomerados económicos y en ayuda de una institucionalidad erigida por ellos mismos a la medida de sus intereses.
Y en este, como en tantos otros casos, tales adaptaciones de la información han tenido éxito por una sola razón: nos ven y tratan como idiotas. Pero es que ellos saben muy bien, cómo no, que la inmensa mayoría de sus lectores no pasa de los titulares, y que si se ocupan del texto, no hay problema, el titular efectista ya hizo su trabajo.
Desde luego que esta observación no es una simple conjetura, ni una recriminación a la ligera. Acabamos de demostrarlo con la anterior trascripción fiel de algunos apartes del documento que retrata con crudeza la aberrante situación que estamos viviendo. Por ello hay que reconocer mayor honradez en otros medios que publican en concordancia con lo sustancial de la dramática denuncia. El Comercio de Quito, apunta a su médula: “Colombia, el país con mayores homicidios de sindicalistas”- y Radio Santa Fe lo interpreta con rigor crítico: “HRW condena a Colombia por crimen de sindicalistas y auge de paras y desplazamiento”. En tanto, el periódico de marras saca con pinzas del informe, para titular, unas breves alusiones al gobierno actual, en donde se dice de la “preocupación” del Presidente por estas revelaciones, mencionando algunas políticas suyas que, hay que reconocerlo, encaminadas en la dirección correcta, develan a un mismo tiempo las atrocidades acaecidas durante el régimen uribista del “todo vale”, pero convirtiendo la “preocupación” y algunas acciones del gobierno actual, en la gran conclusión del estudio.
En síntesis, con sus titulares pretendieron trocar las numerosas imputaciones a Uribe, por forzadas alabanzas a Santos.
Y esa no puede ser una interpretación trasparente. Es amañada y tramposa y exhala un cierto tufillo de desconcertante laxitud frente a la catástrofe puntualizada por Human Rights
Por Germán Uribe
Tomado: Agencia Prensa Rural
En un artículo publicado el miércoles en el diario británico The Guardian, Chomsky ha enfatizado que la doctrina estratégica de Irán es defensiva y ha sido diseñada para disuadir cualquiera invasión contra su integridad territorial.
39 millones de hectáreas, de las 114 millones que tiene Colombia, han sido concesionadas a empresas mineras. Esta situación no tendrá retroceso con la Ley de Víctimas, pues las empresas mineras y de agrocombustibles están blindadas por el “derecho a la superficie” y el “contrato de uso”, para futuros pleitos jurídicos, en detrimento lógico a todo proceso de entrega de tierras usurpadas por éstas y el paramilitarismo.