jueves, 27 de septiembre de 2012

Las Farc y el ELN hacen un pronunciamiento conjunto sobre la actual coyuntura


Comandantes del Ejército de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se reunieron en el presente mes de septiembre para analizar la actual situación del capitalismo mundial, hacer una caracterización del régimen colombiano y pronunciarse sobre la paz sobre la cual plantean que no puede ser bajo a rendición y entrega de la guerrilla, a la vez que rechazan el Marco Jurídico para la Paz.
Debido a la importancia histórica de dicho encuentro, reproducimos a continuación íntegramente el comunicado de las dos organizaciones insurgentes:
DECLARACIÓN POLÍTICA
FARC –EP / ELN
Septiembre de 2012
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), inspirados en los más profundos sentimientos de hermandad, solidaridad y camaradería, con optimismo y elevada moral de combate, estrechados en un fuerte abrazo de esperanza en el cambio revolucionario, nos hemos reunido para analizar la situación política nacional e internacional, los problemas de la guerra y de la paz en Colombia y avanzar en el proceso de unidad que desde el año 2009 venimos forjando paso a paso, con el propósito de hacer converger ideas y acciones que permitan enfrentar junto al pueblo a la oligarquía y al imperialismo como elementos que imponen la explotación y la miseria en nuestra patria.
Indoblegable determinación nuestra, es continuar la búsqueda de una paz que para Colombia y el continente signifiquen el establecimiento de la verdadera democracia, la soberanía popular, la justicia social y la libertad.
Realizamos esta reunión, en momentos en que se desarrolla la más profunda crisis del sistema capitalista mundial, caracterizada por una desaforada carrera de guerras de invasión, saqueo y sobreexplotación de los recursos de la naturaleza, precarización de las condiciones de trabajo, que condenan al hambre y la muerte a millones de seres humanos en un planeta conducido por la voracidad del imperialismo, hacia el caos y la destrucción.
En nuestra patria las calamidades generadas por este sistema de inhumana sobre-explotación y exclusión de las pobrerías, ha escalado la desigualdad y profundizado la confrontación de clases en dimensiones nunca antes vistas, las cuales derivan directamente de la aplicación sostenida y desbocada de políticas neoliberales que favorecen a los grandes grupos financieros y grandes corporaciones transnacionales, en detrimento de las mayorías nacionales.
Dentro del panorama internacional de crisis sistémica del capital, que muestra sus rostros múltiples de debacle financiera, económica, ambiental, urbanística, energética, militar, política, institucional, moral y cultural, Colombia se configura como un país de economía reprimarizada y financiarizada.
A esa condición la han llevado los detentadores del poder, para permitir el saqueo que significa la extracción desaforada, el robo de sus recursos naturales y la especulación financiera. Millones de compatriotas han sido lanzados a la miseria y la guerra, impuesta por las élites para acallar la inconformidad de las mayorías frente a esta iniquidad.
El gobierno de Juan Manuel Santos fue instaurado para garantizar la continuidad de los planes de desposesión por despojo que sobre el pueblo colombiano impone el imperialismo. Una nueva espacialidad del Capital acompañada de ordenamientos jurídicos y disposiciones militaristas de seguridad y defensa inmersas en la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional y terrorismo de Estado, se afianza en nuestro país para blindar los "derechos" del capital, el bienestar de los ricos a costa de los trabajadores y del pueblo más humilde. Dentro de esa perspectiva se define la nueva etapa de despojo de tierras que hoy se disfraza con el falso nombre de restitución. En la práctica, a los millones de desplazados y víctimas de las sucesivas etapas de despojo violento auspiciadas por el Estado, se suman ahora nuevas legiones de campesinos, indígenas, y gente sencilla en general, a los que se les arrebatará o se les niega ya la tierra mediante procedimientos de engañosa legalidad, engrosándose aún más las cifras de pobreza y de indigencia que colocan a Colombia en el rango del tercer país más desigual del mundo.
Es este el sentido cruel de la seguridad inversionista y de la prosperidad que difunde el presidente Juan Manuel Santos, mientras se sigue encarcelando, asesinando y reprimiendo a sus opositores.
Frente a esta realidad no puede haber otro camino para los revolucionarios que la unidad y la lucha, la acción de masas en las calles, el levantamiento popular en el campo y las ciudades, retando la criminalización de la protesta y exigiendo al gobierno reales hechos de paz, que no pueden ser otra cosa que hechos de solución a los problemas sociales y políticos que padecen las mayorías por cuenta del terrorismo Estado de la casta gobernante cuyas tendencias más guerreristas han conducido los destinos del país durante la última década.
No es con demagogia y amenazas de represión y más guerra que se pondrá fin al conflicto. No es con más compra de material bélico ni entregando el país al pentágono que se alcanzará la paz; no es con planes guerreristas y de tierra arrasada, como el "Plan Patriota" o el "Espada de Honor" como se logrará la reconciliación de los colombianos. Mucho menos dando ultimátums a la insurgencia a partir de la idea vana de que la paz sería el producto de una quimérica victoria militar del régimen, que lleve de rodillas a la insurgencia, rendida y desmovilizada, ante ese adefesio llamado marco jurídico para la paz.
Nuestra voluntad de paz radica en el convencimiento de que el destino de Colombia no puede depender de los intereses ruines de la oligarquía. Los cambios políticos y sociales con la participación y decisión plenos del pueblo son una necesidad y un requerimiento inevitable. Por ello la unidad y la movilización del pueblo en favor de los cambios estructurales para, sobre la base de la justicia, construir la paz, son la verdadera llave de su conquista.
Con pasos firmes de unidad en el pensamiento y en la acción, fraternalmente,
COMANDO CENTRAL, ELN.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL, FARC-EP.
Montañas de Colombia, septiembre de 2012
Tomado: Prensa Rural

Los paramilitares fueron promovidos por el ejército


“Resulta evidente que al interior de las Fuerzas Militares existía la convicción plena de que la guerra contra la subversión no era exclusiva del Gobierno nacional y por consiguiente debía procurarse el apoyo de amplios sectores de la población civil”, se lee en un documento preparado por fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.
El texto hace parte del escrito presentado en Medellín ante un magistrado de control de garantías durante la audiencia de formulación de cargos contra el ex jefe paramilitar Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, ex integrante de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y a quien responsabilizaron de 43 hechos delictivos, entre ellos concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito.
Los fiscales se refirieron a los manuales de inteligencia del Ejército al reconstruir las acciones militares, sociales y políticas de esta organización armada ilegal. De ahí que se preguntaran cómo habían surgido las primeras autodefensas en el país, particularmente en el Magdalena Medio, y en qué medida el Ejército contribuyó a su formación y consolidación.
Citando múltiples documentos, que dan cuenta de una detallada labor investigativa, los fiscales establecieron que las nuevas agrupaciones de autodefensa, particularmente en el Magdalena Medio, “se conformaron para realizar operaciones de ataque contra los grupos subversivos y sus supuestos o reales integrantes, obtuvieron armas de uso privativo de las fuerzas militares, recibieron instrucción militar especializada, realizaron patrullajes conjuntos con las fuerzas estatales, consolidaron una organización política, militar y financiera, y se extendieron prontamente a otros municipios de la región, llegando a acumular gran poder y control en su zona de injerencia”.
La situación en el Magdalena Medio no era fácil. Desde finales de la década del setenta, la guerrilla de las Farc comenzó a consolidar su presencia en la región. Como respuesta, el gobierno activó la Brigada XIV del Ejército el 3 de abril de 1983, inicialmente en Cimitarra y luego en Puerto Berrío, así como la ubicación del Batallón Bomboná en este municipio, el Bárbula en Puerto Boyacá, el Rafael Reyes en Cimitarra y el Luciano D´elhuyer en San Vicente de Chucurí.
“Esa ecuación -atropellos de la guerrilla, abandono del Estado y presencia militar, aunada a una deficiente instrumentación legal-, generó las condiciones adecuadas para un nuevo y más grave fenómeno de violencia en la región del Magdalena Medio: la violencia paramilitar contrainsurgente, que se expandió por todo el país como “El modelo Puerto Boyacá””, aseguran los fiscales en el documento.
Los investigadores que adelantaron la reconstrucción de lo ocurrido en el Magdalena Medio en relación con el surgimiento de las fuerzas contrainsurgentes en los comienzos de la década del ochenta, y que luego derivaron en poderosos grupos paramilitares durante la década del noventa, dejaron claro que “la alianza siniestra entre unidades militares y grupos paramilitares no se habría producido en forma abierta de no haber mediado una reglamentación jurídica permisiva”.
Esa reglamentación jurídica referida por los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz estaba consignada en el Decreto 3398 de 1965, cuyas disposiciones se convirtieron en legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968. Ambas normas autorizaban al Gobierno nacional a utilizar a la población civil “en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad” y se facultaba al Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, para "amparar, cuando lo estime conveniente, armas que estén consideradas como de uso privativo de las fuerzas armadas”.
La investigación de los fiscales de Justicia y Paz dejó en claro que “bajo el auspicio de unidades militares adscritas a la Brigada XIV del Ejército y amparados por una ambigua legislación, se constituyeron nuevos grupos conformados por particulares o civiles, a quienes se facilitó el acceso a armas de uso privativo de las fuerzas militares”.
De acuerdo con los fiscales, tales disposiciones eran el reflejo de la convicción que existía en las Fuerzas Militares de que la guerra contra la subversión “no era exclusiva del Gobierno nacional y por consiguiente debía procurarse el apoyo de amplios sectores de la población civil, por lo cual la estrategia de promover y armar “grupos” o “juntas” de autodefensa -destinadas a efectuar operaciones de tipo militar contra las organizaciones guerrilleras-, era completamente válida”, dicen los fiscales.
Para darle mayor peso a su decisión de involucrar población civil en la guerra contrainsurgente, el Comando General de las Fuerzas Militares produjo varias reglamentaciones, complementarias a las disposiciones de la Ley 48 de 1968, en las que quedó clara esa iniciativa.
La primera de las reglamentaciones fue aprobada por Disposición No. 005 del 5 de abril de 1969 y se trató del REGLAMENTO DE COMBATE DE CONTRAGUERRILLAS EJC-3-10. En este documento, el Comando del Ejército definió la guerra de contrainsurgencia, llamada también contra-revolucionaria o anti-subversiva, como la que libra el Gobierno “apoyado por una gran porción de la población civil de un país empleando acciones de tipo político, económico, sicológico, sociológico, militar y paramilitar contra las fuerzas insurgentes para prevenir o eliminar el proceso revolucionario y garantizar que no vuelva a presentarse”. Además, ordenó “organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate”.
Esa visión de la guerra contra-insurgente fue continuada en el documento conocido como INSTRUCCIONES GENERALES PARA OPERACIONES DE CONTRAGUERRILLAS, expedido en 1979, y en el cual se hace hincapié en la necesidad de organizar “grupos de autodefensa a nivel caserío y veredas con el fin de que los habitantes del área contribuyan en forma activa en la lucha (antisubversiva)”.
Todo ello fue reiterado en el Manual de COMBATE CONTRA BANDOLEROS O GUERRILLEROS EJC-3-101, aprobado por Disposición 014 del 25 de junio de 1982. Este documento, firmado por el Comandante y el Director de Instrucción y Entrenamiento del Ejército, estableció que a las juntas de autodefensa hay que “organizarlas, instruirlas y apoyarlas” y precisó que “debe ser un objetivo permanente de las Fuerzas militares donde la población es leal y se manifiesta agresiva y decidida contra el enemigo”.
Las funciones de las llamadas “juntas de autodefensa” fueron delimitadas en ese manual: “proporcionan información. Niegan áreas al enemigo. Suministran guías para las operaciones militares. Patrullan sus propias zonas. Suministran apoyo logístico a las patrullas. Cumplen misiones de inteligencia y contrainteligencia. Transportan abastecimientos a tropas distantes. Hacen evacuaciones y asesoran un planeamiento con su conocimiento del área, su conocimiento del enemigo y su malicia indígena”.
Y tales funciones eran retribuidas por el Ejército: “Su colaboración y esfuerzos se retribuyen con municiones para revólver y escopeta, dinamita, salvoconductos, patrullaje militar esporádico de protección en sus regiones, drogas, un mejor trato, entusiasmo y aceptación a sus iniciativas”.
Por último, el REGLAMENTO DE COMBATE DE CONTRAGUERRILLAS, EJC-3-10 de 1987, creado mediante Resolución 036 de 1987 que fue implementado por el general Oscar Botero Restrepo, quien llegó a ser Ministro de Defensa, y por su ayudante, Luis Alfonso Plazas Vega, condenado por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos de personas que salieron con vida luego de la sangrienta toma guerrillera del Palacio de Justicia en 1985, insiste en la tarea militar de fomentar la vinculación de la población civil e insiste en que debe garantizarse a sí misma protección y participar en diferentes actividades de la guerra contrainsurgente.
Casi 20 años después, varias de las disposiciones de la Ley 48 de 1968 fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia. La decisión está contenida en la Sentencia del 25 de mayo de 1989 de la Sala Constitucional y en ella se advierte que algunas normas vulneraban “el principio superior del monopolio de las armas de guerra en cabeza del Estado” y, además, se prestaban a equívocos: “la interpretación de estas normas ha llevado la confusión a algunos sectores de la opinión pública que pretenden que ellas puedan ser aprovechadas como una autorización legal para organizar grupos civiles armados”.
Siguiendo la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Virgilio Barco Vargas, mediante Decreto 815 de 1989, suspendió la vigencia de las citadas disposiciones ante la violencia generalizada que habían ocasionada la acción de grupos armados ya identificados como paramilitares, cuyo cantidad Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones extrajudiciales y Tortura en Colombia estimaron entre 130 y 153 en todo el país.
Al hacer una evaluación de las normas y de las reglamentaciones que estuvieron vigentes hasta 1989, los fiscales conceptuaron que “la lucha antisubversiva no sólo se dinamizó, pues se incorporó un nuevo actor al conflicto interno -al promoverse la participación de civiles en la lucha contra el comunismo, apoyados y organizados por sectores de las fuerzas militares-; sino que se degradó, al atacarse las denominadas “estructuras políticas y sociales” del enemigo, considerándose “objetivos militares” tanto a los combatientes de los grupos guerrilleros como a quienes se tildaba de auxiliadores, simpatizantes, líderes sindicales y hasta a políticos opositores al gobierno (enemigo interno)”.
Ante el acopio de documentos y testimonios, los fiscales y sus equipos de trabajo en la Unidad de Justicia y Paz que adelantaron la reconstrucción de las autodefensas del Magdalena Medio y, particularmente, de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, concluyeron que “a la luz de los acontecimientos posteriores, es claro que de no haber mediado esa ‘Doctrina de la Seguridad Nacional’ y su estrategia de ‘quitarle el agua al pez’ inculcadas durante la ‘Guerra Fría’ por los militares estadounidenses de la Escuela de Las Américas -y evidentemente aplicadas por los militares colombianos-, el conflicto en Colombia no habría alcanzado semejantes niveles de degradación”.
Por: Verdad Abierta
Tomado: Prensa Rural

Marcha nacional en Chile en defensa de educación pública


Santiago de Chile, 27 sep (PL) Miles de estudiantes, profesores y representantes de otros sectores sociales marcharán hoy a lo largo de la geografía chilena, en reclamo de una educación pública, gratuita y de calidad.

  Para la manifestación de este jueves unieron sus fuerzas importantes organizaciones juveniles, a pocos días de que venza el plazo para que el Gobierno presente al Congreso su propuesta de presupuesto del Estado para 2013, que según varios líderes estudiantiles, provocará el cierre de una cadena de colegios públicos.

La marcha fue convocada por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, las cuales recibieron el apoyo de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y otras agrupaciones sociales.

Previo a la movilización, el presidente de la Confech, Gabriel Boric, expresó esperanzas de que esta vez los estudiantes sean considerados en el debate por la Ley de Presupuesto, y que el Gobierno tenga "la decencia" de dialogar con ellos antes de enviar el proyecto al Parlamento.

"Como movimiento estudiantil tenemos mucho que decir al respecto y, por lo tanto, esperamos ser considerados en este debate. Nosotros tenemos una actitud propositiva, pero nos parecería inaceptable ser ignorados puesto que hemos sido quienes hemos puesto ese tema sobre la mesa", afirmó Boric en entrevista con radio Cooperativa.

Otro directivo de la Confech, Noam Titelman, consideró que si realmente se pretende tener un sistema educacional más justo, más igualitario, y que permita realmente el progreso social y económico en el país, es necesario que exista de una vez y por todas un verdadero presupuesto para una educación pública.

De acuerdo con el dirigente, todos los que se sientan interpelados a cambiar de fondo el sistema deben salir a las calles "a manifestarle a nuestro gobierno que la ciudadanía está aquí y que nos quedaremos mientras se mantenga la injusticia de este sistema".

El también presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile recordó que en el país solo 40 por ciento de matrículas son de colegios públicos, de manera que si no hay una inyección importante de recursos en el presupuesto, lo más probable es que descienda a 30 por ciento.

La marcha nacional y la discusión del presupuesto, consideró Titelman, se realizan en un momento complejo, "porque sabemos que hay muchos liceos de educación pública que están por ser cerrados, y si no han sido cerrados aún es porque es una medida tremendamente impopular, y todos sabemos que se acercan elecciones municipales", señaló el dirigente.

El vocero de la Cones, Cristofer Sarabia, aseguró que las marchas se realizarán desde la Región de Magallanes en el extremo sur, hasta Arica y Parinacota, en el norte, y responsabilizó a los políticos del daño a la educación.

"El único presupuesto con el que estaríamos contentos es con aquel que solvente una educación pública integral y podamos dejar de sentir vergüenza al decir que somos uno de los países con la educación más segregada del mundo, porque lo decimos con vergüenza", expresó el líder estudiantil.
Tomado: Prensa Latina

Jóvenes paraguayos acuden a firmar negativa a servicio militar


Asunción, 27 sep (PL) Numerosos jóvenes paraguayos, en el marco de la Semana Antimilitarista, acuden a firmar su objeción de conciencia que expresa la negativa a participar en el actual servicio militar del país.

  Una carpa colocada en la Plaza de la Democracia, en zona céntrica de esta capital, será la receptora de las solicitudes en el marco de la Semana Antimilitarista que se desarrolla aquí.

El evento fue organizado por el Servicio Paz y Justicia de Paraguay y lo apoyan distintas organizaciones sociales y no gubernamentales de la nación guaraní.

La vigente planilla de Objeción de Conciencia constituye, en realidad, una forma legal de protesta contra las características y funcionamiento actuales de la institución castrense y específicamente del Servicio Militar Obligatorio.

La Semana Antimilitarista transcurre con toda una serie de actividades en plazas y locales de esta capital, incluyendo expresiones artísticas y educacionales sobre el tema y las aspiraciones de los sectores populares en relación a la entidad militar.

Una galería titulada Memoria y Resistencia se refiere en forma gráfica y audiovisual a la interrupción del proceso democrático en Paraguay ocurrida en junio pasado con el juicio político al presidente constitucional, Fernando Lugo, el cual fue destituido del cargo.

Charlas, conferencias, deliberaciones sobre la situación actual del país y un taller denominado Militarismo y Servicio Militar Obligatorio forman parte también del amplio programa de la Semana.
Tomado: Prensa Latina

miércoles, 26 de septiembre de 2012

Condenado a 60 años de cárcel el teniente Muñoz por violación y asesinato de 3 niños en Arauca


La juez 27 penal de Bogotá, con funciones de conocimiento, dictó condena de 60 años a Raúl Muñoz, quien está preso en la cárcel La Picota de Bogotá, luego de ser hallado responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo en Caño Temblador, zona rural de Tame.
La jueza también compulsó copias para que se investigue a un general y a un coronel por su presunta responsabilidad al omitir la información al inicio de la investigación. También inhabilitó por 20 años al teniente Raúl Muñoz.
Las víctimas fueron: Jimmy Ferney Torres Jaimes (9 años), Jeferson Geovany Torres Jaimes (6 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (14 años).
Así mismo, señaló en la audiencia que tras examinar los elementos controvertidos durante el juicio, se llegó a la convicción de la responsabilidad de Muñoz en los hechos que le fueron imputados.
“Muñoz no dejo armas en la escena del crimen, actuó solo y busco a las victimas. Se encontró una relación biológica hallada en las muestras de ADN, el acusado estaba ligado y dominaba el área donde sucedieron los hechos, evadió su labor y concuerda con que los niños fueron vistos la única vez con vida”. Dijo la Juez.
El fiscal 51 de Derechos Humanos, Víctor Julio Lozano, había solicitado al juzgado condenar al militar a 60 años de prisión, la máxima pena establecida en el país, señalando que "Muñoz, valiéndose de su autoridad y rango militar, montó un observatorio el 2 de octubre para espiar a la niña, mas no a la guerrilla. Se aseguró de que su padre no iba a estar, para cometer el delito".
El fiscal recordó que la descripción que hizo otra menor, que fue violada por un hombre vestido de camuflado, con binóculos en su pecho y con problemas de pronunciación, coincide con Muñoz. Los investigadores del caso han calificado al teniente como un "depredador sexual".
Las pruebas
"La Fiscalía logró demostrar su tesis y aunque las pruebas no son abundantes, sí son sólidas y contundentes", señaló la juez 27 penal.
Según el sentido del fallo condenatorio, el testimonio de una niña de 13 años, violada 12 días antes también por el teniente Muñoz, fue clave en la decisión. La menor, quien identificó al militar por un problema de pronunciación de la erre, relató que el 2 de octubre del 2010 Muñoz la agarró por el cuello y la llevó al monte, en donde abusó de ella.
Esta versión fue calificada por la juez de "sólida y que no es producto de la fantasía". "No queda duda de que fue Raúl Muñoz y no otro el que abusó de la menor el 2 de octubre del 2010", agregó la juez.
La funcionaria judicial también tuvo en cuenta los conceptos de los peritos de Medicina Legal, que confirmaron la violación de la niña de 14 años. De acuerdo con los análisis forenses, el militar dio positivo en las pruebas de sangre realizadas a su uniforme, cuyo ADN fue encontrado en la segunda víctima.
Incluso, los compañeros del uniformado terminaron inculpándolo. Ellos relataron que Muñoz se ausentó del campamento en las horas en las que se cometieron los delitos. Los militares recordaron en el juicio que el subteniente salió con un machete que nunca apareció.
"Las víctimas estaban indefensas y fueron atacadas por la espalda con golpes en la cabeza (...); las heridas coincidían con un machete como el que tenía el acusado, y él volvió al campamento mojado, agitado y buscando donde bañarse", argumentó la juez, quien concluyó que el militar hizo inteligencia a las víctimas, se aseguró de que los niños estuvieran solos y procedió a atacarlos con dolo y total conciencia de sus actos.
De otro lado, la juez puso en duda la credibilidad de los testigos de la defensa y sostuvo que al menos dos de ellos no eran guerrilleros cuando se registraron los hechos. Tampoco dio crédito a la tesis de la defensa según la cual todo era un montaje de la guerrilla.
Además, en el cuerpo del militar se hallaron 24 cicatrices en sus brazos, muñecas, manos y el pecho.
Los informes forenses atribuyen esas excoriaciones a uñas humanas, que solo se explican por los intentos de los niños por librarse de su agresor. A esto se agrega que las muestras de semen tomadas al oficial coinciden con las encontradas en las prendas y en los genitales de la niña asesinada.
"Es 554 trillones de veces más probable que los espermatozoides detectados provengan de Raúl Muñoz", dice la Procuraduría. La hora de las muertes, según el examen forense, coincide con el lapso en el que Muñoz se ausentó de su unidad sin explicación, el 14 de octubre del 2010.
Durante lo largo del juicio el Ministerio Público acusó disciplinariamente a Muñoz por el caso y confirmó que, con base en el las huellas encontradas en los cuerpos de las víctimas -una niña de 14 años y sus dos hermanos, de 9 y 6-, el militar "actuó con un alto grado de violencia e incluso con sevicia".
Tomado: Agencia Prensa Rural

"Santos y Generales anuncian pronta baja de 3 miembros del Secretariado ¿El diálogo es entonces para firmar la rendición?": Timoleón Jiménez


El comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, filtró anoche en twitter, hacia las 8:32 p.m. información que compartiría el presidente Santos y la cúpula militar, referida a la inminente baja de otros tres miembros del secretariado de las FARC, el comité ejecutivo de la guerrilla colombiana.
"Santos y generales anuncian pronta baja de 3 miembros del Secretariado. ¿El diálogo es entonces para firmar la rendición? Ayayay." Trinó Jiménez, denunciando la eventual operación militar.
Después, en un mismo minuto, pero hoy 25 de septiembre a las 6:26 p.m. Jiménez trinó tres veces: "Conversaremos no por miedo a la muerte, como aseguran en las alturas. Sino por amor a la vida. Por cambios, justicia y patria para todos...Confían en repetir otra vez la ejecución de Alfonso Cano. Invitan a dialogar mientras planean el golpe definitivo. Así han sido siempre...La historia universal de la infamia no ha terminado de escribirse. Santos sigue orondo la tradición criminal de todas las oligarquías".
Los trinos de Timoleón Jiménez confirman la dinámica de lo que serán los primeros meses de conversaciones de paz, una escalada militar de parte y parte que ya empezó y que buscaría fortalecer los dos puntos de partida con los que el gobierno y la guerrilla llegan a la mesa:
1. El gobierno y la cúpula militar pensando que las FARC están lo suficientemente debilitadas y desgastadas como para aceptar una negociación a cambio de la vida de los comandantes guerrilleros y algunas dádivas, jurídicas, políticas y territoriales.
2. Las FARC pensando que se mantienen invencibles militarmente y que algunos sectores de la oligarquía estarían dispuestos a aceptar un nivel de transformaciones políticas, sociales y económicas, aceptables para la guerrilla.
Además de los puntos y enfoques de partida diferentes, por su puesto, la misma agenda y su orden plantean enormes desafíos para las partes. La pretensión de resolver el primer punto de la agenda referido a las cuestiones agraria, territorial y de desarrollo rural, sin que por ningún lado de los acuerdos temáticos de partida aparezca la cuestión del modelo económico y la política minero-energética gubernamental, requerirán, sin duda, de un enorme esfuerzo en los aspectos programáticos, metodológicos e incluso de facilitación.
Por ahora, en los prolegómenos de las convesaciones que se instalarán en Oslo, lo que veremos cotidianamente es el recrudecimiento de la guerra y su impacto dramático en la vida de los pobladores rurales, las organizaciones sociales y los combatientes.
La siguiente es la relación de los trinos de Timoleón Jiménez, desde el 5 de Septiembre hasta hoy en https://twitter.com/timochenko_farc:

25 de septiembre
Toda la gran prensa aplaude la estrategia traicionera de los criminales en el poder. Odia e ignora todo lo que proviene de sus víctimas. Abrir
28m Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
Por semejante brutalidad es que planteamos e insistimos en una solución distinta. La oligarquía sólo entiende de matar e intimidar.
28m Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
La mano firme de la oligarquía produjo 5 millones de desplazados, 50.000 desaparecidos, 200.000 asesinados en los últimos 20 años.
28m Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
Conversaremos no por miedo a la muerte, como aseguran en las alturas. Sino por amor a la vida. Por cambios, justicia y patria para todos.
28m Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
Confían en repetir otra vez la ejecución de Alfonso Cano. Invitan a dialogar mientras planean el golpe definitivo. Así han sido siempre. Abrir
29m Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
La historia universal de la infamia no ha terminado de escribirse. Santos sigue orondo la tradición criminal de todas las oligarquías. Abrir
22h Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
Santos y generales anuncian pronta baja de 3 miembros del Secretariado. ¿El diálogo es entonces para firmar la rendición? Ayayay.
22h Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
Los diálogos por la paz tendrán éxito sólo con la participación y reconocimiento de las grandes mayorías. Su agenda debe estar en la Mesa.
22h Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
Cuántas victimas por la inmoral pluma de José Obdulio y hasta ahora se escandalizan. ¿En virtud de qué garantías, libertades y valores?
21 sep Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
En cambio cuando calumnió a Sergio Jaramillo, sí violó la libertad de prensa y mereció condena. La doble moral de siempre.
21 sep Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
Calumniar al Polo, al PC, la ACVC, a MP, a Piedad, a las FARC y al movimiento popular le ganaba todos los aplausos a José Obdulio Gaviria.
18 sep Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
Instituciones democraticas: la misma triple alianza de la reforma judicial se a presta a reelegir al arbitrario procurador. ¿hasta cuando?
15 sep Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
La paz de Santos, bien para los ricos: bombas, metralla, capturas en masa, persecuciones, amenazas, hambre y crímenes contra los de abajo.
15 sep Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
Desde 1964 se traen una ofensiva tras otra. También hoy creen lograr en 6 meses lo que no pudieron ni en los últimos 10 ni en 48 años.
12 sep Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
Según Santos habrá pronta paz. Muy rápido terminará el terror de Estado, democratizará el país y acabará con la pobreza y la impunidad.
12 sep Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
¡Qué pena Diana Calderón! No es cierta la chiva sobre Carlos Antonio y Pablo en la Mesa de Conversaciones. Anote ahí a Rubén Zamora.
5 sep Timoleon Jimenez Timoleon Jimenez ‏@timochenko_farc
Colombia entera decidirá entre la paz con justicia social que planteamos y la guerra infinita decretada ayer por Santos. Venceremos.
— -
Por: César Jerez 
Tomado. Prensarural

martes, 25 de septiembre de 2012

Informe desclasificado del Pentágono afirma que Alvaro Uribe trabajó para el cártel de Medellín


En septiembre de 1991 el departamento estadounidense de defensa compiló una lista de individuos que creída estaban asociados con el conocido cartel colombiano de la droga de Medellín. Hay más de 100 nombres en el recientemente desclasificado documento de inteligencia, allí se puede ver quiénes están señalados de ser criminales, asesinos, traficantes de nivel medio y abogados corruptos. El cruel jefe del cartel, Pablo Escobar, era el principal en la lista, claro, junto con el antiguo dictador panameño General Manuel Antonio Noriega. Pero lo que verdaderamente llama la atención es el ítem No. 82 que dice: "Alvaro Uribe político colombiano y senador dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno. Uribe se vinculó a un negocio involucrado en las actividades de los narcóticos en los Estados Unidos.... Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y ha sido un amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria".
El retrato que el informe del Pentágono hace de Uribe no se corresponde con su imagen actual de aliado principal de Washington en la guerra de las drogas en América del Sur que financia los EE.UU. Pero por esos días, Uribe estaba entre las docenas de políticos colombianos que abiertamente se opusieron a la extradición de sus compatriotas traficantes de droga. Uribe ha cambiado subsecuentemente su punto de vista y, de hecho, su gobierno ha enviado numerosos narcotraficantes a los Estados Unidos desde que él tomó el poder.
El informe lo obtuvo el Archivo de Seguridad Nacional, un grupo no gubernamental de investigación con sede en Washington. La identidad del autor del documento fue borrada por la censura del Pentágono. Las detalladas descripciones de los socios del cartel de Medellín sugieren que los datos vinieron de contadores oficiales de los narcotraficantes colombianos o americanos, y el texto declara al principio que el informe "remite perfiles de los narco-terroristas más importantes contratados por los carteles de la droga colombianos". La estampilla dice CONFIDENCIAL NOFORN WNINTEL que significa que sus contenidos no deben compartirse con personas ajenas. El embajador americano en Colombia en 1991, Morris Busby, no recuerda el documento, y los esfuerzos por localizar al funcionario de enlace de Agencia de la Inteligencia de la Defensa americana en Bogotá en 1991, el Coronel retirado James S. Roche J r., no han obtenido respuesta. En una declaración escritoade dos páginas, la oficina del presidente colombiano negó que Uribe tuviera relaciones con cualquier tipo de negocio en los Estados Unidos como afirma el informe de 1991. Pero la declaración no habla de la afirmación de que Uribe haya trabajado para el cartel de Medellín y haya sido un amigo íntimo de Escobar quien fue muerto en una redada de la policía en 1993.
Traducción ARLAC
Por. Newsweek
Tomado. Prensa Rural

Presidente Obama anuncia que fuerzas norteamericanas estarán en Libia y Yemen mientras sea necesario


Obama informó al respecto al Congreso en una carta fechada hoy y dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, y al presidente pro témpore del Senado, el demócrata Daniel K. Inouye.
“Aunque las fuerzas de seguridad están equipadas para el combate, estos movimientos se han llevado a cabo con el único propósito de proteger a los ciudadanos y propiedades estadounidenses”, indicó Obama en la carta.
Esas fuerzas “se mantendrán en Libia y Yemen hasta que la situación de seguridad sea tal que ya no sean necesarias”, agregó el presidente.
Además, Obama afirmó que ordenó ese despliegue con base en su “responsabilidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses en el país y en el extranjero”.
Los ataques contra misiones diplomáticas de EE.UU. en países árabes comenzaron en Egipto y Libia el martes, en coincidencia con el undécimo aniversario de los atentados del 11-S, y se han extendido a otras naciones de la región.
En Yemen este jueves una persona murió y otras veinte resultaron heridas durante incidentes en los alrededores de la embajada de EE.UU. en Saná, la capital.
El Gobierno de Obama despachó un pelotón de unos 50 infantes de Marina a Yemen para reforzar la protección de sus diplomáticos, según informó hoy el Pentágono.
Mientras, a las costas de Libia se han enviado dos buques de guerra y unos 50 marines están ya en el país árabe para reforzar la seguridad de las instalaciones diplomáticas.
Tomado: tercerainformacion.es

Paraguay Enclave neoliberal y base norteamericana en el corazón del UNASUR


golpistas vienen aventurando hipótesis de guerra contra los países del ALBA, en uno de los momentos más pacíficos en la historia del Cono Sur americano.
Consumada la instalación del gobierno de Facto liberal el 22 de junio, Federico Franco empezó a pagar favores a los distintos poderes políticos y fácticos que condujeron al derrocamiento del proceso democrático abierto en 2008.
En la conformación del ilegítimo Gabinete de ministros empezó a identificarse la orientación de las distintas políticas que hacen a la conducción del Estado, principalmente en dos ministerios que guardan estrecha relación en el diseño y orientación de sus políticas, ya que las mismas se complementan: el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Defensa.
Con las sanciones políticas adoptadas por MERCOSUR y UNASUR contra el gobierno ilegítimo, la política exterior adoptó la naturaleza aislacionista y anti-regionalista que la ultra-derecha local necesitaba para apostar sus cartas para enarbolar y legitimar un discurso de corte neo-militarista orientado contra del proceso de integración política, económica y social que vive actualmente Sudamérica.
Esto se hace más fácil de llevar a la práctica si tenemos en cuenta que una de las principales ventajas obtenidas por el golpista Partido Unión de Ciudadanos Éticos, fue el control de las Fuerzas Armadas, efectivizado a través del nombramiento de María Lis García como ministra de Defensa, una colaboradora del líder de UNACE, el ex general Lino César Oviedo.
El enemigo externo
Una de las primeras medidas de las Fuerzas Armadas fue sacar de la catacumba una Ley del período dictatorial colorado, de 1975, mediante la cual se establece la prohibición de acceder al derecho al Trabajo a aquellos ciudadanos que no presenten la documentación referente al cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, medida que finalmente dio marcha atrás debido al rechazo generalizad de diversos sectores de la sociedad.
Apenas unas semanas después los referentes parlamentarios del UNACE, en su mayoría ex militares, expresaron su intención de recortar fondos de Salud, Educación y Obras Públicas, además de aumentar el endeudamiento externo para financiar el rearme militar.
El principal referente de este discurso es el oviedista José López Chávez, del UNACE, representante de la línea más radical de la ultra derecha golpista, quien plantea una carrera armamentista con la característica de que la misma se orientará bajo la Hégida de la política exterior y militar de Estado Unidos, con la apuesta de convertir al Paraguay en la cabeza de puente que facilite al imperialismo yanqui la desestabilización directa y/o indirecta del proceso político pacífico que vive el Hemisferio sur del continente.
El plan de acercamiento a Estados Unidos incluye, según ha manifestado públicamente López Chávez, la instalación de una base militar y la firma de un acuerdo de Libre Comercio con la potencia del Norte, para proteger al Paraguay del enemigo externo: es decir, los gobiernos tanto de Izquierdas moderadas (Brasil, Argentina, Uruguay) como de Izquierdas Revolucionarias (ALBA) que predominan en esta etapa de la historia regional.
El mundo en un futuro cercano: Carácter regional de la Defensa Militar
El neo-militarismo instalado en el Paraguay del Golpe ha generado diversas reacciones contrarias. La principal da cuenta de un anti militarismo radical, infantil y utópico propio de desviaciones pacifistas, planteando desde la abolición del Servicio Militar hasta la eliminación de las mismas Fuerzas Armadas.
Más allá de esos dos enfoques antagónicos, uno orientado a apeligrar la paz regional, y el otro, orientado a la renuncia a las tareas de Defensa debemos empezar a analizar qué tipo de mundo tenemos y tendremos dentro de poco, para así determinar cuál será la mejor orientación militar a adoptar.
Al mundo debemos empezar a pensarlo de manera multi-polar, multi-regional. Es decir, no ya Paraguay, sino Sudamérica como sub-región, deberá preparar la Defensa conjunta de sus recursos naturales, y en segundo término incluyendo al Caribe y las Antillas.
Esa estrategia militar de defensa regional de los recursos naturales estratégicos con que se cuenta, se da y se dará, necesariamente, en el marco de la lógica propia de la dinámica política que vive hoy la región, esto es, la conquista del poder político por parte de las Izquierdas Latinoamericanas, sin que esto implique pasar por alto las desviaciones ideológicas que se puedan presentar en cada proceso particular, ni las desviaciones de carácter imperialista, principalmente por parte de Brasil y Argentina.
Y esa es una necesidad urgente que es preciso encararla de aquí a unos cuantos años, si pensamos en términos de estrategia y táctica. Ya otros lo han hecho hace mucho tiempo, tal es el caso del brazo armado del bloque imperialista mundial, la OTAN.
Por esto, es de suma importancia que la dinámica política regional se extienda a Paraguay, Colombia, Chile, que Humala rectifique los rumbos en Perú, alejándose de iniciativas desestabilizadoras como al Alianza Pacífico. Abordar la defensa regional con un sentido revolucionario nos facilitará encarar las labores propias de la misma bajo parámetros solidarios e internacionalistas, incluido el aspecto económico.
En ese sentido, es urgente restituir la democracia en Paraguay y empezar a plantar las semillas de una amplia base popular que conduzca a la conquista del poder a un proyecto político que tenga claro todos los elementos analizados anteriormente.
De lo contrario debemos prepararnos para tiempos difíciles, en un mundo difícil donde van a escasear el agua, los alimentos, los combustibles y la energía eléctrica. En cuanto al agua y la energía eléctrica, en poco tiempo empezarán a ser considerados como “oro”.
De lo contrario, Paraguay, estratégico por sus reservas de agua, metales, energía eléctrica, se convertirá en un enclave que pondrá en peligro directo el proceso político regional, aliado con EEUU, el país que financió las obras, la represión, las torturas, los asesinatos y las desapariciones de la Dictadura Stronista.
En Irak la excusa fueron las Armas de Destrucción Masiva, En Libia lo fue, cuando no, la “democracia”, en Paraguay lo son Bolivia y la revolución bolivariana en curso en Venezuela y los países del ALBA.
El cuco de la izquierda es en Paraguay siempre un apelativo válido para reflotar necesidades como lo militar, pero con un trasfondo y una orientación que, de triunfar, traerán consecuencias nefastas en nuestro país y en la región, más todavía en el marco de la mayor crisis del sistema financiero mundial.
Una vez analizado todo esto, podemos entender cuál es el momento político que vive la región, y cómo ese momento marca cuáles instancias regionales tienen mayor peso y cuáles menos.
En ese sentido, la suspensión política de MERCOSUR y UNASUR, tiene mucho mayor peso que el “opareí” al que ha sido sometido el caso del Golpe de Estado Parlamentario en la OEA, opareí que incluye el no reconocimiento del gobierno de Facto encabezado por la Oligarquía terrateniente, la Narcopolítica y las empresas multinacionales, los verdaderos poderes fácticos que se valieron de los actores de los partidos políticos tradicionales y no tradicionales que ejecutaron el juicio político ilegal e ilegítimo contra un gobierno elegido por la voluntad popular.
El mencionado teatro que pervirtió el espíritu de las leyes fue un golpe contra el proceso político que se inició en 2008, el cual defendimos y seguiremos defendiendo. Cabe mencionar que esa defensa que ejercemos implicó muchas veces cuestionar las desviaciones del propio Ejecutivo y su entorno político en numerosas ocasiones, cuando éste todavía se encontraba en sus funciones.
Por que el proceso regional de Izquierdas es el que actualmente tiene supremacía en Sudamérica y no la política exterior estadounidense, es la razón de que la OEA no tenga menor peso político que MERCOSUR y UNASUR.
LA OEA fue diseñada y creada en 1948, bajo una fuerte influencia estadounidense, y con el objetivo de ser un mecanismo de adopción y validación continental de la política exterior de EEUU para el resto de los países de este lado del Hemisferio.
Cuanto antes, debemos elaborar con inteligencia estrategias económicas, políticas, culturales, militares, a nivel regional. Es urgente. En la era de mayor paz en la región, debemos aprovechar esa paz para encarar nuestra defensa ante los inevitables zarpazos de las potencias con marcada raigambre imperialista que traerá la crisis de escasez de recursos naturales que se avecina.
Tomado: tercerainformacion.es

El 78% de las armas viene de EE.UU.


Este informe está considerado el compendio de información disponible al público más detallado que existe sobre las ventas de armas no clasificadas. Según el documento, en 2011 EE.UU. vendió más armas que nunca, alcanzando un saldo de 66.300 millones de dólares, tres veces más en comparación con 2010, cuando la venta de armas le reportó 21.400 millones de dólares. Las exportaciones supusieron casi las tres cuartas del mercado mundial, valorado en unos 85.300 millones de dólares, en el que Rusia se destaca como el segundo mayor vendedor con 4.800 millones de dólares.
Las partidas se dirigieron sobre todo a los aliados del Golfo Pérsico preocupados por Irán. Sus mayores clientes fueron Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Omán, que adquirieron sistemas de misiles avanzados y aviones de última generación.
La venta de armas a Arabia Saudí sumó 33.400 millones de dólares, lo que supone el mayor acuerdo militar jamás firmado por Estados Unidos. El contrato establece la venta al país de 84 nuevos aviones de combate F-15, la modernización de 70 de estos cazas y el suministro de tres tipos de helicópteros: 70 Apaches, 72 Black Hawks y 36 Little Birds.
Los Emiratos Árabes Unidos compraron armas a EE.UU. por valor de 4.429 millones de dólares, entre ellas un avanzado escudo antimisiles y helicópteros Chinook. Omán también compró 18 aviones de combate F-15 por 1.400 millones de dólares.
Entre otros acuerdos destaca uno firmado con la India, a quien EE.UU. vendió 4.100 millones de dólares en aviones C-17 y otro con Taiwán, a quien el estado norteamericano vendió baterías antimisiles Patriot 2.000 millones de dólares. Este acuerdo fue duramente criticado por Pekín.
Con esta política, EE.UU. pretende colaborar con sus aliados en el Golfo Pérsico para crear un sistema regional antimisil que proteja las ciudades, las destilerías de gasolina, los oleoductos y las bases militares de posibles ataques por parte de Irán.
El experto Francisco Vaquero, secretario de organización del partido Humanista, no descarta que EE.UU. esté preparando a sus aliados para posibles acciones militares en la zona. También comenta que EE.UU. está interesado en que "se creen puntos de tensión” que -asegura- vienen a ser "puntos de venta de armas para ellos”.
Tomado: tercerainformacion.es

Ratifica ELN voluntad de sumarse a diálogo colombiano por la paz


El Ejército de Liberación Nacional (ELN) reiteró hoy su voluntad de sumarse a la negociaciones de paz del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), próximas a iniciarse en Oslo, Noruega, si bien consideró contradictoria la base legal aprobada por el Congreso con ese fin.

  En una carta en respuesta a la enviada por el movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz -que los convocó a participar en las conversaciones- subrayan que "es necesario llenar de propuestas el proceso, sumando su energía al torrente de esperanza y dignidad que significa para las clases populares".

Son ellas las merecedoras de "las mejores condiciones para que la paz no sea la de los cementerios, el hambre y la sumisión", destaca el texto publicado en su pagina web.

A juicio del ELN, el Marco Legal "no contempló la opinión de la insurgencia, parte natural en el desenvolvimiento de cualquier intento de paz, ni tuvo una verdadera discusión pública".

Además desconoce principios básicos de derecho y trato político que deben ser tenidos en cuenta para restablecer las mínimas condiciones hacia una solución racional y, participativa, agrega la misiva.

Desde su punto de vista, la base jurídica actual "abre la puerta a la impunidad de crímenes cometidos contra el pueblo por políticos, militares, policías y paramilitares; y no reconoce plenamente la realidad del delito político y del derecho internacional".

El ELN considera "un escollo grave mantener una legislación represiva que no sólo va acompasada con operaciones militares y paramilitares contra la población y las zonas de presencia guerrillera, sino que se aplica contra quienes se movilizan a favor de propuestas sociales y políticas".

Hay que humanizar el conflicto mientras perdure, mucho más cuando el Gobierno se niega al cese del fuego y las hostilidades, concluye la misiva.

El movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz pidió al ELN en agosto último incorporarse al proceso de paz inmediatamente después que el presidente Juan Manuel Santos anunciara la materialización de un acuerdo para negociar con las FARC el fin de la guerra que perdura en el país desde hace casi medio siglo.

La mesa oficial de diálogo en pos de una solución negociada del conflicto se instalará en octubre venidero en Oslo, capital de Noruega, con ese país europeo y Cuba como garantes y el acompañamiento de Chile y Venezuela. Las conversaciones se continurán luego a La Habana, Cuba.
Tomado: Prensa Latina

lunes, 24 de septiembre de 2012

Ciudad Juárez es el retrato de la guerra narco


“Esta guerra nunca va a acabarse, creo yo. En Ciudad Juárez y en todo México la pura verdad es que las autoridades no quieren terminarla. Todo el mundo está coludido con la ‘lana’ (dinero) de la droga. Personas que no querían entrar, entraron... los chavos se cansan de trabajar en las maquilas y terminan sicareando.” Sicarear es un verbo corriente en Ciudad Juárez: aquí la guerra lo es todo. “Primero sólo muchachos eran contratados para matar, después el negocio fue creciendo y ahorita está habiendo más chavas gatilleras”, cuenta el taxista mientras viajamos hacia el puente que une Juárez y El Paso, en el estado de Texas.
Esta ciudad de aspecto artificial, implantada sobre el desierto y atravesada por avenidas anchas donde abundan las camionetas 4x4 probablemente blindadas, fue considerada la más violenta del mundo hace dos años, cuando hubo cerca de 3100 asesinatos, según el conteo realizado por la prensa juarista cuyas cifras merecen más confianza que las divulgadas en los boletines policiales.
El taxista me dejó en el acceso al puente binacional. Yendo a pie hacia Estados Unidos por una pasarela cubierta de alambre tejido debajo de un sol capaz de deshidratar escorpiones, lo primero que se divisa al otro lado del río Bravo, junto a mástiles con las banderas de ambos países, es una placa de grandes dimensiones dando el “Welcome” a los visitantes procedentes de México, a quienes les espera una rigurosa y con frecuencia ofensiva requisa.
En cambio, cuando se hace el trayecto en sentido inverso, desde El Paso hacia Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, los controles parecen irrisorios. Un letrero del gobierno mexicano da la bienvenida a los norteamericanos, y otro colocado a pocos metros probablemente por militantes de derechos humanos, implora a los gringos que dejen de ingresar las weapons (armas) destinadas a los ejércitos de sicarios como el que responde a Joaquín el “Chapo” Guzmán, quien sería un protegido del gobierno del presidente Felipe Calderón, dicen analistas serios. El barón de la cocaína en México, apodado Chapo por su corta estatura, está en la lista de los más buscados por el FBI y en el ranking de los mexicanos ricos e influyentes publicado por Forbes. Es, además, uno de los hombres que manda en Ciudad Juárez, donde su poder es cuestionado a balazos por Los Zetas, una banda de narcos viciados en sangre, surgida de un grupo de militares que desertó luego de haberse entrenado en Estados Unidos e Israel.
Para aprovisionar a los carteles que guerrean en Juárez y decenas de ciudades cada día ingresan al país unas 2000 ametralladoras, granadas, fusiles y partes de armamento antiaéreo. El cargamento llega desde California, Arizona, Texas y Nuevo México, disimulado en camiones o a través de los “compradores de paja”, traficantes hormigas que diariamente pasan por el límite ante los indiferentes puestos de vigilancia. La indolencia de los agentes norteamericanos hacia quienes dejan el país suele ser proporcional a la tolerancia con el crimen organizado siempre que éste actúe al sur, como lo mostró el operativo norteamericano “Rápido y Furioso”.
Washington se vio obligado a presentar excusas cuando tomaron estado público las consecuencias del plan “Rápido y Furioso” a través del cual los servicios de inteligencia estadounidenses consintieron la venta de armamento pesado a criminales mexicanos bajo el pretexto de que así podrían descubrir sus guaridas. Pero nada de eso sucedió, ningún cabecilla cayó mientras decenas de mexicanos probablemente fallecieron en las acciones perpetradas con ese arsenal.
El escándalo causado por “Rápido y Furioso” fue tal que al presidente Calderón no le restó más alternativa que proferir algunas críticas a sus aliados carnales de Washington.
“Esta guerra se perdió, no quisiera yo afirmar que la derrota sea irreversible, pero nos tomará años revertir la situación causada por este conflicto rechazado por la mayoría del pueblo mexicano. El hartazgo quedó probado en las elecciones (presidenciales de julio), con la derrota del PAN (Partido Acción Nacional), el partido del señor Calderón”, explica el historiador Víctor Orozco.
“¿Usted me pregunta si alguien se benefició con este sexenio trágico de Calderón? Pues sí, los narcos. El Estado mexicano ya estaba corrompido antes de esta guerra contra el crimen organizado, seis años después tenemos un Estado más corrompido y debilitado frente a la injerencia de las agencias norteamericanas. Sabemos que la DEA y la CIA tienen agentes operando en Juárez, Tijuana, Matamoros (principales ciudades fronterizas).”
“Militarizar la lucha a la delincuencia demostró ser un error, no redujo la infame violencia. Los números son graves. El Inegi (Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Historia), nos conmocionó en estos días con el informe sobre decenas de miles de personas muertas en el sexenio”, remata el profesor Orozco durante la entrevista en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, frente al límite con Estados Unidos.
Desde que Felipe Calderón llegó al poder sospechado de fraude y lanzó una conflagración para restañar su imagen, hubo 95.000 asesinatos, la mayoría de ellos ligados con el conflicto, reportó a fines de agosto el Inegi, organismo público no gubernamental.
Esta aventura guerrerista de los de “arriba”, dirigida por Calderón como si se tratara de un videogame (el presidente dijo ser un adicto a ese pasatiempo), deterioró el tejido social de los de “abajo”, observó el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en un ensayo sobre la devastación dejada por el sexenio que llegará a su fin dentro de tres meses cuando asumirá la presidencia Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, la agrupación con más dirigentes procesados y condenados (entre ellos varios gobernadores) por integrar organizaciones delictivas.
El telegénico Peña Nieto, actualmente de gira por Sudamérica, no demostró ser un conocedor avezado de temas militares y seguridad pública –tampoco se luce cuando habla de cuestiones económicas, sociales y diplomáticas–, pero ha formulado declaraciones contra el agravamiento de la violencia y otras, menos explícitas, en las que algunos observadores interpretaron una posible distensión con las mafias a fin de mitigar las matanzas.
Queda por saber si el futuro mandatario podrá desanudar los intereses que alimentan a este conflicto desde “arriba”, según el texto de Marcos que aporta cifras reveladoras sobre el incremento de los gastos militares durante la gestión Calderón, mientras decreció el salario real y se precarizó el empleo.
Ciudad Juárez es el retrato de un país cortado por las diferencias entre los “de arriba y los de abajo”, quienes aterrados por la violencia comenzaron a dejar las colonias (barrios) populares como Rivera para retornar a sus pueblos de origen, generalmente en el sur mexicano.
Pero no todos emigran de esta “plaza de guerra”. En Campos Elíseos, El Campestre y otras colonias acomodadas donde reside el alto escalón mafioso, no es común ver mansiones abandonadas según cuentan los mismos periodistas que me recomendaron evitar hacer una recorrida por allí, donde los guardias se pasean muy bien armados y se impacientan con los curiosos.
Tampoco se van de Juárez aquellos que subsisten dentro de la cadena productiva del crimen: traficantes de drogas, armas y personas, lavadores de dinero, guardaespaldas, sicarios y las nuevas musas de una contienda exhibicionista: las sicarias.
Llegar a ser una homicida famosa como “La Güera Loca”, acusada de decenas de asesinatos y filmada mientras decapitaba a una víctima, es lo que ambicionan algunas muchachas pobres y temerarias cuando se alistan inicialmente como “mandaderas”, el escalón inferior en la pirámide criminal, de donde pueden ascender posiciones hasta convertirse en “linces” y “cóndores”.
Se dice que ellas matan con más frialdad que sus colegas del género masculino, son más profesionales, no las mueve ninguna pulsión erótica (que experimentarían los hombres): las guía el solo objetivo de ganar dinero y trepar en la estructura mafiosa.
María Celeste Mendoza Cárdenas integra el cuadro de matadoras de Los Zetas, la banda que actúa en Juárez y otras ciudades importantes, y cuya seña distintiva es ser la agrupación más violenta entre las que forman el mercado del hampa mexicano.
“Soy sicaria al servicio de Los Zetas... duré dos meses en el adiestramiento y apenas llevo tres o cuatro días”, contó el año pasado con una mueca indiferente a los periodistas que la entrevistaron luego de haber conmocionado al país por la rudeza con que enfrentó durante horas, en el estado de Jalisco, a las fuerzas de seguridad, que debieron reforzarse con helicópteros para reducir a las combatientes. Al menos cinco camaradas de María Celeste murieron y, según trascendió, una tenía su misma edad: 16 años.
Tomado: Pagina/12

Comando Sur yanqui convoca a más ejercicios navales


República Dominicana estará representada por miembros especializados de la Marina de Guerra, adjunto a militares de Brasil, Canadá, Colombia, México, Reino Unido y los Estados Unidos, como país anfitrión.
los ejercicios de UNITAS serán realizados el próximo lunes 17 en la Estación Naval Aérea ubicada en Key West donde previamente “llegarán varias unidades navales” conforme señala el Comando Sur.
UNITAS se llevan a cabo en las aguas del Atlántico y el Pacífico alrededor de América del Sur.
Los ejercicios de UNITAS del Pacífico y Atlántico serán dirigidos por el oficial Oliver Hazard Perry, quien representa a la Marina de los Estados Unidos.
Este esfuerzo conjunto fue ANTERIORMENTE realizado en el Pacífico, teniendo como país anfitrión a Perú. Durante dos semanas en el ejercicio participaron, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Estados Unidos. La capacitación incluyó las operaciones de “interdicción marítima, eventos de lucha contra la piratería, el aire, la superficie y guerra antisubmarina”.
Tomado: tercerainformacion.es

‘Uribito’ fue el que le dio luz verde al Quimbo


Sin aportar ninguna fundamentación técnica, el Ministerio de Agricultura aseguró que la obra no afectaría la producción agropecuaria de la región. De esta manera Emgesa pudo tramitar la licencia ambiental, negada en 1997.
quimboEn enero de 2008, el Ministerio de Agricultura, a cargo de Andrés Felipe Arias, emitió un oficio en el cual se aseguraba que la obra de la Hidroeléctrica de El Quimbo, en el Huila, no causaría ningún impacto en la producción agropecuaria de la región (4120-E1-1155). Sin embargo, no existió ninguna fundamentación técnica ni estudio que la respaldará, como pudo establecerlo www.negociosymovidas.com.
Así se desprende de la investigación que adelanta la Contraloría General de la República por las posibles irregularidades que rodean el desarrollo de esta obra, y por la cual vienen protestando las comunidades del centro del Huila.
Este singular oficio llamó poderosamente la atención de los investigadores, debido a que en 1997 se le negó la licencia ambiental a este proyecto precisamente por el grave impacto que iba a tener en la producción agrícola y pecuaria en la zona de la inundación y sus alrededores.
De hecho, se trata de una represa que abarcará unas 9.000 hectáreas de seis municipios del Huila, las cuales hacen parte de una reserva forestal que protege la Amazonía y el Macizo Colombiano. Terrenos de los cuales serán desplazas unas 400 familias que conforman una población de 3.000 personas, la mayoría de las cuales están vinculadas a empresas comunitarias que surten a la región de carne bovina, cacao, sorgo, maíz y arroz, entre otros productos.
Sin embargo, frente a este nuevo concepto emitido por el Ministerio de Agricultura al respecto, y según el cual no se afecta nada, no se encontró ningún estudio que le diera soporte y validez. Pero gracias a este oficio la firma Emgesa pudo superar el escollo de 1997 para poder tramitar la licencia ambiental, que posteriormente se le otorgó, en 2009, por parte el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
“Es increíble que con solo un oficio se le diera luz verde a un proyecto de tal envergadura, que tendría un impacto inimaginable en la región y en el cual se invertirán 850 millones de dólares”, advirtió alguien cercano al caso.
uribitoPero este hecho es tan solo una de muchas de las inconsistencias que han ido quedando al descubierto en medio de esta investigación y que involucra incluso al ex presidente Álvaro Uribe.
Resulta que el mandatario emitió la resolución 321 de septiembre 1 de 2008, mediante la cual “se declara de utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo”. Sin embargo, tampoco se encontraron los argumentos ni los criterios técnicos que hubieran dado origen a tal motivación.
Lo cierto es que el proceso de licenciamiento de la Hidroeléctrica de El Quimbo ha estado plagado de irregularidades que algunos investigadores al llegado a calificar de “aberrantes” y que poco se van a ir conociendo.
Tomado: Prensa Rural

Continúa diálogo para resolver conflicto minero en Bolivia


La Paz, 24 sep (PL) El diálogo entre el gobierno boliviano y los mineros cooperativistas y asalariados de Colquiri se reanudará hoy en esta capital para tratar de hallar una salida pacífica a un conflicto de varias semanas.

  Luego de seis horas y media de debate y discusión, para encontrar una solución al conflicto originado entre ambos sectores a raíz de la explotación de la veta Rosario, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó la pausa en las conversaciones para reanudarlas este lunes.

El Ejecutivo presentará dos escenarios de solución al problema, a la espera de que ambas alternativas sean enriquecidas con los planteamientos de los dos grupos, los cuales puedan dejar de lado sus posiciones radicales manifiestas durante la jornada.

La solución no pasa porque uno de los dos sectores se imponga, dijo Romero al concluir el debate de este domingo.

El ministro aseguró que el Gobierno organizará un análisis jurídico para responder a los asalariados.

Los cooperativistas, agregó, sostienen que debe cumplirse el convenio del pasado 19 de junio, pero lanzan una movilización y un bloqueo de caminos que perjudicará a la población.

Según datos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), 564 cooperativistas trabajan en la mina Colquiri, rica en estaño y zinc.

Romero pidió a los cuentapropistas no bloquear las vías porque esa medida afectará a la población y también al Estado, el cual está próximo a concretar 11 mil millones de dólares en exportaciones hasta fin de año.

No obstante, adelantó que "si no reflexionan" el Gobierno deberá tomar medidas porque deben garantizar el libre tránsito de la población, aunque descartó que se militaricen los puntos de las protestas.

Por su parte, el dirigente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz, José Miguel Coñaja, confirmó el inicio del bloqueo de caminos a partir de este lunes, porque las demandas de su sector no se circunscriben únicamente al conflicto de Colquiri, sino que tienen 13 puntos pendientes de atención.

Los mineros asalariados y cooperativistas se disputan la posesión de una veta rica en estaño, zinc y plata, y el conflicto entre ambos grupos causó un muerto y varios heridos.

Mineros asalariados de Colquiri tomaron el 30 de agosto último el control del yacimiento de ese distrito, en protesta por el Decreto 1337, del 29 de agosto de este año, el cual delimita áreas de explotación en la veta Rosario para los cooperativistas.
Tomado: Prensa Latina

Pueblos indígenas de Chile denuncian violaciones a sus derechos


Santiago de Chile, 24 sep (PL) La Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas denunció hoy nuevas amenazas del gobierno chileno al cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documento que defiende derechos de los pueblos originarios.

  En un comunicado, la alianza critica la forma en que las autoridades dan curso al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual consideran excluyente para los pueblos indígenas, ya que la voluntad y el mandato de los directivos a cargo ha sido mutilar las consultas realizadas.

"Hoy, en la más completa oscuridad, se ha aprobado el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (...) nadie conoce, salvo algunos personeros del gobierno actual, su contenido exacto", precisa el texto.

El comunicado advierte que el reglamento que regirá la evaluación del impacto ambiental de proyectos de diferente tipo, fue modificado por el Consejo de Ministros y ahora está en manos de la Presidencia, donde puede sufrir nuevos cambios y luego va a Contraloría, instancia que puede aprobarlo, rechazarlo o aprobarlo con modificaciones.

La organización señala que asesores gubernamentales les han señalado que no consultarían proyectos emplazados en tierras ancestrales, pues ellas no están reconocidas por el Estado.

"Es decir, que los pueblos debemos tolerar que los megaproyectos ubicados en tierras usurpadas y no tituladas, no sean consultados, lo que viola los artículos 13 y siguientes del Convenio", señala la alianza, que dice seguir sin saber la real voluntad del gobierno, acorralado por el poder transnacional, el gran capital, y las megaempresas.

El Convenio 169 de la OIT es un instrumento jurídico internacional vinculante que defiende los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y que en uno de sus acápites establece que esas comunidades sean consultadas en relación con los temas que los afectan.

Asimismo exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas relacionadas con su progreso.

El gobierno chileno ha dicho que el proceso de discusión del reglamento de evaluación de impacto ambiental ha sido complejo y transparente hacia la comunidad.

Según la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, sacar adelante ese documento ha sido un gran ejercicio de coordinación entre los organismos del Estado, ONGs y gremios, a través de un proceso de consulta pública realizado entre junio y octubre de 2011.
Tomado: Prensa Latina