Por impunidad en la JEP, 142 organizaciones anuncian creación de equipo de litigio internacional

Ante este panorama, 141 organizaciones de víctimas y DDHH; y 44 personalidades, nacionales e internacionales, enviaron una carta en la que anuncian la conformación de un equipo de litigio internacional para presentar ante sus instancias los casos de los máximos responsables y solicitar que se abra de manera formal las investigaciones correspondientes. Ante la inactividad de la justicia ordinaria y la exclusión de responsables de la justicia transicional, el único camino que queda para alcanzar la justicia son los estrados internacionales.

La carta fue entregada a la Fiscal Bensouda de la CPI; al presidente del Consejo de Seguridad; y a Pablo De Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas. En el texto completo se explica cada uno de los puntos de modificación inconstitucional a lo largo del año que favorecería a los máximos responsables de mando y a terceros.

El Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, estuvo en Colombia a petición del Secretario General, para “transmitir una sensación de creciente preocupación por la evolución del proceso de paz en los últimos meses”. Cuando se cumple un año de la firma del Acuerdo Final, las víctimas y organizaciones de derechos humanos manifiestan que el Estado colombiano no está respetando lo pactado y por el contrario, ha generado un manto de impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, especialmente para los máximos responsables.

Los tres poderes públicos del Estado colombiano han modificado el Acuerdo Final de Paz generando circunstancias de impunidad que son inadmisibles y responden a la vulneración a los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en la implementación del Acuerdo de Paz. Atienden a intereses políticos, económicos y militares. Ante este panorama se decidió conformar un equipo de “Litigio Internacional” para presentarle a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional comunicaciones sobre los casos de responsables de crímenes que recaen bajo su competencia y solicitar en consecuencia que se abran de manera formal las investigaciones y juzgamientos correspondientes sobre los cuales pesa el riesgo de impunidad, especialmente de aquellos considerados máximos responsables. Ante la inactividad de la justicia ordinaria y la exclusión de responsables de la justicia transicional el único camino que queda para alcanzar la justicia y luchar contra la impunidad son los estrados internacionales.

El primer aviso de incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ocurrió el 24 de noviembre de 2016, cuando el Gobierno Nacional, minutos antes de suscribir el Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá, publicó una “fe de erratas” con la cual eliminó de la página 164 del texto acordado, la referencia al artículo 28 del Estatuto de Roma, referido a la responsabilidad de mando en caso de agentes de la Fuerza Pública.

Posteriormente, el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional (Acto Legislativo 1 de 2017) que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se incorporó una definición de responsabilidad de mando que incumplía el derecho consuetudinario y el derecho penal internacional, al establecer requisitos concurrentes para el establecimiento de responsabilidades que impide el juzgamiento efectivo de la cadena de mando (Art. transitorio 24). Adicionalmente, dicha reforma incorporó un elemento de sistematicidad para la comprensión de la gravedad de los crímenes de guerra que impide el procesamiento de dichos delitos bajo elementos distintos de gravedad (Art. transitorio 16 y Art. 3).

El pasado 15 de noviembre, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Acto Legislativo 1 de 20172 , incluyendo la creación del SIVJRNR y la JEP. Sin embargo, en su decisión, la Corte hizo cambios estructurales a algunos artículos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pues estableció que la JEP no conocerá, excepto por voluntariedad, sobre los hechos ni responsabilidades de terceros y agentes de Estado no integrantes de la fuerza pública, al tiempo que declaró ajustado a la Constitución el concepto reducido de responsabilidad de mando.

Sobre esta situación ya se había pronunciado de manera crítica la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el artículo 24 transitorio del Acto legislativo del SIVJRNR, quien a través de un escrito de amicus curiae solicitado por la misma Corte Constitucional, manifestó, entre otros aspectos, que la responsabilidad del mando se centra sobre los subordinados y no sobre su conducta, y que la autoridad del superior jerárquico no tiene límites en el tiempo y en el espacio.

Con su decisión, la Corte Constitucional: i) desnaturalizó lo acordado en materia de justicia, ya que la JEP fue concebida para investigar, juzgar y sancionar, como instancia de cierre, todos los responsables y todas las conductas cometidas por causa, con ocasión y en relación con el conflicto armado; ii) desconoció la evidente participación de los terceros civiles en la comisión directa de graves violaciones a los derechos humanos, o en el financiamiento o colaboración con grupos armados, así como la participación en dichas violaciones de agentes del Estado no armados como alcaldes, gobernadores, registradores, funcionarios de organismos de seguridad, entre otros; iii) generó impunidad y vulneró el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparaciónintegral; iv) demostró la falta de voluntad del Estado para investigar violaciones a los derechos humanos que adquieren la connotación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente cuando vinculan a agentes del Estado militares y civiles, empresarios y terceros -tanto en el marco del conflicto armado, como en hechos propios de la violencia sociopolítica.

Por otra parte, la Corte omitió retirar del ordenamiento disposiciones que, tal y como ha sido mencionado por organizaciones de derechos humanos y de víctimas, así como por la misma Fiscal de la CPI: i) no son compatibles con los estándares internacionales de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o de lesa humanidad, ni con el artículo 28 del Estatuto de Roma; ii) plantean la concurrencia de cuatro criterios atípicos como presupuesto para que la responsabilidad penal individual de los altos mandos de la fuerza pública sea establecida; iii) elevan desproporcionadamente los estándares de juzgamiento, lo que impide efectivamente la lucha contra la impunidad; iv) establecen marcos jurídicos aplicables distintos para cada actor, uno cuando se trata de miembros de la guerrilla, otro para fuerzas militares; y entre ellos, uno para altos mandos y otro para mandos medios y bajos.

A este pronunciamiento de la Corte Constitucional se suma la actuación negligente del Congreso de la República para tramitar las normas que continúan con la implementación del Acuerdo Final, incluyendo las modificaciones contrarias a lo pactado que se incluyeron en el al Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP. En este escenario, preocupa igualmente la intención de algunos partidos políticos que representan sectores políticos y económicos involucrados en el conflicto armado de legislar a favor de la impunidad de éstos para ampliar las posibilidades de impunidad, así como para excluir a los defensores de derechos humanos de los órganos de la JEP y no garantizar la participación efectiva de las víctimas en cada uno de los procedimientos de esta jurisdicción.

Por eso, además de la conformación del Equipo de Litigio Internacional, el próximo 30 de noviembre de 2017 una delegación de organizaciones de derechos humanos realizará una visita a la sede de la Corte Penal Internacional (La Haya), para entregar una comunicación sobre crímenes de competencia de la CPI en contra de defensores de derechos humanos, la cual es complementaria a otras comunicaciones que se han presentado en el pasado y, que de acuerdo con su informe intermedio, podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. A la Fiscal de la CPI se le entregará parte del acervo probatorio que las organizaciones han documentado contra los responsables de violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los máximos responsables que, según lo señalado, no serán llamados a comparecer ante la justicia.

La implementación efectiva del Acuerdo final y en particular del punto 5 de víctimas, era la esperanza para alcanzar verdad y justicia en los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, pero se ve con preocupación cómo se está diluyendo dicha aspiración. Las instancias internacionales se deberían pronunciar y dar trámite expedito a las peticiones presentadas respetuosamente en búsqueda de verdad, justicia y reparación para millones de víctimas:

Peticiones:

Al Consejo de Seguridad, en ejercicio de su mandato de mantener la paz y la seguridad internacional que:

1. Inste al Estado de Colombia a que actúe con sujeción a su obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, que regule los mecanismos de justicia transicional, especialmente la Jurisdicción Especial de Paz, con estricto apego al Acuerdo final y a los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas.

2. Se abstenga de aplicar el artículo 16 del Estatuto de Roma, y así se le permita a la CPI cumplir con el papel que la sociedad colombiana y sus víctimas esperan de ella.

A la Fiscal de la Corte Penal Internacional que:

3. En virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma continúe con su investigación preliminar y que, de estimarlo pertinente y conforme al artículo 17 del mismo Estatuto, solicite la admisibilidad de los casos objeto de su investigación preliminar.

Al Relator Especial de Naciones Unidas para la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que:

4. Verifique la sujeción de los escenarios de justicia transicional a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de las víctimas y prevención, sanción e investigación de violaciones a los derechos humanos.

5. Emita las recomendaciones al Estado colombiano que sean necesarias para adecuar la implementación normativa del Acuerdo Final a dichos estándares.

Este llamado se hace porque no sólo está en juego el acceso a la justicia de las víctimas, también lo está el respeto de los Estados a los mínimos comunes que como humanidad se han construido para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves, así como las esperanzas de una paz estable y duradera en Colombia.

Para conocer la carta completa y las organizaciones y personalidades firmantes, click aquí

Publicado en: Asociación Minga

Tomado: Agencia prensa Rural

Península del Sinaí, nuevo epicentro del Estado Islámico

El ataque terrorista ocurrido el viernes de la semana anterior en una mezquita de la ciudad de Bir al-Abed, fue calificado como «la peor matanza en la historia reciente de Egipto». Este acontecimiento provocó que la comunidad internacional girara los ojos hacia una región en la que hace años el Ejército nacional libra una guerra contra diversos grupos insurgentes que ha cobrado miles de vidas.

El tiroteo, que dejó un saldo de 305 muertos, entre ellos 27 menores de edad, y 128 heridos, ocurrió a 40 kilómetros de la ciudad de El Arish, epicentro de la franquicia del autodenominado Estado Islámico (EI) en el norte del Sinaí, justo en el día consagrado a la oración en el islam.

En un comunicado la Fiscalía General aseguró en su reconstrucción de los hechos, basada en el testimonio de supervivientes del atentado, que «entre 25 y 30 atacantes entraron a la mezquita enarbolando la bandera del Daesh, acrónimo árabe de Estado Islámico. Los agresores, que vestían uniforme paramilitar y llevaban la cabeza cubierta, se situaron con armas automáticas en las puertas y ventanas del templo y abrieron fuego contra los fieles».

Anteriormente el Sinaí era una zona que solía atraer turistas de todas partes del mundo, hoy es sinónimo de ataques mortíferos. Desde que en julio del 2013 Abdelfatah Al-Sisi, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto, encabezara un golpe de Estado contra el presidente Mohamed Morsi, la Península del Sinaí, fronteriza con Israel y la Franja de Gaza, se convirtió en una zona de conflicto entre las fuerzas egipcias fieles al gobierno y grupos locales que rechazan al Ejército que controla el país.

En el 2014, varios de estos grupos extremistas juraron lealtad al EI, desde ese momento los ataques en la península se intensificaron y la región vive ahora en estado de emergencia permanente. El Sinaí se ha convertido en área de atención preferente para el Estado Islámico por su incapacidad de penetrar en la Franja de Gaza.

El Sinaí quedó prácticamente desmilitarizado luego de la salida de las tropas de Israel, que mantuvo ocupada la Península entre 1967 y 1982. Pero ahora experimenta un incremento de fuerzas militares y paramilitares. Los terroristas del EI han proclamado la zona que limita con Israel y Gaza como Califato y la llaman provincia del Sinaí.

Los expertos en temas internacionales creen que esta escalada de violencia que vive una de las zonas más deprimidas de Egipto está estrechamente relacionada con las ofensivas internacionales que han hecho perder terreno al EI en sus dominios centrales en los países de Iraq y Siria.

Entre los varios grupos rebeldes que desarrollan actividades terroristas sobre el terreno desértico destaca la denominada Wilayat Sinai, provincia Sinaí en árabe, y a pesar de que su objetivo principal  es debilitar las fuerzas de seguridad egipcias, también ha reivindicado agresiones contra turistas occidentales y los coptos, una pequeña comunidad cristiana asentada en la zona.

Por otro lado, en la frontera este con Libia maniobran también otros grupos extremistas que mantienen lealtad a Al Qaeda, como Ansar el Islam.

Desde la caída de Morsi, los diferentes grupos armados han asesinado a sangre fría a más de 700 agentes de las fuerzas de seguridad en Egipto, un número mucho más elevado que el de sus predecesores en casi dos décadas de insurgencia.

Tomado: Granma

Un neoliberalismo tardío

Cuando se agotaba el largo ciclo expansivo de la economía capitalista de la segunda posguerra se generó la situación en la que economistas hablaban de “estanflación”, la combinación de estancamiento con inflación. Los gastos estatales acumulados en la era de gran desarrollo económico y conquistas sociales pasaron a pesar sobre los gobiernos, que apelaron a la inflación para atenderlos.

Fue en ese marco que empezaron a surgir elementos que más tarde  configurarían el ideario neoliberal. Una especie de neoliberalismo precoz aparecía en las propuestas de la Comisión Trilateral, compuesta por Samuel Huntington, Michel Crozier y Joji Watanuki (“The Crisis of Democracy”, New York, New York University Press, 1975), cuando proponen una “democracia restringida”. El Estado se volvería incapaz de atender las demandas de los distintos sectores de la sociedad, lo que haría sobrecargar sobre las finanzas publicas la atención de derechos que ya no sería posible satisfacer. Surge el tema de la “ingobernabilidad”, que se volvería pieza esencial en la centralidad de los ajustes fiscales, en el modelo neoliberal.

En la misma América Latina, coincidiendo con las transiciones de dictaduras a democracias, Fernando Henrique Cardoso (Autoritarismo e democratização, Río de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1975) propuso una versión precoz del neoliberalismo, en su Teoría del Autoritarismo, que ha orientado gran parte de esos procesos de transición. En su visión, democratizar sería descentralizar el poder político alrededor del Ejecutivo y desconcentrar el poder económico alrededor del Estado. En las dictaduras, en su opinión, el sector hegemónico sería una especie de “burguesía de Estado”, a la que habría que desplazar, para dar lugar a la democracia. Hay elementos claros que apuntaban hacia el Estado mínimo que posteriormente será clave en el modelo neoliberal.

A lo largo de las décadas siguientes, América Latina se ha vuelto la región del mundo con más gobiernos neoliberales y en sus modalidades más radicales. Se conocen los rasgos comunes de esos gobiernos y los personajes que los han protagonizado como presidentes electos, reelectos y posteriormente execrados.

Como herencia del agotamiento del modelo neoliberal, quienes lo siguieron sosteniendo fueron derrotados sistemáticamente en algunos de los países más importantes del continente -Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador. Hasta que, recién, producto de una nueva ofensiva conservadora, explorando debilidades de algunos de esos gobiernos, una ola de restauración conservadora se expande, teniendo como ejes Argentina y Brasil.

Imponen el mismo modelo de hace décadas, como si nada hubiera pasado ni en nuestros países, ni en el mundo. Como si ese modelo no se hubiera agotado, como si no se hubiera instalado en el centro mismo del capitalismo una profunda y prolongada crisis recesiva. Se trata de un neoliberalismo tardío.

Flacso Argentina y el Centro Cultural de la Cooperación realizan esta semana, en Buenos Aires, un importante evento sobre “Estado y Políticas Públicas- El Neoliberalismo tardío”. Un amplio abanico de ejes temáticos, que van de Control y Etica Pública hasta Políticas de Género, pasando por políticas de educación, de salud, de cultura, entre otros, componen la agenda del II Congreso Nacional. 

Descifrar el neoliberalismo tardío, con sus anacronismos y sus novedades, es condición indispensable para reactualizar la lucha en contra de ese modelo devastador para los derechos sociales, para la soberanía nacional y para la misma democracia.

Por: Emir Sader

Tomado: Pagina/12

Israel teme publicación de lista negra de la ONU sobre las empresas que operan en los asentamientos

El principal organismo de derechos humanos de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, está a solo unas semanas de completar su base de datos tras investigar a las compañías que operan en los ilegales asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este.

“Haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que esta lista no salga a la luz”, dijo el embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, el domingo a Associated Press.

La base de datos marcará un alejamiento de la habitual denuncia meramente retórica del organismo mundial sobre la violación israelí de los derechos de los palestinos, dijo el alto funcionario palestino Nabil Shaath.

Se espera que la lista impulse seriamente la campaña internacional del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS, por sus siglas en inglés), que promueve el boicot a las empresas que prestan servicios directa e indirectamente a los asentamientos.

Danon dijo que publicar la lista convertiría al Consejo de Derechos Humanos en “el mayor promotor de la BDS del mundo”.

Se dice que unas 100 firmas israelíes y 50 compañías internacionales, que ya han recibido advertencias, están en la lista.

Las autoridades israelíes generalmente ignoran las críticas de la ONU, pero los funcionarios dicen que toman en serio la “lista negra” debido a las devastadoras consecuencias económicas que puede tener.Tel Aviv teme que la base de datos aleje a las empresas que ya operan en los ilegales asentamientos y disuada a otras de comerciar en los asentamientos, al mismo tiempo que incita a los inversores a deshacerse de acciones de empresas israelíes.

La AP citó a un funcionario israelí no identificado que reveló que la lista incluye bancos, supermercados, cadenas de restaurantes, líneas de autobuses y firmas de seguridad israelíes, así como gigantes internacionales que proporcionan equipos o servicios utilizados para construir o mantener asentamientos.

Hasta ahora, Israel ha descartado todas y cada una de las 70 resoluciones emitidas por el Consejo de la ONU, que condena las violaciones de los derechos humanos por parte de la entidad sionista.

La línea desafiante de Tel Aviv tiene todo el apoyo de EEUU. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo recientemente que Estados Unidos veía “ese tipo de lista negra como contraproducente”.

Tomado: Tercerainformacion

Elecciones en Cuba: 9 preguntas para entender cómo funciona el sistema político de la isla

Desde 1976, cuando se aprobó la actual Constitución cubana —mediante un referéndum donde votó el 90% del padrón—, en la isla se realizan elecciones periódicas.

Sin embargo, a pesar de que esto sucede hace más de cuatro décadas, es algo prácticamente desconocido a nivel mundial, en gran parte debido al accionar de algunos Gobiernos y medios de comunicación que ocultan esta información.

Es así que este domingo los cubanos acuden a las urnas para elegir sus representantes locales, dando inicio a un proceso que culminará en 2018 con la elección de la Asamblea Nacional que, a su vez, definirá quién será el próximo presidente del país.

1. ¿Quiénes votan?

Están habilitadas para votar todas las personas de nacionalidad cubana mayores de 16 años. El voto es optativo, sin embargo, en todos los comicios se viene promediando el 90% de participación, muy por encima del resto de los países latinoamericanos, tal como reseña el informe del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.

2. ¿Cómo se eligen los candidatos?

La isla está dividida en cirunscripciones electorales. Antes de cada elección, en cada una de estas se realiza una asamblea en la que pueden participar todos los ciudadanos con derecho a voto.

Entre los miembros de la asamblea se eligen entre dos y ocho candidatos —de acuerdo al padrón— que se postularán para ser electos a la Asamblea Municipal como delegados de circunscripción. No es requisito para candidatearse estar afiliado al Partido Comunista, ya que no se votan listas partidarias, sino personas particulares.

3. ¿Cómo es la campaña electoral?

A diferencia de otras naciones, la campaña electoral no implica un gasto millonario. De hecho, no existe la campaña como tal, sino que todos los candidatos tienen la misma difusión, que consiste en una hoja con su foto y currículum. Garantizar la circulación de esta información depende de la Comisión Electoral de cada jurisdicción.

4. ¿Quiénes son elegidos?

Para ganar la elección en una circunscripción es necesario sumar más del 50% de los votos. En caso de que ningún candidato lo logre, se realiza una segunda vuelta entre los dos más votados.

El escrutinio es un proceso público al que puede asistir cualquier ciudadano cubano, así como también periodistas o diplomáticos extranjeros.

Cubanos se reúnen en la calle minutos antes de presentar nominaciones para los candidatos a asambleas municipales. / Alexandre Meneghini

5. ¿Cómo se eligen las instancias superiores?

Una vez electos los representantes municipales se debe pasar a elegir a las personas que integrarán las asambleas provinciales y, de allí, a la Nacional. Aquí se mantiene el voto directo, pero la postulación de candidatos es indirecta.

La Asamblea Municipal elige el 50% de las candidaturas entre los delegados de circunscripción. La otra mitad son otras personas de la localidad, principalmente referentes de organizaciones de la sociedad civil, como la Central de Trabajadores de Cuba o la Federación de Mujeres Cubanas.

6. ¿De qué manera se eligen las instancias ejecutivas?

Cada asamblea, sea municipal, provincial o nacional, elige de entre sus miembros la instancia ejecutiva. En el caso de las dos primeras se trata del Consejo de Administración. Y a nivel nacional se conforma el Consejo de Ministros y se elige al jefe de Estado.

En este aspecto se trata de un sistema similar al del parlamentarismo de países europeos como Reino Unido o Alemania.

7. ¿Qué obligaciones tienen los legisladores?

Todas las personas electas para un cargo público en Cuba no perciben un sueldo específico, sino que mantienen el salario que tenían en su trabajo previo. Además, una vez finalizado el mandato regresan a su antigua labor.

Asimismo, por lo menos dos veces al año cada delegado debe realizar una asamblea de rendición de cuentas ante sus electores. Si estos consideran que no está cumpliendo bien sus tareas pueden revocarlo y exigir una nueva elección.

8. ¿Por qué las asambleas tienen pocas sesiones?

Las distintas instancias de Gobierno cubano se reúnen pocas veces al año. Esto se debe a que cada delegado de circunscripción debe pasar la mayor parte de su mandato recorriendo su zona y recogiendo los reclamos y propuestas de sus electores.

9. ¿Que es el modelo de ‘parlamentarización de la sociedad’ que se aplica en Cuba?

Tal como reseñó en el libro ‘Cuba y la lucha por la democracia’ el excanciller y expresidente de la Asamblea Nacional cubana, Ricardo Alarcón, el modelo aplicado en la isla se asienta en el concepto de “parlamentarización de la sociedad”, del austríaco Hans Kelsen.

Este planteo sostiene que en las sociedades modernas es imposible desarrollar una democracia directa permanente debido a la cantidad de población y la extensión de los territorios. Para salvar ese problema, Kelsen propone reproducir pequeños parlamentos en todas las instancias necesarias

Tomado: matrizur.org

OTAN, terrorismo y migración

Comprender lo que está sucediendo en Siria, Irak o Libia donde el Estado islámico (EI) ha crecido y sigue creciendo y saber cómo mejor afrontar esta debacle del siglo XXI que no puede ser detenida sólo con bombardeos. Entender cuáles son las mejores medidas preventivas para los atentados y para manejar mejor el tema migratorio y la información terrorista difundida por Internet, son algunas de las preguntas que trataron de responder en dos días de debate el Grupo Especial Medio Oriente y Mediterráneo de parlamentarios de la OTAN (Organización del Atlántico Norte) reunidos esta semana en Roma.

De la reunión participaron 150 parlamentarios de 35 países  de la OTAN y asociados, entre ellos, aparte de los europeos y Estados Unidos, naciones como Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Marruecos, Jordania, Georgia, Kuwait y Túnez. Para los europeos -pero no sólo para ellos porque también varios países árabes han sufrido ataques-, el tema terrorismo está en la primera página de su agenda, sobre todo teniendo en cuenta los cifras recientes de  los llamados “foreign fighters” (la gente que se desplaza de distintos países para ir a luchar con el Estado Islámico o EI) dadas a conocer por uno de los expertos de la conferencia. Según el diputado italiano Andrea Manciulli, historiador y experto en estos temas que fue elegido ayer  Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y que presentó el informe aprobado por esa asamblea, unos 30.000 ciudadanos extranjeros, provenientes de 50 naciones, han combatido en Siria y en Irak. La mayoría de estos combatientes provienen de países como Arabia Saudita, Marruecos y Jordania entre otros. Pero también se cuentan unos 3.000 europeos,  entre ellos 1.000 franceses, 500 ingleses y 400 belgas. Muchos de estos foreign fighters, se explicó, ahora que EI ha sufrido una importante derrota en Siria, se están desplazando a otros países para estimular grupos terroristas o para hacer atentados.  Se estima que entre el 10 y el 30% de ellos están volviendo a los propios países de origen.

“La derrota en Raqa (Siria) y Mosul (Irak) no ha sido la derrota definitiva del EI”, advirtió el primer ministro italiano Paolo Gentiloni hablando ante la asamblea. Al mismo tiempo llamó a la OTAN y a la Unión Europea a asumirse su parte de responsabilidad en materia de migraciones y de tráfico de seres humanos. “Si la OTAN no mira hacia el sur, no podrá entender ni resolver los problemas de hoy”, concluyó el premier, señalando además como pasos importantes “la consolidación de la estabilidad política en la zona de los Balcanes, en el norte de África y en Medio Oriente”. 

Inmigración, seguridad en general y terrorismo se han transformado en un desafío global, aseguraron los expertos, y como tal deben ser afrontados. Para eso es necesario no sólo comprender la situación socio-política-cultural de los países del sur de Europa sino el modo en que el EI ha evolucionado, se explicó. Su propaganda, por ejemplo, ya no es tan sanguinaria como al principio cuando mostraba cómo asesinaba a sus víctimas. Ahora esa propaganda es mucho más inteligente y actualizada en materia de uso de los medios de comunicación y de lo que ofrece Internet. El EI tiene una revista que publica online, una especie de agencia de noticias llamada Amaq News, y usa una red social como Telegram para ofrecer todo tipo de información para quien quiera preparar un atentado, hacer una bomba, etc. Y muchos jóvenes, desocupados, disconformes con su vida o con el ambiente donde viven, se alimentan de ello. En Italia, sin ir más lejos, esta semana fue arrestado un chico de 15 años, nacido en Italia pero de familia marroquí, que se había puesto en comunicación con estos portales y quería saber cómo hacer una bomba para ponerla  en un tren con un dron.

La inestabilidad política en el norte de África y en Medio Oriente es otro factor a considerar, ya que el EI aprovecha esas crisis para penetrar en el territorio. El caso de Libia tiene particularmente preocupados a los gobiernos europeos, en especial a Italia, cuyas costas de la isla de Lampedusa distan unos 100 kilómetros de Libia. El país norafricano tiene dos gobiernos actualmente  –uno de ellos reconocido por la ONU– y unas 30 tribus muy activas que disputan el territorio. Según el informe del diputado Manciulli, Libia es un país atractivo para el terrorismo por su posición estratégica, su reserva de petróleo, sus puertos, sus depósitos de armas y su permisividad con el contrabando.

Sobre el tema de las migraciones, la intervención del presidente del Senado Italiano, Pietro Grasso, apuntó contra ciertas tendencias políticas conservadoras europeas que aseguran que con los migrantes llegan los terroristas. En buena parte de los atentados ocurridos en Europa, dijo,  los terroristas “eran franceses o belgas, no habían llegado con los inmigrantes. Es una elucubración sin fundamento decir que con los inmigrantes llegan los terroristas”. Otra de las expositoras, la investigadora holandesa Frasje Molenaar, del Instituto Holandés para las Relaciones Internacionales, indicó que “el análisis de las migraciones está lleno de prejuicios, como si todos los migrantes africanos quisieran venir a vivir a Europa”. Según investigaciones realizadas por su centro, sólo el 30 por ciento de los que migran de África, se han embarcado hacia Europa, la mayoría prefiere quedarse en la región”.

Tomado: Pagina/12

Bolivia denuncia nueva injerencia política de EEUU

Bolivia emitió a través de su Cancillería su rechazo por las reuniones sostenidas entre los encargados de negocios de la Embajada de Estados Unidos (EEUU) y políticos opositores bolivianos, lo que es considerado un intento de injerirse en asuntos de La Paz.

“Como Cancillería, estamos haciendo llegar la protesta respectiva, porque conocemos el derecho internacional, los acuerdos a los que cada Estado se ha adherido y tiene obligación de cumplir”, ha dicho el ministro boliviano de Exteriores, Fernando Huanacuni, en una entrevista radial difundida por su oficina de prensa.

El Gobierno boliviano se queja de reuniones mantenidas por el diplomático estadounidense Peter Brennan con líderes opositores como los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002), en las que según medios locales conspiró para impedir la repostulación del actual mandatario Evo Morales, en las presidenciales de 2019.

Brennan, que concluirá en diciembre su mandato como máximo representante diplomático de EEUU en Bolivia, mantuvo además reuniones con el gobernador de Santa Cruz (este), Rubén Costas, y con la alcaldesa de la ciudad El Alto, Soledad Chapetón.

En este sentido, el Gobierno de Bolivia acusó a Brennan de “conspirar e injerir en asuntos internos del país andino”, mientras que el diplomático justificó sus encuentros como “reuniones de despedida”, cita Hispantv.

“Estas reuniones (son) evidentes, sólo con la oposición, ¿qué puede uno deducir de esas reuniones?”, ha cuestionado Huanacuni.

“Que un encargado de negocios se pueda solamente reunir con los ‘anti-Evo’ (…) No hay que ser muy inteligentes para deducir lo que está realizando este señor”, agregó el canciller.

La Casa Blanca decidió designar como encargado de negocios en La Paz a un nuevo funcionario estadounidense, Bruce Williamson, luego de que el presidente Morales amenazara con expulsar a Brennan.

El Gobierno boliviano advirtió a EEUU de que no le permitirá utilizar su embajada como centro para atentar contra Bolivia y su Presidente.

Tomado: marizur.org

Pyongyang: La decisión de Trump de calificar a CN de “terrorista” justifica nuestras armas nucleares

Corea del Norte ha denunciado la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de volver a designarlo como un supuesto patrocinador estatal del terrorismo, diciendo que la medida equivale a una “provocación grave” que justifica el desarrollo de armas nucleares por parte de Pyongyang.

La agencia oficial de noticias de Corea del Norte (KCNA) dijo el miércoles que el Norte no estaba de ninguna manera conectado con el terrorismo y no le importaba “si EEUU nos califica de terroristas o no”.

“Al volver a incluir a (Corea del Norte) como un ‘patrocinador estatal del terrorismo”, EEUU reveló abiertamente al mundo entero su intención de destruir nuestra ideología y nuestro sistema utilizando todo tipo de medios y métodos”, dijo la KCNA.

Al hacer pública su decisión durante una reunión del gabinete de la Casa Blanca el lunes, Trump acusó al Norte de respaldar “actos de terrorismo internacional” y dijo que la medida debería haberse tomado “hace años”.

Tomado: Tercerainformacion

El Reino Unido ‘defenderá’ las Malvinas en cooperación con Israel

Un informe publicado este miércoles por el diario británico Express detalla que Londres ha invertido 78 millones de libras esterlinas (104 millones de dólares) en el Sky Sabre, un avanzado sistema defensivo localizado en las islas Malvinas, cuya tecnología es similar al sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro.

Esta nueva medida belicista la adoptó el Reino Unido después de que Argentina decidiera reforzar su presencia militar en el suelo que reclama como suyo, comprando cazas Super Etendard, de fabricación francesa, equipados con misiles antibuques Exocet, argumenta la publicación.

El reporte señala que los cazas adquiridos por Buenos Aires son similares a los empleados en la Guerra de las Malvinas en 1982, sin embargo, advierte, cualquier fuerza “invasora” tendrá que enfrentarse al Sky Sabre, cuya instalación se completará en 2020.

La información señala, además, que el contratista militar está trabajando con la empresa israelí Mprest para asegurarse de que el sistema rivalice con el sistema israelí, Cúpula de Hierro, desarrollado por la propia Mprest.

En este sentido, Natan Barak, el director ejecutivo de Mprest, ha asegurado que Sky Sabre podrá “proteger” cualquier zona en el mundo. El sistema, ha explicado Barak, conecta muchos “sensores” para crear una imagen táctica y “lo hace rápido” y da lugar al aumento de la seguridad del Reino Unido, ha enfatizado.

El empresario israelí ha añadido que nadie sabe cuándo ni dónde se iniciará un nuevo conflicto a raíz de la cantidad de cambios geopolíticos que ocurren en el mundo. “Uno no sabe qué pasará en los próximos tres años (…) Queremos estar seguros de que nuestro sistema pueda manejar una guerra que no la hubiéramos pensado”, ha recalcado Barak.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, anunció en 2015 que el país europeo se gastaría 280 millones de libras esterlinas en los próximos 10 años para renovar y fortalecer su defensa en Malvinas.

El litigio entre Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de las islas Malvinas motivó una confrontación bélica entre ambos países, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que acabó con la vida de 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños.

Tomado: tercerainformacion

Grupos palestinos acuerdan celebrar elecciones presidenciales a finales de 2018

Esta decisión se alcanzó durante una reunión celebrada los días 21 y 22 de noviembre entre los representantes de los grupos palestinos, en el marco del acuerdo de octubre con el que el Movimiento de Resistencia de Palestina (Hamas) y el Movimiento Palestino de Liberación Nacional (Fatah) buscan reconciliar y reunificar políticamente Cisjordania y la Franja de Gaza.

“Se encargará a la Comisión Electoral Central y a las partes interesadas que lleven a cabo todos los preparativos para la celebración simultánea de las elecciones presidenciales, parlamentarias, así como los comicios al Consejo Nacional, a más tardar en el año 2018”, según la declaración final de la reunión.

Ambas facciones encargaron al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, la elección de la fecha definitiva para esta cita electoral.

La declaración no precisó si Hamas y Fatah sellaron o no un pacto sobre las responsabilidades de seguridad en la bloqueada Franja de Gaza, que hasta ahora ha permanecido en manos de los servicios de seguridad de Hamas.

Sin embargo, las facciones han urgido al presidente palestino a poner fin a las sanciones impuestas al enclave costero, como los cortes de suministro eléctrico.

El pasado 12 de octubre, Hamas y Fatah acordaron en El Cairo poner fin a las fisuras y establecer un gobierno de unidad nacional palestina. La Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada se encuentran separadas administrativamente desde 2007.

Tomado: terccerainformación

México: En Chiapas, declaramos Estado Feminicida

A 10 años de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y a un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (DAVGM), nos siguen matando; entre el 18 de Noviembre de 2016 al 13 de Noviembre de 2017 como organizaciones civiles hemos registrado los siguientes datos: 119 muertes violentas que deben investigarse como feminicidios y 46 feminicidios documentados; mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) registra en 2017, de Enero a Octubre, 27 feminicidios y 35 muertes dolosas lo que arroja un total de 62 mujeres asesinadas en Chiapas.

El pasado 18 de Noviembre del año 2016 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASVM) emitió Declaratoria de Violencia de Género para el estado de Chiapas; desde entonces las organizaciones peticionarias de la DAVGM hemos dado puntual seguimiento junto a familiares de víctimas, sobrevivientes de violencia feminicida, organizaciones civiles, personas y colectivos que integran la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.

En ese sentido, a lo largo de este año hemos asistido a las cuatro sesiones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y a varias mesas de trabajo que se han convocado por distintas instituciones del gobierno de Chiapas, encargadas de la implementación de las medidas para atender la DAVGM, mismas en donde se han tomado acuerdos para la implementación de medidas urgentes en materia de capacitación de servidores y servidoras públicos, prevención, justicia, medidas de reparación, difusión y denuncia.

No obstante, al cumplirse un año del ordenamiento federal para que el gobierno estatal asuma ante el Sistema y la sociedad las acciones para impulsar la instrumentación de lo que mandata el Reglamento de la LGAMVLV y que indica: “La declaratoria de alerta de violencia de género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”.

Y al observar que esta obligación, impuesta al Estado Chiapaneco, no se cumple para que con responsabilidad, urgencia y eficacia implemente las medidas de la Declaratoria a fin de evitar, sancionar y generar medidas de no repetición para garantizar una vida y espacios libres de violencia contra las mujeres en Chiapas denunciamos:

1.- La dilación injustificada de las instituciones del gobierno estatal, en concreto de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, de cumplir con los acuerdos que permitirían subsanar o disminuir la negligencia institucional como el procedimiento de investigación, la aplicación de protocolos, medidas de protección, servicios de traducción y la asistencia profesional en el servicio público para atender, canalizar y erradicar vicios frecuentes como: el desconocimiento y nula aplicación de protocolos y normas para la atención de violencia contra las mujeres, corrupción y abuso de los cuerpos policíacos, prejuicios y estereotipos machistas de los administradores de justicia y la articulación de dependencias para la atención integral de víctimas y sobrevivientes.

2.- La ineficaz coordinación entre las instituciones de los tres órdenes del gobierno, municipal, estatal y federal, para brindar atención integral a los casos, situaciones y contextos en donde las agresiones contra las niñas y mujeres y el feminicidio refleja la desproporcionada dimensión de la creciente violencia en Chiapas.

3.- La ausencia y vacío de autoridad del poder ejecutivo estatal ya que a lo largo de este año el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, no logró convocar a una sola reunión en donde estuvieran presentes los alcaldes municipales de las 23 localidades señaladas por el organismo federal para la implementación de medidas urgentes para la atención de la DAVGM; incluso algunos alcaldes hicieron llamados al Gobierno Estatal evidenciando el olvido y desprecio del Poder Ejecutivo en relación a su falta de interés en atender los alarmantes índices e indicadores de violencia en los 124 municipios de la entidad.

4.- La instrumentalización y el uso de los recursos destinados a la DAVGM para promocionar la descalificada imagen del gobernador, que simula la atención de las causas de la violencia estructural en Chiapas, como la pobreza, injusticia y violencia contra las mujeres, con fines electorales tal como lo han expresado seguidores de su partido Verde asegurando que se precisa de la reelección y/o recolocación en cargos públicos para cumplir con la implementación de la Declaratoria de Alerta de Género en Chiapas.

5- La discriminación a mujeres, racismo y clasismo del gobernador Velasco Coello que ha quedado patente públicamente en mensajes publicitarios machistas y misoginos al expresar “mis mujeres”, con un sentido de pertenencia y paternalismo de aquellas personas que acuden a los eventos multitudinarios que acarrean los programas asistenciales y de desarrollo social.

6.- El desprecio por la vida de las niñas, adolecentes, mujeres y ancianas que día a día peregrinan por el calvario de las instituciones del gobierno estatal en busca de ser atendidas y escuchadas al ser víctimas de violencia en cualquiera de sus formas y expresiones: directa, sexual, psicológica, laboral, obstétrica, institucional, simbólica, cultural, patrimonial, económica, feminicida y/o estructural.

7.- La recurrente omisión e invisibilización de la violencia que particularmente padecen mujeres inmigrantes y refugiadas, niñas y mujeres con capacidades diferentes, personas indígenas, el tráfico y trata de personas que en Chiapas, por ser estado fronterizo, caracterizan a la Alerta de Violencia de Género y su urgente atención multicultural, pluriétnica y generacional.

8.- El estado continua inmerso en un conflicto armado interno, y esta situación de guerra, que militariza al estado y recrudece la violencia y violación de derechos humanos con antecedentes no resueltos de grave violencia contra las mujeres, en especial indígenas, niñas, adolecentes, pobres como la Masacre de Acteal que es un Feminicidio y genocidio dando como respuesta actos de represión contra los movimientos civiles y sociales.

9.- Sigue sin respuesta el tema de la atención puntual a mujeres víctimas de violencia, en especial por el acceso a la justicia y a la salud en casos de abuso sexual, físico, psicoemocional y otros, no hay traducción e interpretación con pertinencia cultural ni perspectiva de género, seguimos siendo el primer lugar en abuso infantil y embarazo en adolecentes, las ofendidas y víctimas no cuentan con Defensor/as Victímales, el tema judicial quedo sin atenderse y agrava las condiciones de indefensión en el nuevo Sistema Penal acusatorio, que las deja en estado de indefensión sean ofendidas e incluso acusadas.

10.- Las víctimas directas de feminicidio y tentativa, familiares, testigos, peritos, defensoras y acompañantes, incluidas desde el inicio de la solicitud y casos paradigmáticos, siguen sin encontrar total satisfacción al derecho a la justicia, a la vida, a la integridad, a la verdad. Hay un número indeterminado de niñas/os huérfanas/os de por lo menos 200% más que las víctimas mortales -pues el padre mató a la madre- sin atención y sin justicia de medidas integrales de protección y reparación del daño.

Estas razones y otras que hemos plenamente documentado a lo largo de este año de la DAVGM son las que nos permiten caracterizar que en Chiapas y en México tenemos un Estado Feminicida ya que no sólo es permisivo sino cómplice de la violencia contra las niñas, mujeres y ancianas y la creciente violencia feminicida en nuestras casas, calles, comunidades y ciudades de la entidad.

Hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia a que nos organicemos para juntas demandar al Estado Mexicano por incumplimiento no sólo de la DAVGM sino por la reiterada omisión al Derecho a la vida, igualdad, libertad y seguridad personal, igual protección ante la ley, ser libre de todas las formas de discriminación, a la salud física y mental, condiciones de trabajo justas y favorables, a no ser sometida a torturas ni tratos crueles y/o denigrantes que constituyen las más reiteradas violaciones a los Derechos de las Mujeres que documentamos en nuestro quehacer cotidiano.

¡No más violencia contra las mujeres!

Tomado: Tercerainformacion

EEUU y Colombia consolidan su alianza contra Venezuela

El vicepresidente estadounidense recibió el sábado en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Óscar Naranjo, con quien trató la situación de Venezuela y cómo hacer frente al Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro.

Conforme a un comunicado emitido por la Casa Blanca, ambos funcionarios manifestaron su “profunda preocupación” por la coyuntura “en deterioro” en el país caribeño, además de subrayar su “firme compromiso” para respaldar la democracia en Venezuela.

Al ser preguntado en una rueda de prensa sobre la cuestión venezolana, Naranjo indicó que su par estadounidense había mostrado “especial interés en Venezuela por delegación de presidente Donald Trump”, quien, agregó, “valora la solidez del Gobierno de Juan Manuel Santos en relación con la situación venezolana”.

“Colombia acompaña el proceso de revisión y aplicación de medidas económicas que se han comenzado a aplicar para Venezuela”, aseguró el vicepresidente colombiano, en alusión a las sanciones impuestas por Washington a Caracas.

Tras reiterar el apoyo de Bogotá a la oposición venezolana, el funcionario colombiano puso énfasis en el compromiso de su Gobierno para que en el vecino país haya “una salida democrática no traumática”. Colombia, apostilló, “no ha sido y no será un espectador de esta situación crítica en Venezuela”.

La reunión entre Pence y Naranjo se produjo en momentos en que el Gobierno venezolano y la oposición, agrupada en la Mesa de Unidad Demócrata (MUD), celebraron el jueves en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, una reunión preparatoria para retomar el proceso de diálogo de paz, promovido por Maduro, y poner fin a la crisis política.

Los chavistas acusan a EE.UU. y Colombia (entre otros países) de la situación que Venezuela ha vivido en los últimos meses, en particular de lanzar una “guerra económica” e incitar a los opositores a llevar a cabo actos de violencia y de sabotaje.

Tomado: Tercerainformacion