Venezuela es víctima de una agresión permanente en los frentes económico, político, diplomático y mediático por parte del Gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo manifiesto de derrocar el proceso revolucionario.
Durante su intervención en el 73 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a finales de septiembre, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseveró que la política hostil de Washington y sus aliados internacionales busca la destrucción de un proyecto autónomo de revolución democrática y reivindicación social.
Las agresiones promovidas por los centros imperiales de poder responden asimismo a razones geopolíticas, al poseer Venezuela la riqueza petrolera más grande del mundo y estar en vías de certificar la primera reserva de oro a escala global, precisó el jefe de Estado. Maduro recordó que durante los últimos dos años Venezuela resultó sometida a una serie de medidas unilaterales ilegales de persecución financiera y bloqueo económico, las cuales impiden la utilización del dólar en las transacciones internacionales.
Al repudiar nuevas medidas coercitivas implementadas recientemente por la administración de mandatario estadounidense, Donald Trump, el presidente venezolano subrayó el carácter ilegal de dichas acciones desde el punto de vista del derecho internacional.
'Venezuela también es sometida a una agresión permanente en lo mediático, se ha tratado de construir un expediente para justificar una intervención internacional, (...) una intervención militar de control de nuestro país', indicó Maduro.
CRONOLOGÍA DE UNA AGRESIÃ'N CONTINUADA
La política hostil del Gobierno de Estados Unidos escaló a un nivel superior el 9 de marzo de 2015, cuando el expresidente Barack Obama declaró emergencia nacional por la 'amenaza inusual y extraordinaria' que, a su juicio, representaba Venezuela para la seguridad norteamericana.
El 28 de abril de 2016 el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley para extender, hasta 2019, las sanciones aplicadas por Washington contra funcionarios del Gobierno bolivariano.
En ese sentido, el 13 de febrero de 2017 la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos incluyó al entonces vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, en una lista de personas vinculadas al narcotráfico.
Asimismo, a pocos días de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en julio de 2017, la administración Trump aplicó sanciones a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el fiscal general Tarek William Saab, y el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, entre otros altos funcionarios del Estado.
Posterior a los comicios del órgano plenipotenciario, convocado por Nicolás Maduro en respuesta a la ola de violencia fratricida promovida por sectores radicales de la oposición, Washington impuso sanciones directas contra el mandatario venezolano, mediante la congelación de supuestos activos en territorio norteamericano.
El 25 de agosto de 2017 el gobierno estadounidense prohibió a los bancos de ese país realizar transacciones nuevas con el Ejecutivo o con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, así como transacciones en bonos emitidos por el Estado sudamericano y dicha entidad.
La decisión constituyó la primera sanción emitida al sistema económico y financiero venezolano. Además de promulgar nuevas medidas coercitivas contra diversos funcionarios y dirigentes políticos, Washington prescribió en marzo del año en curso las transacciones relacionadas con cualquier moneda digital emitida por el Ejecutivo de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018.
Tales acciones buscaban frenar el desarrollo de la criptomoneda el Petro, creada por el Estado venezolano como una alternativa para efectuar transacciones ante la férrea persecución financiera y el bloqueo de activos y cuentas bancarias del país sudamericano.
EXPEDIENTE DE CRISIS HUMANITARIA
Las autoridades venezolanas denunciaron en varias ocasiones y en diversos escenarios internacionales el bloqueo económico, comercial y financiero dirigido a provocar el colapso de la economía.
Dichas medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington y sus aliados del continente americano y la Unión Europea, provocaron el recrudecimiento de la crisis de la economía, inducida en parte -además- por acciones desestabilizadoras promovidas por sectores oligarcas.
Maduro señaló en la Asamblea General la construcción a nivel mediático mundial de un expediente contra Venezuela para pretender una crisis humanitaria, que bajo los conceptos de Naciones Unidas justifique una coalición de países liderada por Estados Unidos para intervenir en la nación sudamericana.
En tal sentido, el discurso mediático de los centros imperiales de poder hace énfasis en la denominada incapacidad del Estado venezolano para garantizar el bienestar de su pueblo, y magnifica el flujo migratorio a niveles nunca antes vistos en la región, pero omite totalmente el impacto negativo de las sanciones impuestas por la Casa Blanca.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las medidas coercitivas afectaron la capacidad de Venezuela de recibir, importar, procurar lo fundamental y básico para la producción, la alimentación y salud de la población.
Indicó la fuente que solo en la institución Credit Suisse, con sede en Suiza, los títulos de Venezuela sufrieron una pérdida de 265 millones de dólares en los últimos 10 años debido a las sanciones de Estados Unidos.
Mientras, la compañía de servicios financieros Euroclear, con su casa matriz en Bélgica, mantiene bloqueados mil 600 millones de dólares del gobierno venezolano.
En un reciente informe emitido sobre la situación en el país, el experto independiente de la ONU Alfred de Zayas resaltó que las sanciones económicas contra Venezuela 'contravienen el 'espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas' porque 'afectan a poblaciones inocentes'.
De acuerdo con de Zayas, en el caso venezolano los efectos de las medidas unilaterales han agravado directa e indirectamente la escasez de diversos medicamentos, lo que ocasiona demoras en su distribución y agravantes en numerosos casos de muerte, consecuencias que pueden ser consideradas como crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, constató que el Banco Central de Venezuela puede utilizar solo 14 de sus 33 cuentas corresponsales en el exterior, lo que genera obstáculos para los pagos del sector público a fin de importar medicinas y alimentos, y afecta el funcionamiento normal del aparato productivo nacional.
De acuerdo con el experto independiente de la ONU -citado en el portal Misión Verdad-, 'las sanciones y los bloqueos económicos de la actualidad se comparan con los asedios medievales de las ciudades con intención de obligarlas a rendirse'.
Sin embargo, en la actualidad, medidas de esta naturaleza tienen como objetivo doblegar no solo a ciudades, sino a países soberanos, como el caso de Venezuela, nación aferrada a un proyecto autónomo de revolución democrática y reivindicación social.
Las agresiones promovidas por los centros imperiales de poder responden asimismo a razones geopolíticas, al poseer Venezuela la riqueza petrolera más grande del mundo y estar en vías de certificar la primera reserva de oro a escala global, precisó el jefe de Estado. Maduro recordó que durante los últimos dos años Venezuela resultó sometida a una serie de medidas unilaterales ilegales de persecución financiera y bloqueo económico, las cuales impiden la utilización del dólar en las transacciones internacionales.
Al repudiar nuevas medidas coercitivas implementadas recientemente por la administración de mandatario estadounidense, Donald Trump, el presidente venezolano subrayó el carácter ilegal de dichas acciones desde el punto de vista del derecho internacional.
'Venezuela también es sometida a una agresión permanente en lo mediático, se ha tratado de construir un expediente para justificar una intervención internacional, (...) una intervención militar de control de nuestro país', indicó Maduro.
CRONOLOGÍA DE UNA AGRESIÃ'N CONTINUADA
La política hostil del Gobierno de Estados Unidos escaló a un nivel superior el 9 de marzo de 2015, cuando el expresidente Barack Obama declaró emergencia nacional por la 'amenaza inusual y extraordinaria' que, a su juicio, representaba Venezuela para la seguridad norteamericana.
El 28 de abril de 2016 el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley para extender, hasta 2019, las sanciones aplicadas por Washington contra funcionarios del Gobierno bolivariano.
En ese sentido, el 13 de febrero de 2017 la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos incluyó al entonces vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, en una lista de personas vinculadas al narcotráfico.
Asimismo, a pocos días de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en julio de 2017, la administración Trump aplicó sanciones a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el fiscal general Tarek William Saab, y el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, entre otros altos funcionarios del Estado.
Posterior a los comicios del órgano plenipotenciario, convocado por Nicolás Maduro en respuesta a la ola de violencia fratricida promovida por sectores radicales de la oposición, Washington impuso sanciones directas contra el mandatario venezolano, mediante la congelación de supuestos activos en territorio norteamericano.
El 25 de agosto de 2017 el gobierno estadounidense prohibió a los bancos de ese país realizar transacciones nuevas con el Ejecutivo o con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, así como transacciones en bonos emitidos por el Estado sudamericano y dicha entidad.
La decisión constituyó la primera sanción emitida al sistema económico y financiero venezolano. Además de promulgar nuevas medidas coercitivas contra diversos funcionarios y dirigentes políticos, Washington prescribió en marzo del año en curso las transacciones relacionadas con cualquier moneda digital emitida por el Ejecutivo de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018.
Tales acciones buscaban frenar el desarrollo de la criptomoneda el Petro, creada por el Estado venezolano como una alternativa para efectuar transacciones ante la férrea persecución financiera y el bloqueo de activos y cuentas bancarias del país sudamericano.
EXPEDIENTE DE CRISIS HUMANITARIA
Las autoridades venezolanas denunciaron en varias ocasiones y en diversos escenarios internacionales el bloqueo económico, comercial y financiero dirigido a provocar el colapso de la economía.
Dichas medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington y sus aliados del continente americano y la Unión Europea, provocaron el recrudecimiento de la crisis de la economía, inducida en parte -además- por acciones desestabilizadoras promovidas por sectores oligarcas.
Maduro señaló en la Asamblea General la construcción a nivel mediático mundial de un expediente contra Venezuela para pretender una crisis humanitaria, que bajo los conceptos de Naciones Unidas justifique una coalición de países liderada por Estados Unidos para intervenir en la nación sudamericana.
En tal sentido, el discurso mediático de los centros imperiales de poder hace énfasis en la denominada incapacidad del Estado venezolano para garantizar el bienestar de su pueblo, y magnifica el flujo migratorio a niveles nunca antes vistos en la región, pero omite totalmente el impacto negativo de las sanciones impuestas por la Casa Blanca.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las medidas coercitivas afectaron la capacidad de Venezuela de recibir, importar, procurar lo fundamental y básico para la producción, la alimentación y salud de la población.
Indicó la fuente que solo en la institución Credit Suisse, con sede en Suiza, los títulos de Venezuela sufrieron una pérdida de 265 millones de dólares en los últimos 10 años debido a las sanciones de Estados Unidos.
Mientras, la compañía de servicios financieros Euroclear, con su casa matriz en Bélgica, mantiene bloqueados mil 600 millones de dólares del gobierno venezolano.
En un reciente informe emitido sobre la situación en el país, el experto independiente de la ONU Alfred de Zayas resaltó que las sanciones económicas contra Venezuela 'contravienen el 'espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas' porque 'afectan a poblaciones inocentes'.
De acuerdo con de Zayas, en el caso venezolano los efectos de las medidas unilaterales han agravado directa e indirectamente la escasez de diversos medicamentos, lo que ocasiona demoras en su distribución y agravantes en numerosos casos de muerte, consecuencias que pueden ser consideradas como crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, constató que el Banco Central de Venezuela puede utilizar solo 14 de sus 33 cuentas corresponsales en el exterior, lo que genera obstáculos para los pagos del sector público a fin de importar medicinas y alimentos, y afecta el funcionamiento normal del aparato productivo nacional.
De acuerdo con el experto independiente de la ONU -citado en el portal Misión Verdad-, 'las sanciones y los bloqueos económicos de la actualidad se comparan con los asedios medievales de las ciudades con intención de obligarlas a rendirse'.
Sin embargo, en la actualidad, medidas de esta naturaleza tienen como objetivo doblegar no solo a ciudades, sino a países soberanos, como el caso de Venezuela, nación aferrada a un proyecto autónomo de revolución democrática y reivindicación social.
Tomado: prensa latina
