lunes, 28 de marzo de 2022

Bukele pierde el control: El parlamento de El Salvador establece un régimen de excepción ante la ola de violencia

 La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado este domingo el establecimiento de un régimen de excepción por un periodo de 30 días, para hacer frente a la ola de violencia que abate al país centroamericano. La decisión llega ante la brutal ola de violencia que sacude el país, con centenares de asesinatos en los enfrentamientos entre la maras, bandas de crimen organizado con una amplia implantación en toda Centroamérica, que azotan especialmente a El Salvador.

La decisión se toma tras la solicitud del presidente Nayib Bukele, que elevó la petición al Parlamente (en el que cuenta con una holgada mayoría) tras varias jornadas con decenas de asesinatos en las calles. “Aprobamos la solicitud del presidente Nayib Bukele, en el sentido se decrete Régimen de Excepción para afrontar las graves perturbaciones al orden público”, apuntaban portavoces del legislativo tras la votación.

La decisión contó con el beneplácito de 67 diputados, de la bancada del presidente Nuevas Ideas y sus socios de gobierno, pero sin el apoyo de las principales fuerzas de oposición, el izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), y la derechista ARENA.

Los diputados del FMLN se abstuvieron, criticando una vez más la deriva autoritaria de Bukele, mientras ARENA contó con el desmarque del diputado René Portillo Cuadra, que rompió la disciplina de voto para secundar la petición del mandatario en la Asamblea.

Bukele llegó al poder en junio de 2019 con la promesa de acabar con la violencia de las bandas criminales organizadas «cortando las comunicaciones en las prisiones, reduciendo las extorsiones y deteniendo a quienes les financian». Sin embargo, tres años después y tras tomar decisiones tan controvertidas como la aprobación del uso de fuerza letal por las fuerzas de seguridad contra cualquier sospechos de pertenecer a una mara en 2020, o los sucesivos recortes de derechos civiles, el problema, lejos de contenerse, parece agravarse.

La respuesta de Bukele parece ser una constante fuga autoritaria, con el progresivo recorte de derechos fundamentales. De esta forma, Bukele solicitó el sábado al Parlamento decretar de manera urgente el régimen de excepción, el cual puede aplicarse en caso de guerra, invasión, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público.

En este sentido, el régimen de excepción establece la suspensión durante 30 días de “las garantías constitucionales contempladas en los artículos 7, 12, 13 y 24 de la Carta Magna”, en palabras de la propia mesa de la Asamblea. Es decir, el derecho de reunión, la libertad de asociación, el derecho de defensa, el plazo de detención administrativa, así como la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones. Con el decreto también se autoriza todo tipo de detenciones sin orden ni control judicial.

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador reportó que el sábado fue el día más violento de la historia reciente del país tras haberse registrado un total de 62 asesinatos, en el marco de una escalada violenta que dio inicio el viernes pasado.

Tomado: tercerainformacion

Expectativa en Perú por proceso de vacancia de Pedro Castillo

 Será el segundo intento en menos de cuatro meses de retirar del gobierno al mandatario quien hoy cumple apenas ocho meses en el cargo, en un contexto de constante crisis e inestabilidad política iniciado años atrás, reflejado en el hecho que el país tuvo cinco presidentes en cuatro años.

La expectativa no solo se enfoca en el resultado de la moción de vacancia, sino también en la posibilidad que, si bien no alcance los dos tercios de votos del total de congresistas, pueda lograr un apoyo significativo de aliento a nuevos intentos.

El Ejecutivo aguarda con aparente tranquilidad el desenlace, según lo evidenció anoche el ministro de Justicia, Félix Chero, al declarar que “tenemos la firme convicción de que los congresistas van a estar a la altura de los intereses del país”.

Ello implica, dijo, tener un proyecto en el que el Ejecutivo y el Legislativo se comprometan “a hacer su trabajo por el país”, más allá de diferencias políticas y mediante el consenso planteado por Castillo en una presentación ante el Congreso hace dos semanas.

“Los congresistas van a entender que no es el momento y no están dadas las condiciones para una vacancia”, aseguró.

Ratificó que la vacancia como acto de fiscalización no puede usarse como venganza de algunos sectores aislados que no pueden asimilar la victoria electoral de Castillo, que es el triunfo de los peruanos que votaron por él.

Sobre las acusaciones de presunta corrupción que figuran entre los motivos invocados a la vacancia, Chero dijo que son “infundios sin ninguna prueba”.

Añadió que, además, al presidente “se le irrespeta constantemente y no se tiene en cuenta la investidura que tiene como representante de todos los peruanos”.

También se refirió a la asistencia del presidente a la sesión parlamentaria de hoy, no confirmada, aunque Castillo ha dicho que está dispuesto a ir.

Chero refirió que le ha aconsejado que asista “siempre y cuando se le respete la investidura que tiene” y él tendrá que evaluar y decidir al respecto.

De otro lado, la prensa, en su mayoría alineada con la oposición, defraudó las expectativas de quienes pensaban posible que los diarios y programas periodísticos de TV dominicales difundieran alguna noticia adversa al presidente, de impacto tal que pudiera inclinar la balanza a favor de la vacancia.

Una marcha convocada por una fracción de extrema derecha ajena al Parlamento, para presionar por la vacancia, registró ayer una escasa asistencia.

Tomado: tercerainformacion

martes, 22 de marzo de 2022

Reportan que Irán creó un sistema financiero clandestino para eludir las sanciones económicas de EE.UU.

 Irán estableció un sistema bancario y financiero clandestino para poder realizar transacciones comerciales prohibidas por las sanciones de EE.UU., informa este viernes The Wall Street Journal, que se remite a fuentes diplomáticas occidentales y de inteligencia familiarizadas con el asunto.

En el marco del sistema creado, se utilizan cuentas en bancos comerciales extranjeros, empresas intermediarias registradas fuera de Irán, compañías que coordinan transacciones prohibidas, así como una cámara de compensación de transacciones dentro del país.

Según los documentos obtenidos por el diario, los bancos iraníes, que prestan servicios a empresas que no pueden realizar operaciones de exportación e importación debido a las sanciones, involucran a subsidiarias que se crean fuera del país y que luego sirven como intermediarios para los negocios iraníes. A través de estos intermediarios se realizan las ventas de petróleo y otras materias primas, así como las transacciones para la compra de bienes extranjeros por parte de Irán en dólares, euros y otras divisas a través de cuentas abiertas en bancos extranjeros.

Parte de los ingresos recibidos por las empresas intermediarias en el extranjero se retiran de las cuentas y se introducen de contrabando en el país mediante mensajeros. No obstante, la mayor parte permanece en cuentas bancarias en el extranjero.

Si bien las sanciones limitaron el desarrollo económico de Irán y provocaron el colapso de la moneda local, el rial, ese sistema bancario ayudó al país a resistir el cerco económico y a hacer crecer su economía después de tres años de declive. Asimismo, permitió a Teherán resistir la presión del presidente de EE.UU., Joe Biden, quien buscaba que Irán regresara al Plan de Acción Integral Conjunto adoptado en 2015, que fijó limitaciones al programa nuclear de la nación persa a cambio del levantamiento de las medidas de castigo, según afirman las fuentes.

El periódico también señala que el hecho de que Teherán haya esquivado con éxito las prohibiciones económicas muestra lo limitado del efecto de las sanciones financieras mundiales ahora que Occidente se las impone a Rusia a raíz de su operativo en Ucrania.

Parte de los ingresos recibidos por las empresas intermediarias en el extranjero se retiran de las cuentas y se introducen de contrabando en el país mediante mensajeros. No obstante, la mayor parte permanece en cuentas bancarias en el extranjero.

Si bien las sanciones limitaron el desarrollo económico de Irán y provocaron el colapso de la moneda local, el rial, ese sistema bancario ayudó al país a resistir el cerco económico y a hacer crecer su economía después de tres años de declive. Asimismo, permitió a Teherán resistir la presión del presidente de EE.UU., Joe Biden, quien buscaba que Irán regresara al Plan de Acción Integral Conjunto adoptado en 2015, que fijó limitaciones al programa nuclear de la nación persa a cambio del levantamiento de las medidas de castigo, según afirman las fuentes.

El periódico también señala que el hecho de que Teherán haya esquivado con éxito las prohibiciones económicas muestra lo limitado del efecto de las sanciones financieras mundiales ahora que Occidente se las impone a Rusia a raíz de su operativo en Ucrania.

Tomado: matrizur.org

La defensa del agua aumenta la persecución sobre las personas que lideran la lucha ambiental en Latinoamérica

  La defensa del acceso al agua no contaminada está aumentando la presión, en forma de persecución, acoso e incluso asesinatos, sobre las personas que defienden los recursos naturales y la biodiversidad. El estrés hídrico va en aumento por la confluencia del cambio climático con prácticas extractivas que se están intensificando. Así lo denuncia Alianza por la Solidaridad-ActionAid con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra este 22 de marzo. Hoy, según datos de la OMS, aún una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y un 40% tiene escasez.

La situación es muy preocupante en algunos de los territorios donde trabaja la organización, como son América Latina, África y Oriente Medio. En África son las sequías generadas por el cambio climático, en Palestina la situación de ocupación de Israel y conflicto armado, y en América Latina son los agronegocios y la hidroeléctricas las que están detrás del expolio del agua. Algo que provoca no sólo vulneraciones de derechos humanos fundamentales, sino violencia contra quienes se enfrentan  a este acaparamiento.

Conviene recordar que el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en inglés), advierte de que América Latina ya está siendo afectada por el incremento del nivel del mar,  la erosión costera, la acidificación del océano y las sequías extremas. El mismo informe también alerta de cómo afectará a la agricultura, tanto en la región andina por la desaparición de los glaciares, como en Centroamérica, donde ya hay importantes movimientos migratorios.

Actualmente, según la FAO-OCDE, América Latina y el Caribe representan ya el 14% de la producción agrícola mundial y el 23% de las exportaciones de productos y se prevé un aumento del 22% de los cultivos y del 16% de los productos ganaderos en seis años (2028). Sin embargo, no hay seguridad alimentaria en la región porque muchos hogares no pueden costearse los alimentos y la pobreza extrema está en aumento desde 2015, reconocen ambos organismos. Esta presión sobre el agua y la tierra se está incrementando sin que se tomen de manera urgente las medidas de adaptación al cambio climático.

En este contexto, crece la criminalización de las personas defensoras ambientales. El informe último de Global Witness, de 2021, recoge un total de 227 asesinatos en el mundo el año anterior. A la cabeza está Colombia. Entre los 10 con más crímenes de este tipo también están México, Brasil, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Se incrementa la presión sobre los recursos naturales como el agua 

Alianza ActionAid, junto a otras 10 organizaciones en la Comunidad Valenciana ha impulsado  un manifiesto para apoyar a las comunidades del sur global afectadas por el monocultivo  de la caña de azúcar, cuyos impactos han sido documentados en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Colombia, en el informe  El amargo negocio de la caña de azúcar: ¿desarrollo para quién?”.  Por ejemplo, este año se estima que el 80% de El Salvador registre máximos niveles de estrés hídrico por la escasez del agua. Sin embargo, la actual Ley de aguas en ese país garantiza 37 mil litros de agua durante 15 años para la industria cañera, al tiempo que desprovee a las juntas comunitarias de agua.

La ONG reclama al Gobierno estatal una Ley de debida diligencia que obligue a las empresas españolas o que operan en todo el estado a identificar y evaluar el riesgo de que su actividad impacte negativamente, de manera directa o indirecta a través de su cadena de valor, en el disfrute de los derechos humanos y el medio ambiente, y que facilite el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Igualmente, Alianza ActionAid recuerda estos días casos de defensores como el del guatemalteco Bernardo Caal Xol, encarcelado en su país desde enero de 2018 (más de cuatro años) por la defensa del río Cahabón y del río Oxec tras la instalación de grandes presas hidroeléctricas que colapsaron los cauces, en territorio indígena, para exportar energía. Estas obras se hicieron vulnerando el Convenio 169 de la OIT, que obliga a una consulta a los pueblos indígenas para obtener su consentimiento informado.

Alianza-ActionAid lleva casi 40 años trabajando en proyectos de acceso al agua en Colombia, Nicaragua, Guatemala o Senegal gracias a financiación de la AECID, de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) y la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO).

Tomado: tercerainformacion

sábado, 19 de marzo de 2022

El Frente Polisario advierte que la decisión de Sánchez pretende legitimar la represión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad

 El Frente Polisario y el Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) consideran que el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez a la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental es una cesión ante el chantaje marroquí, «una desviación peligrosa, que viola la legalidad internacional», que «pretende legitimar la represión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el saqueo de riquezas que persigue Marruecos contra el pueblo saharaui».

El gobierno saharaui ha hecho público un comunicado en el que transmiten su «enorme asombro» ante la decisión del Gobierno de España. En primer lugar, la RASD apunta al incumplimiento de la legalidad internacional que supone, yendo en contra de las posiciones establecidas por Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y varias jurisdicciones de derecho internacional, que siempre han calificado la ocupación marroquí como ilegal. El gobierno saharaui apunta a la responsabilidad directa de España en la cuestión, como ex metrópoli y responsable de su proceso de descolonización según los tratados internacionales.

«La posición emitida en ambas declaraciones carece de credibilidad, seriedad, responsabilidad y realismo», apunta el gobierno de la RASD en este sentido, recalcando que «se produce en un contexto caracterizado por la gravedad que atraviesa el conflicto del Sáhara Occidental tras la reanudación de la guerra en noviembre de 2020, y el estado de tensión en la zona por la continuación del Reino de Marruecos de sus políticas expansionistas y planes para azotar la seguridad y estabilidad de la región».

Chantaje marroquí

Para la RASD, la única explicación posible de este sorpresivo cambio de posición no puede ser otra que el chantaje de Rabat. «Desgraciadamente, en lugar de que Madrid pretendiera restablecer sus relaciones bilaterales con su vecino del sur sobre bases correctas y sólidas, optó por someterse, una vez más, al chantaje marroquí», asegura en su comunicado.

El gobierno saharaui hace alusión además a los peligros que establece Madrid al adoptar por completo las tesis marroquíes, no dando por buena únicamente la anexión del territorio saharaui, sino que haciendo referencia a la «integridas territorial», un argumento en línea con las aspiraciones expansionistas de marruecos que genera graves conflictos con otros países vecinos como Argelia o Mauritania.

Para la RASD, el nuevo posicionamiento afecta de forma muy negativa a cualquier posible rol de España en la solución del conflicto de descolonización en el Sáhara Occidental, y los esfuerzos actuales para reactivar y revitalizar el proceso de paz por parte de las Naciones Unidas. Sin embargo, apunta a su responsabilidad como antigua metrópoli del territorio, planteando que no puede «no puede desligarse unilateralmente de sus responsabilidades jurídicas frente al Sáhara Occidental y su pueblo, ya que es la potencia administradora del territorio pendiente de descolonización».

Tomado: tercerainformacion

lunes, 14 de marzo de 2022

Nueva represión israelí deja ocho palestinos heridos en Nablus

 Miembros del ejército de Israel reprimieron este viernes las protestas contra el saqueo de tierras y la ocupación en la ciudad de Nablus, Cisjordania, dejando al menos ocho palestinos heridos.

Los manifestantes expresaron su rechazo a los saqueos en las ciudades de Beita y Beit Dajan, ubicadas al sur y al este de Nablus, y fueron dispersados violentamente por uniformados israelíes.

De acuerdo con medios locales, la Media Luna Roja Palestina informó que atendieron a tres personas que fueron alcanzadas por balas de acero revestidas con goma, incluido un menor de 12 años de edad.

En las protestas, concentradas en Beit Dajan contra la construcción de asentamientos ilegales, la Media Luna Roja Palestina detalló que al menos cinco manifestantes sufrieron daños por inhalación de gases lacrimógenos.

En aproximadamente un mes, ocho palestinos fueron asesinados y más de 620 resultaron heridos, mientras protestaban contra los asentamientos coloniales construidos en la cima del Monte Sabih.

El pasado 18 de febrero, 60 palestinos resultaron heridos en Nablus durante protestas realizadas en las referidas ciudades contra la ocupación colonial israelí.

Detenciones de palestinos en Cisjordania ocupada

En esta jornada también fueron denunciadas las detenciones de palestinos, según medios locales, por parte de las fuerzas israelíes.

De acuerdo con lo reseñado, unas 24 personas fueron detenidas en Cisjordania ocupada. Los encarcelamientos se concentraron en las ciudades de Qalqilya.

Entre los detenidos están cuatro jóvenes palestinos, quienes se encontraban en el campo de refugiados de Al- Duheisheh, al sur de Beit Lahm.

Todas estas acciones se suman a las hostilidades cometidas por parte de Israel contra el pueblo palestino, incluyendo encarcelamientos, maltratos y asesinatos.

Tomado: Tercerainformacion

Unicef denuncia el aumento de muerte de menores causados por la guerra en Yemen

 Solo durante en enero y febrero últimos, al menos 47 niños fueron asesinados o mutilados en varios lugares del país, condenó en un comunicado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

“Desde que el conflicto se intensificó en Yemen hace casi siete años, la ONU verificó que más de 10 mil menores resultaron muertos o heridos, aunque el número real es probablemente mucho mayor”, resaltó.

Ante esa situación, el organismo llamó a todas las partes de la guerra a proteger los civiles, de forma especial a ese sector de la población.

El Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) afirmó ayer que más de 20 millones de yemenitas, de una población de 30,5 millones carecen de acceso a atención médica básica y 16,2 millones están amenazados por la falta de alimentos.

Apenas el 51 por ciento de los centros de salud están en servicio tras casi ocho años de guerra, lo cual convierte en un lujo la atención médica, lamentó esa institución.

El CICR resaltó que más de un millón de minas terrestres y artefactos explosivos sin detonar están plantados a lo largo y ancho del país, lo cual provoca muertes y herida a diario.

La guerra comenzó en 2014, cuando los rebeldes se levantaron en armas y ocuparon grandes extensiones del país, incluida su capital, Saná.

Al año siguiente una coalición árabe, encabeza por Arabia Saudita, intervino en el conflicto en respaldo del presidente Abd Rabbu Mansour Hadi.

Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dos tercios de la población, unos 20 millones de personas, dependen de la asistencia humanitaria y el 80 por ciento vive por debajo del umbral de pobreza.

Tomado: tercerainformacion

Guatemala | Decreto 18-2022: ¿vuelta atrás?

 Después de aclarar que esta iniciativa de ley no fue enviada por el Ejecutivo y que su aprobación nada tiene que ver con la decisión del Congreso iberoamericano por la vida y la familia de declarar a Ciudad de Guatemala como Capital ProVida de Iberoamérica, Giammattei se desmarcó de la medida adoptada por el Congreso.

“El decreto 18-2022 viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria, adolece de deficiencias técnicas en su redacción, pero lo más preocupante es que viola la Constitución política de la República”, manifestó Giammattei en un breve video.

Por lo tanto, el mandatario decidió comunicarse con la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, solicitándole que el órgano legislativo mande a archivar la ley.

“En caso contrario”, dijo Giammattei, “he decidido que, si esta ley llega a mi despacho, la misma será vetada”.

Una ley sexista y discriminatoria

La decisión del presidente guatemalteco tomó de sorpresa a sus correligionarios, que el pasado 8 de marzo votaron masivamente a favor de la denominada Ley para la protección de la vida y la familia.

Además de rechazar la diversidad sexual, prohibir hablar del tema en las escuelas y negar la posibilidad a personas del mismo sexo de casarse, crear uniones de hecho y adoptar, la ley modifica el código penal y aumenta la penalización del aborto, con sanciones que van de 5 hasta 25 años de cárcel no conmutables.

Pese a la decisión tomada por Giammattei, varias organizaciones que trabajan para la plena inclusión y el respeto de los derechos de las personas diversas, anunciaron actividades de protesta.

“Archivar la ley no basta. Desde el inicio de su gobierno ha criminalizado a quienes defienden el derecho de toda mujer y toda persona LGBTI a vivir con dignidad, y ha retirado del camino a quienes cuestionan su visión autoritaria”, advierte Visibles.

“Desbaratar la justicia desprotege a miles de víctimas de femicidios y de crímenes de odio, por prejuicios que se alimentan a diario con la narrativa que impulsó su bancada y que es, de hecho, la postura de su gobierno”, subrayó la organización.

Visibles, junto a varios colectivos ciudadanos y el bloque universitario, está convocando a la Marcha contra el Odio, que se llevará a cabo mañana 12 de marzo en la capital, saliendo del Obelisco rumbo al Congreso.

Tomado: tercerainformacion

martes, 8 de marzo de 2022

Millones de mujeres desplazadas y afectadas por conflictos armados en varios países, en riesgo de sufrir violencia sexual

 La guerra de Ucrania ha visibilizado, estas últimas semanas, la situación de las mujeres en caso de un conflicto armado: la agresión de Rusia a este país del este de Europa ha supuesto el desplazamiento en pocos días de más de un millón y medio de mujeres y sus hijos e hijas, convirtiéndolas en las únicas responsables de las familias fuera de lo que ha sido su hogar y su entorno. Otras muchas, permanecen en su mayoría ocultas en sótanos dentro del país. Como ellas, millones de mujeres viven hoy, 8 de Marzo, huidas o en riesgo de sufrir violencia en conflictos por todo el mundo, subraya Alianza por la Solidaridad-ActionAid. “Son ucranianas, pero también afganas, sirias, malienses, palestinas o colombianas, entre otras muchas” dice Cristina Muñoz, directora de la organización y experta en acción humanitaria.

Con motivo del Día de la Mujer, la ONG recuerda que, según los últimos datos de ACNUR, a finales de 2021, había unos 30 millones de mujeres y niñas desplazadas en el mundo, muchas de ellas por violencia armada, un número va en aumento y que exige extremar las precauciones para evitar los impactos que las guerras tienen especialmente sobre ellas debido a su género.

Así mismo, Alianza-ActionAid reivindica el papel de las organizaciones lideradas por mujeres y jóvenes, que a menudo están en primera línea de la respuesta humanitaria o liderando movimientos por la paz, y pide su inclusión en los procesos de toma de decisiones, y de negociaciones para la paz.

Como ha constatado Alianza por la Solidaridad durante más de 30 años de asistencia y apoyo a mujeres en conflictos armados, la escalada bélica es paralela, con excesiva frecuencia, a violaciones masivas grupales, esclavitud sexual, prostitución forzada o prostitución porque las mujeres se ven obligadas a ofrecer sexo para sobrevivir o a cambio de protección, “matrimonios” y embarazos forzosos.

Cristina Muñoz, destaca cómo en situaciones de guerra “a las zonas de desplazamiento llegan muchas personas voluntarias de buena fe, aunque sin experiencia, y también mucha otra gente sin ningún control, lo que puede ocultar otra realidad muy preocupante: la aparición en escena de redes de tráfico de mujeres que se aprovechan de la situación de desamparo en la que éstas llegan, solas y sin recursos, para enfrentarse a una nueva vida”. Son contextos, insiste, de muy alta vulnerabilidad.

Situación de las mujeres en conflictos armados

Alianza recuerda que a la actual crisis de refugiadas de Ucrania se suma la de las cientos de miles de mujeres que huyeron de Siria y que no han podido regresar a sus casas porque sigue la violencia o porque sus viviendas fueron destruidas. De hecho, en la zona de Idlib siguen los combates. Solo en el campo de refugiados de Zaatari (Jordania) se estima que viven unas 15.000 mujeres sirias, a las que hay que sumar decenas de miles más asentadas en diferentes municipios y viviendo desde hace más de una década en la extrema probreza. Una de las consecuencias que la ONG ha podido constatar durante estos 10 años de trabajo ha sido el aumento de los matrimonios infantiles y la violencia de género.

También en Palestina la ocupación de Israel y la violencia armada han incrementado el riesgo de sufrir violencia de género. Y lo mismo se ha detectado en la zona de Colombia donde la organización trabaja con mujeres colombianas afectadas por la violencia que no ha cesado tras los Acuerdos de Paz de 2016 y con mujeres desplazadas desde Venezuela. Según una investigación reciente en este último país, los principales riesgos a los que se enfrentan son la violencia intrafamiliar y de pareja, la violencia y explotación sexual y el tráfico de personas. De hecho, muchas mujeres han acabado en la prostitución, matrimonios a temprana edad y relaciones de pareja forzadas, especialmente en la zona fronteriza entre ambos países. Esta realidad convive con otras situaciones de amenazas y “limpieza social” contra mujeres en esa situación de prostitución.

También en el norte de Malí, en la zona del conflicto yihadista donde Alianza trabaja con organizaciones de mujeres, la violencia de género contra no deja de aumentar desde la llegada del islamismo.

Conviene recordar que no existe ningún convenio universal de derechos humanos que se refiera específicamente a la violencia sexual, incluyendo la perpetrada en situaciones de conflicto armado. Con la única excepción de la Convención sobre los derechos del niño, los tratados universales de derechos humanos no recogen hasta ahora referencia alguna a la violencia sexual.

Las mujeres esenciales para la paz 

Estos días, Alianza por la Solidaridad-Actionid está organizando el apoyo humanitario a las mujeres desplazadas desde Ucrania hasta Rumanía y Polonia, mediante la distribución de materiales de higiene personal femenina, medicamentos y otros bienes de primera necesidad. Asimismo, se tiene previsto brindar apoyo psicosocial y legal a las mujeres a su llegada, informándolas de los recursos que tienen a su disposición en caso de sufrir agresiones de cualquier índole.

El papel de las mujeres es esencial para la paz”. Por ello, instan a las agencias de la ONU y ONG internacionales que se aseguren de que las mujeres y los jóvenes de diversas comunidades participen a todos los niveles en la toma de decisiones y la coordinación de la intervención humanitaria en Ucrania.

Ante la existencia de conflictos armados, las mujeres en todo el mundo han liderado, y lideran movimientos por la paz. Sin embargo, en la gran mayoría de los escenarios las mujeres se ven excluidas de toda contribución. En 2020, las mujeres representaban solo el 23 % de las delegaciones que formaban parte de procesos de paz dirigidos o codirigidos por las Naciones Unidas.

Tomado: tercerainformacion

lunes, 7 de marzo de 2022

La sombra de la OTAN en Bolivia

 La OTAN desplegada en un juego de pinzas sobre Europa del Este y a las puertas de Rusia, no es una presencia testimonial en tierras de Sudamérica. Ya está en la base británica de Mount Pleasant en Malvinas, tiene a Colombia como socio extra-continental desde 2017 y su doctrina ya se utilizó en un adiestramiento de la Fuerza Aérea Boliviana, como lo prueba un documento considerado “ultra secreto” al que tuvo acceso PáginaI12. El texto de 83 páginas señala en su encabezado que el Ejercicio Operativo Combinado no Convencional fue denominado Libertad. Su objetivo consistió en una “práctica y aplicación de la Planificación bajo doctrina y terminología OTAN en Operaciones Aeroespaciales Combinadas” destinado a oficiales superiores de la aviación de guerra.

Se trató de maniobras teóricas analizadas en clase y no de una operación sobre el terreno. La fecha del ejercicio es de enero-febrero de 2021, después de que asumiera la presidencia Luis Arce Catacora el 8 de noviembre de 2020. La actividad se desarrolló en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo de Bolivia (ECEMA) con sede en Sucre, que es dirigida por el coronel Dardo Gustavo Vallejos Medina. En el documento se lee que, por cuestiones de “seguridad”, el adiestramiento militar debe considerarse “ultra secreto” y que todo lo concerniente a él “llevará dicha clasificación”.

El largo texto describe una situación general dominada por la hipótesis del combate al narcotráfico. Esta le da marco teórico al ejercicio que se centra en una zona limítrofe de tres países vecinos, que a su vez se identifican con colores. Azul es Bolivia, amarillo Brasil y blanco Perú. La evaluación de un potencial conflicto contempla: “Las posibilidades de enfrentamiento entre los grupos armados movilizados y las fuerzas gubernamentales en el último trimestre son muy altas. Si los dirigentes radicales cumplen sus amenazas de ataques, atentados y reciben apoyo de parte de los clanes del narcotráfico, se desataría un conflicto interno en AZUL (las mayúsculas son del original) de alta peligrosidad que arrastraría a los países vecinos involucrados”.

La doctrina de la OTAN se refleja con nitidez en un párrafo de la página 22: “Por la gravedad de la situación AZUL hace un llamamiento a la comunidad internacional. La OEA con anuencia de la ONU responde conformando una fuerza regional para intervenir en apoyo de AZUL, conformándose para ello una CJTF (Combined Joint Task Force) regional sudamericana con su componente aéreo CJFACC con los países de AMARILLO Y BLANCO”.

La DEA, en el pasado

Aunque durante el gobierno de Evo Morales se expulsó a la DEA de Bolivia en noviembre de 2008, la formación en los cuarteles del país continúa bajo parámetros semejantes a los que establecía la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos. Se señala en el documento al que tuvo acceso este medio que “el incremento de las actividades del narcotráfico ha hecho que determinados dirigentes políticos locales adquieran un gran poder económico y hayan financiado en parte la presencia de elementos extranjeros, los cuales adoctrinan a la población del trópico para que rechacen la presencia de las FF.AA y la Policía Nacional dejando de esta manera accionar libremente a los clanes del narcotráfico”.

La hipótesis de la narco-criminalidad se refuerza en el texto más adelante: “ha recibido apoyo externo de otros países, haciendo acopio de gran cantidad de armamentos, vehículos de transporte, aeronaves y embarcaciones fluviales con el fin de realizar ataques a las FF.AA que realizan la erradicación en las zonas declaradas productoras de la hoja milenaria”.

El documento menciona a Perú como un territorio fértil para el desarrollo del narco que domina en Brasil: “El Comando Vermelho y el PCC tienen emisarios en la selva de BLANCO donde se produce pasta base de cocaína”. De Bolivia dice que “están apareciendo corredores de narcotráfico a lo largo de ríos y canales en AZUL, lo que amenaza con complicar los esfuerzos del país por detener el flujo de cocaína a mercados internacionales”.

Algunos oficiales que asistieron a este ejercicio teórico en Sucre se han entrenado en EE.UU y posiblemente en Colombia. Esta nación asociada a la OTAN sin pertenecer a Europa, es la única de Latinoamérica que obtuvo la aprobación para sumarse a la organización después de que firmara un acuerdo el expresidente Juan Manuel Santos. En diciembre del año pasado, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, suscribió un nuevo convenio con el vicesecretario general de la OTAN, el político rumano Mircea Geoana. Se reforzó así el carácter de socio global del país sudamericano en la alianza atlántica. A ella pertenecen como socios plenos Estados Unidos – en tanto fundador – Canadá y 28 naciones europeas. Varias de las que están más cerca de las fronteras de Rusia son consideradas una amenaza para su seguridad por el gobierno de Vladimir Putin.

Melano es un hombre del expresidente Álvaro Uribe que corre por derecha al presidente Iván Duque. En una visita a Israel en noviembre pasado se quiso congraciar con el gobierno local y declaró: “Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá que ópera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela”. Había perdido de vista que Colombia mantiene relaciones diplomáticas con Teherán desde 1975. Duque tuvo que salir a moderar los efectos de su exabrupto diplomático.

Si la Organización del Tratado del Atlántico Norte se expandió hacia el este europeo hasta cercar a Rusia, si la Unión Europea influyó con determinación para convalidar el golpe de Estado en Bolivia de 2019 junto a la OEA y Estados Unidos, queda ahora en evidencia la influencia creciente de la OTAN entre el Mar Caribe y el Atlántico Sur. No son esas, las aguas donde nació el 4 de abril de 1949. Tampoco el continente que le dio sentido a su existencia.

Ya lo anticipó su secretario general, el noruego Jens Stoltenberg, en febrero de 2019, cuando la Guerra Civil en Ucrania iba por su quinto año: “Por supuesto, es una posibilidad considerar la opción de que también otros países de Latinoamérica se conviertan en socios, lo que luego entrega una plataforma, un marco para una estrecha cooperación política y práctica”, le confesó a la agencia de noticias Reuters. El documento de la Fuerza Aérea Boliviana es un indicio más de esa política expansionista.

Tomado: Pagina/12

gveiga@pagina12.com.ar 

martes, 1 de marzo de 2022

Pedro Castillo denuncia la posible implicación de la Fiscalía en su contra

 El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció este domingo la posibilidad de que la Fiscalía sea parte de un complot en su contra, por la divulgación de la declaración de una empresaria con graves acusaciones de corrupción.

En un mensaje a la nación, el mandatario rechazó las declaraciones vertidas ante la Fiscalía -en la víspera- por la empresaria Karelim López, de actos de corrupción en la que estaría implicado el mandatario.

En su breve intervención, pidió a la Fiscalía que continúe las investigaciones y que “en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas, coherentes con la justicia” tras la declaración de la empresaria López.

«Me dirijo al pueblo peruano, como presidente y como ciudadano, para exigir a la Fiscalía continúe con la investigación ya iniciada y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas, coherentes con la justicia», señaló.

El jefe de Estado peruano mencionó que «si estos hechos son materia de investigación fiscal, cómo es posible que se debata públicamente en los medios. Esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al Gobierno».

El presidente denunció que hay un sector minoritario que nunca aceptará su gobierno y que hoy busca vacarlo para no solucionar los grandes problemas de la patria.

«El pueblo peruano y la comunidad internacional saben de la voluntad antidemocrática y golpista de este sector minoritario», añadió.

Castillo hizo un llamado a los peruanos a mantenerse vigilantes para «defender la democracia y la gobernabilidad de un gobierno que nace del pueblo».

Por otra parte, el vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que ya tienen lista una moción de censura contra el presidente Castillo, la cual presentarán ante la Junta de Portavoces del Congreso este lunes 28 de febrero.

Tomado: tercerainformacion