Asimismo, la Corte IDH está sesionando desde el 9 hasta el 13 de octubre en Colombia. ¿Cómo ha estado el cumplimiento de la sentencia internacional? VOZ habló con Estella Aponte, directora de la Corporación Reiniciar sobre la implementación de la sentencia, las reparaciones a las víctimas, el futuro de las indemnizaciones y la centralidad de las víctimas en todo el proceso.
¿Qué significa para la Coordinadora de Víctimas de la Unión Patriótica la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH?
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Unión Patriótica, representa para Reiniciar, tres décadas de lucha reivindicando el genocidio, también demuestra una lucha por la justicia internacional que declaró al Estado de Colombia responsable por lo ocurrido.
En 1993 Reiniciar, en cabeza de Jahel Quiroga, hoy senadora de la Unión Patriótica presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición en la que indicaba que en Colombia estaba ocurriendo un genocidio por razones políticas, dado que a la fecha iban más de 1.100 militantes y dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, mientras que había otro conjunto de víctimas de distintas violaciones de derechos humanos. Se observaba la intención de eliminar al partido político.
¿Y cómo se tomó internacionalmente esta petición?
En su momento fue bastante sorprendente, porque para entonces no existía el genocidio por razones políticas, se juntó esa sucesión de crímenes contra la Unión Patriótica, no era solo intimidación a sus militantes y a sus votantes, sino que, también eran crímenes que llevaban a resultados electorales; por tal razón se agrupó todos los casos que parecían aislados y se insistió en que era un genocidio.
En 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso, pero no lo asumió como genocidio por razones políticas, dado que en el sistema internacional no se consideraba como tal, pero sí entendió el caso como un conjunto de casos individuales sucedidos en distintos momentos que tenían la finalidad de exterminar a sus dirigentes y diluir la fuerza política.
¿Qué pasó a partir de ahí?
A partir de ese momento comienza una lucha jurídica con el Estado colombiano por el reconocimiento de la magnitud de los crímenes cometidos, por la responsabilidad del Estado y también la constante lucha por las garantías de todos los derechos de los militantes.
Finalmente, después de tres décadas, la Corte Interamericana caracteriza el caso como un grave crimen contra la humanidad, lo califica como un crimen de exterminio.
El reto jurídico sobre el genocidio
¿No como un genocidio?
No, y eso sigue siendo un reto jurídico interamericano, pero lo importante es que, en esa descripción se muestra que es un crimen de lesa humanidad, de exterminio, la Corte IDH deja establecido que fue un crimen planeado, sistemático, donde agentes del Estado y terceros actuaron con el conocimiento pleno del Gobierno.
Por tales razones, nos satisface mucho que se reconozca la responsabilidad internacional del Estado, no solo por haber permitido que ocurrieran los crímenes y por la impunidad, sino porque sus agentes actuaron en los crímenes, los fomentaron y contribuyeron a la impunidad.
Los mecanismos para la reparación
¿Los mecanismos implementados por la Corte IDH como justicia restaurativa resarcen las violaciones de los derechos humanos de las víctimas de la UP?
La Corte IDH ordena un conjunto de reparaciones que van dirigidas a resarcir algunos de los efectos del crimen de lesa humanidad; víctimas individualmente consideradas mientras que otras medidas tienen el propósito que la sociedad colombiana conozca lo que pasó con la Unión Patriótica y no vuelva a ocurrir, para que en un futuro haya garantías efectivas de todos los derechos humanos.
Entre los mecanismos debemos destacar las indemnizaciones, donde agrupan a las víctimas por tipo de violaciones y conforme a esto otorgan unas indemnizaciones en equidad, es decir, se presentó un grupo de 6.000 víctimas, en las cuales había casos que tenían consecuencias probadas, sin embargo, la inmensa mayoría no era propietario de tierras, no conservaba recibos de tratamientos médicos o nunca tuvo tratamiento médico, etcétera.
Entonces la Corte, buscando realmente hacer justicia, dispone unas medidas indemnizatorias en equidad, es decir, una cifra para todo el mundo.
Las reparaciones
¿La indemnización pecuniaria establecida en la sentencia impide o se complementa con la indemnización administrativa que hace el Estado a través de la Unidad de Víctimas?
Por principio internacional una persona no puede ser indemnizada dos veces por el mismo hecho, por tal razón, se va a constatar si la víctima ha recibido una indemnización por vía administrativa por la ley 1448 o por el decreto 1290, así pues, el Estado abrogará o no esto, quien es el responsable de resolver esto.
Esto es si la persona es indemnizada por el mismo hecho, pero si en la vía administrativa y en la Corte son diferentes hechos, pues habrá diferentes indemnizaciones.
-Y sobre las reparaciones simbólicas…
Son medidas simbólicas, de memoria, divulgación e investigación articulada en el que se haga una búsqueda decidida de las personas que se encuentran desaparecidas y se rinde una atención especial a los familiares.
También se va a disponer de hacer, al menos, un monumento y cinco placas regionales que debe hacerse en consenso con las víctimas; también se harán cinco foros en universidades públicas del país, para la reconstrucción de la memoria, informar sobre la victimización, los patrones, el sentido de por qué estas medidas.
Asimismo, el centro deben ser siempre las víctimas, que ellas estén presentes en todos los mecanismos, que sea en consenso todo lo que se haga, que haya una educación para la edificación de los medios de comunicación, tanto del orden regional como el nacional, sobre una reflexión de lo que pasó con el genocidio de la Unión Patriótica, y no se vuelva a repetir.
¿Sí se han implementado las estrategias para los mecanismos de protección y seguridad de los miembros de la UP?
–El primer mojón para iniciar el cumplimiento de esta medida fue la designación de una autoridad nacional que coordinara la implementación. Esto lo cumplió el Gobierno nacional en el pasado abril designando a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a partir de ahí se ha desatado un proceso para ir abordando una a una las medidas.
Acabamos de proponer un plan de trabajo que aborde de manera integral el cumplimiento de las medidas, para que no se vea como medidas sueltas aisladas, sino que agrupamos lo que son medidas de memoria, de sensibilización, de protección, y de justicia y tengan un mayor impacto. Siempre buscando una reparación integral y con mayor impacto.
Publicado en Semanario Voz
Tomado: Agencia prensa Rural
