lunes, 26 de septiembre de 2022

Una nueva fase de la guerra

 Después de meses de impasse sin grandes avances en el frente y bloqueo absoluto en el frente diplomático, las últimas dos semanas han causado una serie de cambios por los cuales se puede hablar ya de una nueva fase de la guerra. Aunque aparentemente menos tectónicos que los producidos el 24 de febrero con el inicio de la intervención militar rusa, los actuales movimientos suponen una nueva situación tanto en términos políticos como militares. El origen de estos cambios puede remontarse al fracaso ruso y republicano a la hora de realizar avances en la región de Donetsk a lo largo de este verano, en el que ni siquiera han logrado alejar la línea del frente de la capital de la RPD, constante e indiscriminadamente bombardeada desde hace varios meses. Sin embargo, el proceso de aceptación de que la operación militar especial no ha logrado, ni iba a lograr en su formato actual, uno solo de los objetivos inicialmente planteados se ha visto acelerado por la exitosa ofensiva de las tropas ucranianas en el frente norte.

La ofensiva de Ucrania en la región de Járkov, ante la que los refuerzos enviados por la Federación Rusa únicamente pudieron cubrir la retirada, no suponen únicamente la pérdida de prácticamente toda la presencia rusa en la región ni la confirmación de que Rusia no dispone de fuerzas suficientes para capturar la ciudad -algo ya evidente desde las primeras horas de la intervención militar en febrero-, sino que ponen en cuestión gran parte de los avances militares en Donbass, principal objetivo de la intervención rusa. La pérdida de Izium no solo supone renunciar, en un periodo a medio plazo, a una ofensiva sobre Slavyansk-Kramatorsk, sino que implica la necesidad de reagrupar rápidamente las tropas para defender la escasa presencia republicana en el norte de la RPD -Ucrania continúa intentando capturar Krasny Liman y Svatovo y es viable que lo logre en los próximos días- y el terreno ganado en la RPL. Aunque los avances ucranianos se han limitado desde el fin de semana del 9-10 de septiembre, en el que Ucrania recuperó una gran cantidad de territorio especialmente peligroso y que potencialmente podía poner en peligro Lisichansk o Severodonetsk, no puede decirse que el frente se haya estabilizado. Ucrania mantiene aún la iniciativa en el frente, algo confirmado implícitamente por el anuncio ruso de movilización parcial.

Días después de que fuera rechazada en la Duma la propuesta del Partido Comunista, y especialmente de su líder, Gennady Ziuganov, de realizar una movilización para paliar el bajo número de efectivos militares en la zona de conflicto, Vladimir Putin firmó esta semana la orden de reclutar a 300.000 reservistas con experiencia militar e incluso con experiencia de combate en sectores militares de especial importancia. No se trata de buscar una victoria concluyente, sino de evitar la derrota.

Rusia busca equilibrar las fuerzas -no en términos de equipamiento sino en el tamaño de su agrupación- para mantener un frente que se extiende a lo largo de casi mil kilómetros y en el que pueden producirse ataques y ofensivas en numerosas zonas. Agotar a las tropas rusas con ataques a lo largo de todo el frente ha sido precisamente la táctica utilizada por Ucrania en los últimos meses. Aunque ha supuesto avances limitados en la región de Jerson, donde Kiev ha recuperado ciertas localidades, pero se mantiene a cierta distancia de la capital regional, el éxito de Járkov ha puesto de manifiesto las debilidades tácticas y militares rusas.

Ese discurso de debilidad rusa -relativa, teniendo en cuenta que, a pesar de la escasez de efectivos, Rusia mantiene aún el control sobre gran parte de cuatro regiones del sur y el este de Ucrania además de Crimea- se ha visto acrecentado esta semana con el resultado del intercambio de prisioneros que se ha producido, con la entrega a Ucrania de más de 250 soldados a cambio de un número muy inferior de soldados rusos y republicanos. Entre las tropas ucranianas entregadas, no a Ucrania sino a un tercer país, se encontraban diez ciudadanos extranjeros capturados por Rusia o las Repúblicas Populares, y los altos mandos del regimiento Azov y la 36ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania capturados en Azovstal. Además de sorpresa, el intercambio ha provocado indignación en amplios sectores de la opinión pública de Donbass y de Rusia, que han visto una grave contradicción entre las palabras y la promesa de un juicio a los miembros del regimiento Azov y los hechos.

Los extranjeros capturados en la guerra, algunos de ellos condenados a muerte, fueron trasladados a Arabia Saudí. Sin detalles sobre las negociaciones, es imposible saber si el diferente destino elegido para ellos se debe, al menos en parte, a los problemas legales que habría sufrido por su pasado en las milicias kurdas Aiden Aslin, en el segundo de los destinos, Turquía. Allí fueron trasladados Redis, Kalina y Volina, posiblemente los prisioneros más valiosos de los que disponía Rusia. Prokopenko, Palamar y Volinsky deberán, de cumplirse el acuerdo, permanecer en Turquía. Rusia cuenta para ello con las garantías personales del presidente Erdoğan, cuyos repetidos intentos de mediación entre Rusia y Ucrania, en gran parte en busca de beneficio geopolítico, han dado resultado en las últimas horas.

Frente al silencio de Rusia, que no ha explicado a su población el motivo de la entrega de prisioneros de tan alto perfil a cambio de un número relativamente bajo de soldados ni si se trataba del cumplimiento de un acuerdo alcanzado en el momento de la rendición, Ucrania ha logrado, sin dificultad alguna, presentar su versión de los hechos. El miércoles por la mañana, momento en el que se difundieron las imágenes del Héroe de Ucrania Denis Prokopenko y su séquito en Turquía, la Oficina del Presidente de Ucrania, en boca de Andriy Ermak afirmaba que Ucrania había intercambiado a 255 soldados por Viktor Medvedchuk, líder de la oposición parlamentaria antes del inicio de la intervención rusa y acusado de alta traición en un proceso que roza la farsa. A pesar de haber afirmado en el pasado que Rusia no buscaba intercambiar a Medvedchuk, ciudadano ucraniano, por prisioneros de guerra, el miércoles se confirmó que su nombre se encontraba en la lista de personas intercambiadas. Eso sí, junto a 55 soldados rusos que regresaron a casa. Desde la realización del intercambio, tan solo Denis Pushilin se ha manifestado para defender el rescate de Viktor Medvedchuk, que ha levantado opiniones especialmente negativas en Donbass. El líder de la RPD ha resaltado la mediación del político ucraniano en los procesos de intercambio de prisioneros a lo largo de los años de guerra entre Donbass y Ucrania.

En este contexto de pérdida de la iniciativa en el frente y completamente perdida la batalla informativa, Rusia trata ahora de calibrar sus fuerzas, reforzar su agrupación y redefinir sus objetivos. Aunque públicamente se sigue manteniendo los objetivos de desnazificación y desmilitarización de Ucrania, parece evidente que Rusia no tiene la fuerza necesaria para obligar a Kiev y sus aliados a cumplir exigencia alguna. Pero lo que pone de manifiesto el fracaso de la intervención rusa según el formato de operación militar especial no son esos objetivos abstractos e inalcanzables, sino el hecho de que en estos más de seis meses Rusia no haya logrado recuperar toda la región de Donetsk y que parte de esas ganancias territoriales en Donbass estén ahora en cuestión.

De ahí que el presidente Putin insistiera esta semana, en su comparecencia a la nación, en que la protección de Donbass es el objetivo principal de la intervención rusa en lo que ya todos admiten que es una guerra, aunque, en realidad, lo fuera ya desde la primavera de 2014. La insistencia en centrar los objetivos en Donbass y la precipitada convocatoria de referendos de adhesión a Rusia, un trámite que comenzó ayer en la RPD, RPL y zonas de Jerson y Zaporozhie bajo control ruso, marca realmente los objetivos actuales de la política rusa en Ucrania. Moscú busca aumentar su agrupación no en busca de una victoria, un avance territorial hacia la soñada Odessa, sino para lograr estabilizar y defender el frente en su forma actual con la única excepción de la RPD. Es ahí, fundamentalmente por el peligro que supone la presencia de tropas ucranianas en las afueras de Donetsk y de Gorlovka, donde Rusia sigue necesitando avances territoriales para proteger a la población civil de dos de las ciudades principales de la RPD.

El resultado de los referendos marcará el territorio que Rusia ha decido defender. Con el ejemplo de Crimea, se puede esperar que esas regiones pasen rápidamente a formar parte de la Federación Rusa, anexión que no será aceptada por Occidente ni tampoco por Kiev, que ya ha manifestado que la “farsa” de referendos no cambiará la situación. Sin embargo, desde el punto de vista ruso, todo ataque contra esas regiones será un ataque contra territorio ruso, que Moscú estará legalmente obligado a defender, por lo que cualquier ofensiva sobre esos territorios supondrá necesariamente una escalada, ya sea militar o política. Como recordaba, en una amenaza escasamente velada, el presidente Vladimir Putin, las amenazas a la integridad del Estado son uno de los supuestos que la doctrina nuclear rusa prevén para la posibilidad de uso de ese tipo de armamento. Con la certeza de que Rusia busca consolidar los territorios ahora bajo su control y que Ucrania buscará seguir avanzando sobre territorio bajo control ruso o republicano, esta nueva fase de la guerra se presenta aún más incierta que la anterior.

Al contrario que hace ochos años en Crimea, cuando Ucrania no dispuso de la fuerza social o militar para hacer frente a los hechos consumados y la población pudo celebrar el resultado del referéndum y de la adhesión a Rusia, la RPD y la RPL viven ahora un proceso acelerado tras muchos años de espera. Pero con el frente a escasos kilómetros, si no metros, y expuestos al fuego de la artillería de largo alcance de Ucrania, los ciudadanos de Donetsk y Lugansk difícilmente podrán celebrar algo que llevan muchos años esperando.

Slavyangrad.es

Tomado: tercerainformacion

Presos palestinos en Israel iniciarán huelga de hambre

 El portavoz de la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros, Hassan Abd Rabbo, precisó en un comunicado que los detenidos rechazan su reclusión bajo la política conocida como detención administrativa.

Ese procedimiento es utilizado por Israel para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.

Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa norma inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.

Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.

Recientemente, cuatro organizaciones no gubernamentales revelaron que las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a tres mil 873 palestinos en el primer semestre de 2022.

Tomado: tercerainformacion

viernes, 23 de septiembre de 2022

“La paz total quiere cerrar todas las violencias organizadas”

 Entrevista con Luis Eduardo Celis, sociólogo e investigador de la Fundación Paz & Reconciliación, sobre la reactivación de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el papel de Venezuela como país garante, la hoja de ruta articulada con la participación social y la polémica propuesta de acordar e ir implementando.

Venezuela ha aceptado ser garante en el proceso de paz que se piensa reactivar con el ELN. ¿Por qué es tan importante este paso para la negociación?

- Es importante decir que Venezuela lleva mucho tiempo ayudando a la paz de Colombia. El presidente venezolano Carlos Andrés Pérez (1989-1993) le ayudó al M-19 en la recta final de la negociación en 1989. También recordemos que en abril de 1991, en medio de la constituyente, una delegación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar visitó la Embajada de Venezuela en Bogotá, lo que derivó en el proceso de Caracas y Tlaxcala, que en el caso del ELN es el primer ejercicio de negociación con el Estado.

Este es un ejemplo de cómo el hermano pueblo venezolano lleva décadas ayudando en el esfuerzo de paz. Para esta negociación con el ELN, Venezuela es y seguirá siendo un país garante.

Como investigador, usted ha planteado una hoja de ruta para reactivar la mesa de negociación con el ELN…

- El gobierno del Pacto Histórico tiene dos grandes planteamientos que coinciden con los intereses del ELN. El primero es la participación. Este es un gobierno que le gusta, que va a convocar y potenciar la participación de la gente. El segundo tema es que este ejecutivo tiene un mandato de cambio y el ELN quiere transformaciones.

Bajo esos dos grandes principios, me aventuro a dar una hoja de ruta inmediata. Lo primero que debe pasar es que la delegación del ELN pueda salir de La Habana y se pueda reencontrar con la dirección del ELN. Ellos necesitan hacer un balance del momento y, si lo consideran necesario, recomponer el equipo. De igual forma, el gobierno tiene que conformar su delegación. Una vez se cumpla esto, vamos a ver la instalación de la mesa. Yo deseo que eso sea en octubre. Sobre el lugar, creería que va a volver a ser en La Habana.

En resumen, yo diría que en estos 100 primeros días de gobierno, que se vencen el 15 de noviembre, se debe lograr la instalación de la mesa, hacer el balance de lo que ambas partes retoman, tener un acuerdo sobre la agenda de trabajo, lograr el cese bilateral, tomar las medidas humanitarias en territorios como Chocó, Arauca, Sur de Bolívar, etc., están los presos y presas del ELN que pueden ser unas 700 personas.

Ambas partes han hablado de retomar los diálogos que iniciaron en Caracas el 30 de marzo de 2016…

- Así es. El gobierno del presidente Petro y el ELN reconocen que se trata de partir de la experiencia anterior en el gobierno Santos, pero ese retomar requiere un balance. A mi juicio lo que hay que recuperar es la agenda firmada en 2016 y evaluar la experiencia del cese bilateral que se logró adelantar durante más de 100 días en 2017.

–En mi concepto, la agenda firmada en 2016 es plenamente vigente. La esencia de lo acordado en ese momento fue proyectar el proceso de diálogo a una dinámica de participación, a una construcción de las transformaciones y que lo pactado tenga una visión compartida de paz.

Se dice que el ELN funciona como una federación de frentes y que el Comando Central, COCE, no tiene rango de maniobra sobre los frentes alzados en armas. ¿Es cierta está apreciación?

- Precisamente ese es uno de los mitos que hay que superar. No es cierto que el ELN por su carácter federado no tenga cohesión interna. En comparación con lo que fue el Secretariado de las FARC, el COCE tiene más intermediación, consultas y deliberación, porque responden a dos culturas políticas distintas. Sin embargo, el ELN es una fuerza cohesionada. El COCE y la dirección nacional responden política y organizativamente por la guerrilla. El cese bilateral de 100 días es un ejemplo de ello.

Esta guerrilla insiste en desmarcarse con el Acuerdo de Paz, incluso han criticado el proyecto de ley de la “paz total” presentado recientemente en el Congreso…

- El Acuerdo de Paz firmado en 2016 fue histórico. La izquierda no estaría en la presidencia si la agenda del país siguiera marcada por el conflicto armado. Ahora, sobre los reparos que tenga el ELN, habrá que escucharlos. Pero la realidad es que ese Acuerdo tiene un sentido de cambio de época para la sociedad colombiana.

Sobre las críticas que ha hecho el máximo comandante del ELN Antonio García al proyecto de ley de “paz total”, no corresponden a la realidad. Nunca el gobierno y esa iniciativa parlamentaria está asimilando a la insurgencia con las mafias o con los herederos del paramilitarismo. Es claro que al único actor que se le reconoce un carácter de rebelión política es al ELN. Lo que sí hay que decir es que la política de la “paz total” quiere cerrar todas las violencias organizadas, eso va a requerir sometimiento u otros tratamientos.

También dicen, yo no tengo nada que negociar con el Estado, sino más bien que el Estado negocie con la sociedad que vive en los territorios. ¿Cuál es la interpretación que hace la guerrilla de eso que llaman “sociedad”?

- El ELN se ha afincado desde mediados de los años noventa en la idea que la salida de los conflictos, no solo el armado, sino toda la conflictividad social, requiere protagonismo popular. Yo comparto eso. De hecho, nuestra Constitución habla que somos una democracia participativa. Entonces, el planteamiento del ELN es perfectamente constitucional.

Esa dinámica de participación puede tener mil canales y mil dinámicas. Ahí sí como decía el presidente Mao, que se abran mil flores y que compitan mil escuelas. O sea, en la participación nos podemos inventar mil cosas. Cabildos, asambleas, seminarios, mesas de diálogo, pueden existir mil formas de participación, donde la diversidad social, comunitaria, ciudadanía, gremial e institucional participen. Pero a eso hay que darle un orden.

Volvemos a encontrar coincidencias. El gobierno del presidente Petro ha hablado de Diálogos Regionales Vinculantes, que no es otra cosa, que diálogos decisorios. Eso va a ser muy importante, porque estará articulado al Plan Nacional de Desarrollo.

Pero parece muy etéreo…

- No si se retoma la agenda. Ya en el 2018, gobierno y ELN habían acordado que la participación puede ser territorial, temática y por sectores. Sí es posible esa participación, sí es posible concretarla y sí es posible aterrizarla en transformaciones que son importantes para las regiones, para la sociedad colombiana. Además, con un planteamiento audaz: acordar e implementar al mismo tiempo. Coloco un ejemplo.

La paz con el ELN pasa por Arauca. Y si se quiere hacer la paz en ese territorio hay que preguntarle a la sociedad araucana, ¿qué sería hoy un pilar en la construcción de paz para el territorio? Seguramente una prioridad será una buena vía entre Saravena y Pamplona que hoy tiene incomunicada a la región y hace inviable cualquier emprendimiento económico.

Si hay voluntad política y se acuerda que la región necesita 140 kilómetros que conectan a Arauca con Norte de Santander, esa iniciativa sale en dos años. Ese “case” de paz es un ejemplo de una acción que puede derivar de un acuerdo y de una implementación automática, con amplio impacto sobre la sociedad.

Hablemos de la lucha armada. ¿Cuáles es la discusión al interior del ELN sobre este tema?

–Hay que dejar claro que desde el año 1991 empezamos a superar la rebelión armada, que en el caso colombiano tiene unas raíces y una explicación. Está demostrado que no es la lucha armada la que va a traer los grandes cambios para la sociedad colombiana. El acuerdo con el M-19 derivó con el proceso constituyente. El Acuerdo de Paz con las FARC nos abrió la posibilidad de crear un ambiente político para el triunfo de la izquierda.

Es decir, han sido las negociaciones de paz las que han desencadenado grandes procesos históricos. La constituyente fue un reordenamiento institucional determinante. El acuerdo con las FARC produjo un ambiente propicio para el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez.

Pero el ELN se mantiene en la lucha armada. Además, hay que decir algo para las lectoras y lectores, el ELN desde su cuarto congreso en 2005 no está pensando en un triunfo global. El ELN sabe que no va a ganar, que no tiene ni el respaldo ni la fuerza, que no lo acompaña la gran mayoría de la sociedad colombiana.

Desde hace 17 años están en un planteamiento político que es la resistencia armada. Por lo tanto, hay que lograr que el ELN superé su propuesta y se transformé en una fuerza civil sin armas para seguir defendiendo sus ideales. La importancia con el proceso de paz que se quiere reactivar, es que el ELN vea que sus aspiraciones de cambio validan su lucha de casi seis décadas con un acuerdo de paz cuyo enfoque es la participación de la sociedad y las transformaciones necesarias. Es importante resaltar que ese proyecto de resistencia armada no es una apuesta marginal, porque el ELN permanece en 190 municipios de la geografía nacional.

Ellos van a salir de la resistencia armada si ven un camino político distinto y este gobierno está en las mejores condiciones para construirlo.

¿Cómo blindarnos de los sabotajes, de los enemigos de la paz que no son pocos y que tienen mucho poder político y económico?

- Es un hecho que el Gobierno del presidente Petro tendrá saboteadores, no solo en el tema de paz sino en muchos otros, y que estarán maniobrando por fuera de la ley. Sin embargo, hay que dejar claro que la oposición democrática, que se puede hacer en las calles o en el parlamento como lo hemos hecho nosotros durante décadas, debe tener todas las garantías. Pero ya hablar de sabotaje es una acción ilegal, gente que va a ejercer violencia para impedir la acción de gobierno por lograr la paz total. A los violentos enemigos de la paz hay que controlarlos democráticamente, hay que aplicarles el Estado de derecho.

¿Es una negociación que tiene al tiempo en contra?

- Tenemos 47 meses para sacar adelante el proceso, por eso la importancia de acordar e ir implementando. Mi recomendación al gobierno y al ELN es que rápidamente se pongan de acuerdo con la participación y que entre noviembre y junio del año entrante puedan llevar esa negociación al Plan Nacional de Desarrollo, porque será el gran instrumento de gestión pública para sacar adelante las iniciativas transformadoras que mandató recientemente la sociedad colombiana.

Finalmente, es de conocimiento público la histórica confrontación entre el ELN y lo que podríamos llamar “la familia comunista” en Arauca. Han sido muchos los asesinados por parte y parte, siendo recientemente el homicidio de Luis Fernández, hijo de la histórica compañera Elsa Fernández de Rojas de la Unión Patriótica, algo muy doloroso y que siguen profundizando las diferencias. ¿Por qué persiste esta dinámica de sectarismo armado en los territorios entre distintas fuerzas de la izquierda? ¿Qué podemos hacer para superar el sectarismo armado y que esto no pueda volver a pasar?

- Lo de Arauca es sumamente complicado. En la configuración territorial y dinámica de sociedad en los últimos 40 años, las FARC y el ELN han sido muy importantes en el territorio, al igual que el Partido Comunista. La acción de los movimientos de izquierda ha sido fundamental en la historia de la región.

Lo que debemos lograr es concretar este esfuerzo de paz, donde Arauca tome un camino de respeto por la vida, de tramitar pacíficamente los conflictos y de dar garantías para el ejercicio de la política. La situación histórica de peleas entre las identidades políticas en el territorio, que han sido muy difíciles y que han llevado ha situaciones lamentables, son temas que necesitan de un balance histórico y el compromiso de superar esa triste historia de sangre. Todas las heridas abiertas tienen que resolverse, donde las izquierdas con garantías y sin armas puedan aportarle al territorio. Esa triste realidad no debe permanecer ni mucho menos repetirse.

Publicado en Semanario VOZ


Fronteras amenazadas: más de 40 comunidades indígenas atacadas por minería ilegal, narcotráfico y grupos armados en Perú

 «No es fácil vivir aquí”, dice Edwin Pérez, apu de la comunidad nativa de Oori, situada entre las cuencas de los ríos Yurúa y Breu, en la región amazónica de Ucayali, en el Perú. El líder indígena asegura que los invasores entran a sus tierras, “talan los bosques para sembrar drogas” y que nunca llegan las autoridades. Sus palabras resumen el olvido que se vive en la frontera.

Su comunidad, Oori, está ubicada en los linderos entre Perú y Brasil, y es el hogar de  familias yaneshas, amahuacas y asháninkas que resisten desde hace años el avance del narcotráfico en sus territorios. Como si eso no fuera suficiente, grupos armados brasileños como el Comando Vermelho cruzan al Perú para supervisar el creciente negocio de la droga.

La precariedad y violencia que vive la comunidad de Oori en la frontera con Brasil no es una excepción. A lo largo de la Amazonía peruana, los territorios de frontera están abandonados por el Estado y se han convertido en zonas propicias para el desarrollo de mafias como las de minería y tala ilegal, y en el peor de los casos, del narcotráfico.

Un equipo de Mongabay Latam investigó y viajó a las comunidades más alejadas del país para conocer de cerca la vida en las fronteras amazónicas. Lo que se reporta desde el campo se sintetiza en dos palabras: violencia y olvido.

Tomado: tercerainformacion

jueves, 22 de septiembre de 2022

127 menores han sido asesinados en Guatemala durante el 2022

 Al menos 127 menores de edad han sido asesinados en Guatemala durante el presente año, informó este miércoles el Centro de Investigaciones Económicas (CIEN) del país centroamericano.   

En conferencia virtual, un funcionario del CIEN aseguró que 2.025 personas han sido asesinadas entre enero y agosto de 2022 en la nación centroamericana, de acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional Civil.

De ellas, indican que 127 víctimas corresponden a menores de 18 años, un 7.2 por ciento del total.   “Las víctimas de homicidio menores de edad representan el seis por ciento del total de homicidios del mes (agosto, 254)”, señala el informe.

Enero fue el mes con más menores ultimados, con 29, mientras el de más baja incidencia fue mayo, cuando contabilizaron apenas seis casos.

De acuerdo con las cifras divulgadas, la nación del quetzal registra este año un aumento del 12 por ciento en los homicidios en relación a igual periodo del año pasado, con 217 asesinatos más y preponderancia del uso de armas de fuego.

tomado: tercerainformacion


lunes, 19 de septiembre de 2022

El Gobierno colombiano se reúne con las disidencias de las FARC

 El Alto Comisionado de Paz del Gobierno colombiano, Iván Danilo Rueda, y una representación de las disidenciasde las FARC-EP se reunieron en el departamento colombiano de Caquetá para la búsqueda de la Paz Total en el país suramericano.

De acuerdo con el documento, fue un encuentro exploratorio para ver la posibilidad de iniciar diálogos que respondan a las necesidades de la nación, expresadas en la políticadel presidente Gustavo Petro.

“Las dos partes expresamos la disposición y necesidad de que estos diálogos estén ambientados por un cese al fuego bilateral, cuya ejecución deberá ser verificada”, expone el comunicado.

El comisionado Rueda explicó a la contraparte el concepto de la Paz Total en su marco constitucional, jurídico y territorial, y los criterios de construcción de confianza para el éxito del diálogo.

Igualmente, destacó la trascendencia que tienen en ese contexto las demandas ciudadanas sustanciales vinculantes y los derechos que se deben garantizar para transitar al Estado Social y Ambiental de Derecho.

Por su parte, los delgados insurgentes insistieron en que para ellos la Paz Total “significa la erradicación de las causas generadoras del conflicto social y armado”, y en su alineación con las intenciones pacíficas del presidente Petro, por lo que consultarían a todas sus estructuras.

Ambas partes acordaron emitir lo antes posible una declaratoria conjunta del cese al fuego bilateral para evitar “más dolor en la familia colombiana” y logar la presencia de terceros neutrales como garantía de los diálogos.

En esta ocasión estuvieron presentes un representante del Gobierno de Noruega y el Jefe de Misión Adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia.

Por el lado de la disidencia de lasFARC-EP asistieron la combatienteÉrika Castro y los combatientesCalarcá Córdoba, Alonso 45 y Ermes Tovar, quienes aceptaron firmar un protocolo confidencial para que se logre la reunión de los mandos del Estado Mayor Central del grupo insurgente.

“Consideramos que como nunca antes, en la historia de nuestro país, se están generando las condiciones para dejar atrás por siempre décadas de violencia fratricida”, concluye el comunicado.

Tomado: tercerainformacion

La fiscalía registra durante 16 horas la casa presidencial de Perú

 El fiscal Jorge García se retiró sin comentarios, tras culminar la operación iniciada ayer por una orden judicial que es materia de controversia y apunta a verificar si la hija putativa del presidente Pedro Castillo, Yeni Paredes estaba allí el 9 de agosto, cuando la residencia presidencial fue allanada para detenerla, sin lograrlo.

La joven es investigada por presunta corrupción a cargo, según la hipótesis fiscal, de una organización supuestamente encabezada por el presidente Castillo, y por el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y que involucraría a la esposa del mandatario, Lilia Paredes, v varios familiares de ambos.

Los registros requeridos corresponden a las cámaras que cubren tres accesos al palacio presidencial, según la orden avalada por una corte de apelaciones, tras negarla un juez de primera instancia por considerar que no tenía competencia para afectar la inmunidad presidencial.

Con similar argumento, los abogados de Castillo, Benji Espinoza y Eduardo Pachas, negaron legalidad al nuevo allanamiento y añadieron que la orden fue impugnada ante la Corte Suprema porque, debido a la inmunidad presidencial, solo este tribunal podía autorizar el registro.

Espinoza aseguró que la joven Paredes, que se entregó el 10 de agosto y está sometida a prisión preventiva por 30 meses, no estaba en el Palacio ese día y aseguró que espera que la decisión de la Corte Suprema declare ilegal la incursión.

El defensor agregó sin embargo que el allanamiento se realizó “con normalidad y sin ningún inconveniente”, y que se entregó al fiscal García las grabaciones de los días 8, 9 y 10 de agosto, como indicaba la orden judicial.

Hizo notar que de los tres magistrados de la corte de apelaciones que autorizó la incursión, uno se opuso por estimar que carecía de competencia para una decisión que correspondía a la Corte Suprema y los otros dos la aprobaron, con cargo a que se defina si tenían o no facultad para validar el allanamiento.

Por su parte, el constitucionalista Pedro Grandez, manifestó preocupación porque “la institución de la Presidencia y la sede donde se ejerce la máxima magistratura del Estado, se encuentra en asedio permanente”.

Se trata, añadió, de “una situación insostenible que debiera llevar a una profunda reflexión sobre su impacto en el futuro de la gobernanza democrática”.

Tomado: tercerainformacion

viernes, 9 de septiembre de 2022

OEA: Almagro, el impresentable

 El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, perdió los estribos después de que el representante de Bolivia ante ese organismo, Héctor Arce, reiterara el pedido de su país para que se le permita acceder a “la información referente” al proceso para elaborar la auditoría electoral que el organismo llevó a cabo en los comicios presidenciales de 2019, misma que sirvió de pretexto y señal de arranque al golpe de Estado que depuso al ex presidente Evo Morales el 10 de noviembre de ese año. Airado, Almagro sostuvo que las supuestas irregularidades se encuentran desglosadas en las “mil páginas” del informe presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE), y espetó un “no hay margen para lo que usted dice, señor, no lo hay”.

Ante el exabrupto del uruguayo, Arce recordó la gravedad de los hechos que se busca esclarecer: la publicación de un reporte que, sin pruebas, denunció un fraude electoral masivo, aunada a la postura de desconocer los resultados oficiales y llamar a la celebración de nuevos comicios, constituyó “la primera vez en casi 75 años de la Organización de Estados Americanos en que un hecho concreto realizado por la Secretaría General ha generado en 12 horas un quiebre constitucional de una democracia”. Por su parte, la representante de nuestro país, Luz Elena Baños Rivas, expresó su preocupación por ver al funcionario “perder la brújula, en un intento de acallar al delegado de un Estado”, y cuestionó “si no tiene de qué preocuparse, ¿por qué reacciona con esta pobre conducta?”

Debe recordarse que el informe de la OEA se realizó de manera exprés, basado en mentiras abiertas y en el escrutinio de un porcentaje ínfimo de los datos. Estudios independientes realizados por consultoras internacionales (una de las cuales tiene entre sus asesores a los Nobel de Economía Robert Solow y Joseph Stiglitz) contradijeron este libelo disfrazado de auditoría, y afirmaron que el análisis estadístico de los resultados electorales y de las actas generales “no muestra evidencias de irregularidades o fraude que haya afectado el resultado oficial”. Uno de estos trabajos sólo encontró conteos “fraudulentos” en 274 de las 34 mil 551 mesas habilitadas para emitir el sufragio a escala nacional.

Pero la absoluta falta de sustento del informe no impidió que la oligarquía boliviana y los agentes externos empeñados en instalar un régimen títere en la nación andina lo tomaran como banderazo de salida para emprender una aventura golpista que dejó decenas de muertos y miles de heridos, anuló la democracia durante un año y supuso pérdidas económicas incuantificables para el país.

En tanto la correlación de fuerzas políticas en el continente no permita avanzar hacia la supresión definitiva de un organismo que no tienen utilidad alguna salvo para las oligarquías locales, los grupos golpistas y el siempre renovado afán de Washington por intervenir en las naciones del continente, es impostergable trabajar en un consenso que lleve a la limpieza de la Secretaría General, y en primer lugar a la destitución de Almagro, un individuo desprestigiado, carente de cualquier capacidad de interlocución y entregado a las directrices de Estados Unidos.

Tomado: Agencia Prensa Rural

Conflicto por acceso a la tierra tensa la relación entre el gobierno Petro y organizaciones populares

 Para el gobierno del Pacto Histórico -cuyas declaraciones fueron hechas por la Vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de Agricultura Cecilia López y el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo- se trata de una “invasión de predios privados” y no de un ejercicio de autonomía territorial de las organizaciones sociales por recuperar las tierras de las que han sido despojadas.

El recién posesionado gobierno considera que “las personas que promuevan este tipo de actos se alejan de los objetivos que el Presidente de la República ha planteado para el acceso a estos predios.” Por lo que piden a las organizaciones populares tener paciencia en el cumplimiento de los términos procesales que deben llevar al acceso equitativo y justo a la tenencia y propiedad de predios con fines agrícolas, al tiempo que asegura que cumplirá con su propósito de una reforma rural como lo consignó en su programa de gobierno.

Por su parte, para organizaciones como el Coordinador Nacional Agrario (CNA), las declaraciones hechas por la Vicepresidenta Francia Márquez estigmatiza la lucha popular que busca hacer justicia ante el despojo de tierras por parte de capitales foráneos y colonos criollos, que forzado el desplazamiento de comunidades enteras en su afán de implantar un modelo económico excluyente de los pueblos étnicos del país. Frente a las declaraciones oficiales, el CNA advierte que las acciones de desalojos podrían incurrir en posibles violaciones a los derechos humanos.

En defensa de sus acciones, el CNA declara en su comunicado que esas acciones “están enfocadas en la protección ambiental, conservar los nichos de vida incentivar la producción de alimentos, sustituir los cultivos de uso ilícito por producción de comida para Colombia y ponerle un freno a la acumulación de grandes extensiones de tierra en manos de monopolios.” Y advierten que el Estado está en el deber de cumplir todos los compromisos anteriores negociaciones para hacer justicia en el acceso a la tierra.

En medio de la discusión, surge la preocupación de sectores sociales y políticos progresistas las declaraciones del dirigente gremial ganadero José Félix Lafaurie  de crear un “Grupo de Reacción Solidaria Inmediata” ante las acciones de campesinos e indígenas en predios presuntamente arrebatados a sus comunidades. El video grabado por el ejecutivo de Fedegan hace temer la promoción de grupos paramilitares.

Tomado: tercerainformacion

lunes, 5 de septiembre de 2022

Vietnam: Celebró el 77° aniversario de su independencia

 En 1887 Vietnam pasó a formar parte de la Indochina francesa y durante la Segunda Guerra Mundial, fue ocupado por los japoneses.

Tras el final de la guerra, el 2 de septiembre de 1945, después de la «Revolución de Agosto», Ho Chi Minh proclamó la creación de la República Democrática de Vietnam, lo que en su momento fue conocido como Vietnam del Norte.

En 1976, las dos mitades de Vietnam se unieron finalmente en un solo país, la República Socialista de Vietnam, pero el 2 de septiembre sigue siendo la fecha clave en el camino de Vietnam hacia la independencia.

La actualidad de Vietnam

Después de la larga guerra que finalizó en 1976, Vietnam poco a poco fue recuperando su economía, hasta convertirse en uno de los países más importantes del Sudeste Asiático.

Desde 1986, implementó una política de renovación del país, necesaria para sacar al país de la fuerte crisis socioeconómica y llegar a un nuevo periodo de desarrollo, industrialización y la modernización. La tasa media de crecimiento del PBI de los 10 años entre 1990-2000 fue del 7,5%.

Un paso importante de Vietnam fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con con Estados Unidos, recién en el año 1995, y a mediados de los 2000, el ex presidente estadounidense Bill Clinton, quien había estado en contra la guerra, visitó ese país.

Hoy, veintisiete años después del establecimiento de relaciones bilaterales, Estados Unidos y Vietnam son socios de confianza con una amistad basada en el respeto mutuo. 

Las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam se han vuelto cada vez más cooperativas e integrales, evolucionando hacia una floreciente asociación que abarca los lazos políticos, económicos, de seguridad y entre personas.

Actualmente, Vietnam ha participado en 16 Tratados de Libre Comercio, tiene relaciones comerciales con 224 países, entre ellos 70 son mercados de exportación de Vietnam, tiene relación con más de 500 organizaciones internacionales, su economía del mercado fue reconocida por 71 países.

Los festejos en el país

Para celebrar el día nacional de Vietnam, se realizaron desfiles, fuegos artificiales y otras festividades en todo el país, con una gran marcha en la plaza Ba Dinh de Hanoi, donde se hizo la Declaración de Independencia.

Es una fiesta muy patriótica, con la bandera nacional de Vietnam desplegada por todas partes y grandes carteles de Ho Chi Minh adornando las paredes de la ciudad.

Además, este año, las celebraciones del Día Nacional contarán con una pausa de cuatro días, según anunció el Ministerio de Trabajo.

La pausa festiva de la independencia de Vietnam de este año durará del 1 de septiembre (jueves) al 4 de septiembre (domingo). Los que hagan horas extras o trabajen en turnos de noche durante estas vacaciones recibirán una bonificación salarial de al menos cuatro veces su salario diario normal.

La historia de Vietnam ha estado marcada por la guerra, que dejó heridas profundas, pero, sin olvidar su pasado, ha podido sobreponerse a estas adversidades hasta convertirse en una pieza clave del panorama mundial y, en especial, del sudeste asiático. 

Una delegación de dirigentes del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Estado, Asamblea Nacional, Gobierno y Frente de la Patria, colocó ofrendas florales y visitó hoy el Mausoleo dedicado al Presidente Ho Chi Minh, en ocasión del 77 aniversario del Día Nacional (2 de septiembre).

Asistieron al acto el presidente Nguyen Xuan Phuc, el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Vo Van Thuong y el titular del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, entre otros altos funcionarios.

Los delegados mostraron su profunda gratitud hacia el Padre de la Independencia, quien consagró toda su vida a la causa de liberación nacional.

Se comprometieron a seguir el pensamiento, la moral y el estilo de vida del Presidente Ho Chi Minh, y fomentar la solidaridad para defender firmemente la independencia y la integridad territorial.

El mismo día, una delegación de la Comisión Central Militar y el Ministerio de Defensa, las carteras de Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, el Consejo Popular y el Comité Popular de la ciudad de Hanoi también rindieron homenaje al líder de la Revolución vietnamita en su mausoleo. /.

Tomado: tercerainformacion

viernes, 2 de septiembre de 2022

El Gobierno boliviano llevará la socialización del Censo a pueblos indígenas y organizaciones sociales

 En una política de Estado que no ocurrió en anteriores procesos estadísticos, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, anunció que la socialización llegará a las autonomías indígena originario campesinas y organizaciones sociales.

Sin precisar fechas, la autoridad dijo que el proceso contempla también al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

Una primera etapa de socialización se desarrolló del 8 al 26 de agosto en las nueve ciudades capitales del país, más El Alto, en el marco de los acuerdos establecidos con el presidente Luis Arce.

Las autonomías indígena originario campesinas y organizaciones sociales están integradas por naciones afrobolivianos, araonas, aimaras, ayoreos, baures, canichana, cavineños, cayubabas, chimanes, chiquitanos, chácobo, esse ejja, guaraníes, guarasugwe pauserna, guarayos, itonamas, joaquinianos, lecos, machineri, moré, mosetén, movima, moxeños, nahua, pacahuara, quechuas, reyesanos, sirionó, tacana, tapieté, toromona, urus, weenhayek, yaminahua, yuquis y yuracaré.

Desde el primer censo de 1831 y el último de 2012, en Bolivia se han desarrollado once registros nacionales de población, cuatro de vivienda, dos de establecimientos económicos y dos agropecuarios, de acuerdo con el estudio “Censo de población y vivienda 2012, características de población”, publicado por el INE.

Es la primera vez que el Estado escuchará a sectores marginados en la historia republicana y tomará en cuenta su voz en la organización del proceso censal.

Tomado: tercerainformacion

jueves, 1 de septiembre de 2022

Las FARC, desde adentro

 El 7 de noviembre de 2021, Facundo Molares era detenido y encarcelado en Ezeiza por pedido de un tribunal inferior de Colombia por hechos que debían ser enmarcados en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de ese país, creada por los Acuerdos de Paz de 2016 que se celebraron entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.

Entre los firmantes de esos acuerdos estaba el mismo Molares. Finalmente, fue liberado el 28 de julio de este año, y en esta entrevista  relata cómo fue su llegada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, su trabajo adentro, y cómo convivía la guerrilla con el campesinado y el resto de la población.

“Yo ingresé a las FARC en julio de 2003  a los 24 años. Llegué por extensión de mi militancia política juvenil –era de la Juventud Comunista en Argentina- y siempre la aventura guevarista ha estado en nosotros, y la posibilidad de participar en una lucha más avanzada en América Latina era un sueño que muchos pretendíamos alcanzar”, comentó.

Y agregó: “Básicamente me encontré con un país con dos Estados. Uno oficial que reside y opera desde Bogotá y en las grandes ciudades, y un Estado insurgente que opera desde los pequeños pueblos, desde los municipios olvidados del país y desde las zonas rurales”.

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El conflicto armado

-Sólo había conflicto armado cuando entraba en esas zonas el ejército oficial. Las bandas paramilitares eran el ejército y entraban por la noche, con capuchas, sin insignias, haciendo lo que hacían en la dictadura argentina los grupos de tareas. Eso sucedía mucho, sobre todo con el campesinado. Con nosotros era otro precio, porque con la guerrilla era peleando.

La guerrilla, el narcotráfico y el relato del norte

-La relación entre guerrilla y narcotráfico que se media a nivel social parte de una estrategia contrainsurgente, una estrategia norteamericana fundamentalmente, para crear un chivo expiatorio. Después de la caída del Muro de Berlín hasta ahora, que los enemigos pasaron a ser el mundo musulmán islámico, en ese intermedio el imperialismo estuvo muy deseoso de encontrar un enemigo identificable, y a nivel latinoamericano no existían razones religiosas, vínculos con un bloque comunista, ni relaciones con una potencia emergente porque no la había. Tenían que encontrar algo que los diferenciara y pudieran señalar a los latinoamericanos como algo malo. Y encontraron el narcotráfico porque el clima de Sudamérica en esa parte de Colombia y Venezuela se presta para ese tipo de cultivos.

La relación que había entre la guerrilla y el narcotráfico era conflictiva, porque el narcotráfico en Colombia es parte integrante del sistema político. Es muy disiente esta pregunta. Cuando se la hacen al Monseñor Rubiano, que fue uno de los grandes arzobispos de Colombia, su respuesta fue: “Hijos, en Colombia el único que no tiene nada que ver con el narcotráfico es Dios”, porque habían encontrado una tonelada de cocaína en una iglesia. Y esa fue su única respuesta posible.

Tomado: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/01/09/2022/las-farc-desde-adentro/