Comunidades mapuche y kolla de Argentina denuncian la crisis humanitaria que atraviesan los pueblos indígenas del país a raíz de políticas de despojo territorial impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y convocan a una conferencia de prensa virtual para el próximo 4 de septiembre.
La rueda de prensa internacional se realizará a las 10H00, hora de Argentina, a través de la plataforma Zoom, con traducción simultánea al portugués, francés, inglés, italiano y alemán. La convocatoria lleva la firma de las Lof Mapuche Melo, Kinxikew y Pillán Mawiza y de la Caminata de Warmis, la movilización de mujeres kolla que llegó a Buenos Aires tras recorrer localidades del norte argentino.
En el documento de invitación, las organizaciones denuncian las políticas de desterritorialización impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y el blindaje legal que, según advierten, le confiere la media sanción de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Esa norma, de aprobarse en la Cámara de Diputados, profundizaría lo que ya ocurre en los territorios, donde las comunidades describen un cuadro de «criminalizar, despojar, y desalojar de sus tierras a los Pueblos Indígenas».
Las organizaciones calculan que ese escenario podría dejar sin su territorio a alrededor de 1.300 comunidades indígenas en distintas provincias. «Este nuevo escenario de despojo, pretende dejar en la calle a unas mil trescientas comunidades indígenas en Argentina, acompañando estos desalojos con causas penales contra autoridades ancestrales de las comunidades en conflicto, como así también, a las familias damnificadas», advierte el comunicado.
La ley de inviolabilidad de la propiedad privada habilita que los desalojos —tanto urbanos como rurales— se tramiten mediante juicio sumarísimo, un proceso judicial extraordinario y acelerado, con la posibilidad de una restitución anticipada del inmueble antes incluso de que se resuelva el litigio de fondo: lo que se conoce como «desalojo exprés». El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la norma puede agravar los conflictos territoriales, dado que la propiedad comunitaria indígena ya está reconocida por la Constitución Nacional y por tratados internacionales firmados por Argentina.
El escenario se agravó desde diciembre de 2024, cuando el Gobierno derogó la Ley 26.160, que declaraba la emergencia territorial indígena, suspendía los desalojos y ordenaba un relevamiento de tierras comunitarias. Según datos oficiales, en el país hay más de 250 conflictos territoriales activos en tierras nacionales y provinciales.
Tomado: Tercerainformacion
