Hong Kong cerró hoy su decimoquinto fin de semana consecutivo con paralizaciones en el servicio público por los brotes de violencia que se derivan de protestas, incluso realizadas en desafío de un veto policial.
Tal y como sucedió en ocasiones anteriores, primero hubo marchas pacíficas pero luego grupos de extremistas recurrieron nuevamente a la obstrucción del trabajo de varias líneas de metro y el tráfico vial con barricadas y concentraciones ilegales en céntricas avenidas del territorio.
Provocaron incendios con bombas caseras en las afueras de algunas estaciones ferroviarias, el edificio parlamentario y las oficinas del Gobierno central de China, lo cual obligó el despliegue de comandos para dispersar a los radicales que ignoraron, además, las advertencias de las fuerzas del orden.
Además, la prensa local reportó la quema de una bandera del país y de anuncios publicitarios por los 70 años de la fundación de China como república, a celebrarse el próximo 1 de octubre.
Para este sábado y domingo todas las peticiones de concentración pública en Hong Kong fueron prohibidas por la policía, en un esfuerzo por preservar el orden durante los feriados por el Festival de Medio Otoño.
Las autoridades hongkonesas y Beijing repudian la continuidad de los disturbios y actos de vandalismo a la propiedad pública, al denunciar que ponen en peligro la seguridad de otros ciudadanos y la estabilidad de la región administrativa especial.
Pese al llamado a la conducta pacífica, racional y civilizada, la llamada Perla del Oriente desde junio pasado registra protestas en rechazo a una ley de extradición que buscaba cubrir lagunas legales que aprovechaban algunos criminales.
Las manifestaciones derivaron en revueltas y pusieron bajo tensión la vida socioeconómica y la prosperidad de uno de los centros financieros y comerciales más dinámicos del mundo.
De hecho la agencia Fitch degradó la calificación crediticia de Hong Kong de AA+ a AA, además de mantener una previsión poco favorable sobre su desempeño económico para el resto del año.
El Gobierno local sepultó la legislación hace unos días en un esfuerzo por poner coto a los disturbios, allanar el camino a las consultas con todos los sectores de la sociedad y revertir el escenario negativo.
Según reconoció la misma jefa ejecutiva de la región, Carrie Lam, con el descontento salieron a flote muchas problemáticas políticas, económicas y sociales como los altos precios de las viviendas, la distribución de la riqueza y oportunidades al público de opinar sobre las decisiones estatales, entre otras.
Es por ello que la dirigente se comprometió a acudir en persona a las comunidades junto a los demás miembros de su gabinete para entablar el diálogo sincero y transparente con las masas.
Asimismo planea nuevos incentivos financieros, pero sobre todo se propone acortar la distancia con la juventud y ciudadanos con distintas posturas políticas, pues lo considera indispensable en la salvación de un sitio referente de la economía mundial.
Tomado. Granma
