Como parte de su política contra los migrantes indocumentados, la Administración de Donald Trump canceló los contratos que tenía con decenas de organizaciones que se encargaban de los procesos jurídicos de los menores no acompañados.
La medida tomada por el Gobierno estadounidense deja en un limbo legal a unos 26.000 menores de 18 años que llegaron al país en los últimos años.
Junto a la cancelación del contrato, los abogados que defienden las causas de los menores no acompañados en los tribunales recibieron también amenazas legales por si deciden continuar con sus litigios contra el Gobierno para que sus defendidos permanezcan en EE.UU.
“Todavía no creo lo que está pasando”, aseguró la abogada hondureña, Cristel Martínez, quien litiga casos de migración desde 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump. “Entonces hubo muchos ataques, pero no algo así. Estamos hablando de las personas que ayudan a tramitar el asilo”, señala Martínez, quien lleva 26 años en el país.
Martínez y su equipo legal llevan los casos de 325 menores en la ciudad estadounidense de Los Angeles. “Lo que el Gobierno está diciendo es que los niños se pueden defender solos”, señala la letrada.
La mayoría de sus clientes llegaron al país en el 2022, durante la administración de Joe Biden. Otros lo hicieron más tarde. Entre sus defendidos hay una bebé de once meses, que no habla y no mantiene comunicación con su representante legal. También los hay de cinco o siete años. Algunos tienen 17.
Tomado: Tercerainformacion
