El titular del Ministerio Público venezolano sentenció que las acciones del 3 de enero de 2026 convirtieron el Derecho Internacional en «letra muerta». La agresión militar estadounidense, que incluyó aviones de combate, misiles, buques de guerra, drones y bombarderos, violó el espacio aéreo venezolano y dejó un saldo de entre 100 y 120 personas fallecidas, entre civiles y militares.
Tarek William Saab comparó la inacción global ante esta ofensiva con el silencio mundial frente al genocidio perpetrado por Israel en Gaza desde 2023, señalando que ambos casos evidencian el colapso de los mecanismos internacionales de protección. El Fiscal denunció que Washington actuó sin declaración formal de guerra ni aprobación del Congreso estadounidense, violando su propia Constitución.
La operación destrozó un incipiente proceso de diálogo bilateral que había comenzado con una llamada telefónica entre los presidentes Nicolás Maduro y Donald Trump. Esa conversación, que preveía una reunión bilateral, quedó sepultada bajo la escalada militar.
Carta de la ONU ignorada: bombardean principios fundamentales
Saab citó el artículo 2, numeral cuarto de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe expresamente «la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado». Esta disposición fundamental fue ignorada por completo durante la operación.
La violación al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica el crimen de agresión, también quedó en evidencia. El Fiscal manifestó su sorpresa ante el silencio de numerosos activistas de derechos humanos que ahora permanecen mudos ante la flagrante transgresión.
El catálogo de normativas vulneradas incluye la Convención de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los tratados de la Corte Internacional de Justicia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Estos instrumentos, según Saab, carecen de efecto práctico cuando se ejecuta una operación militar contra un país que no está en guerra.
El titular del Ministerio Público subrayó que la igualdad soberana de los Estados y el principio de resolución pacífica de controversias quedaron desvirtuados. La agresión «bombardeó y tiroteo» estos principios, dejándolos como simples declaraciones sin aplicación real.
Inmunidad presidencial demolida: ningún líder está a salvo
El principio de inmunidad presidencial absoluta, emanado de la Corte Internacional de Justicia en un fallo de 2002, establece que un mandatario en funciones no puede ser arrestado, procesado ni secuestrado por una jurisdicción penal ajena a su territorio. Este blindaje jurídico fue demolido en el caso venezolano.
Saab enfatizó que el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la soberanía de los pueblos y su derecho inalienable a la libre determinación. Este derecho permite a las naciones determinar su condición política sin injerencias externas.
Tomado: Tercerainformacion
