Un total de 80 ONG humanitarias, de desarrollo y derechos humanos que trabajan en el Territorio Ocupado Palestino, entre las que se encuentra Alianza por la Solidaridad, han manifestado su rechazo y su preocupación tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar su embajada a esta ciudad, contraviniendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Las ONG que trabajan en Palestina, agrupadas en la coalición AIDA, consideran que esta desacertada decisión carece de equilibrio al omitir deliberadamente un reconocimiento de Jerusalén como la capital futura de Palestina. Con ello se incrementará el patrón de violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, a la vez que aumentarán las dificultades para cubrir las necesidades básicas de la población palestina.
Las organizaciones señalan que, de acuerdo con el mencionado Derecho Internacional, Jerusalén Oriental es una parte integral del Territorio Ocupado Palestino y los terceros Estados, incluido Estados Unidos, deben abstenerse de acciones que reconozcan su anexión ilegal y por la fuerza por parte de Israel.
Para Alianza por la Solidaridad, que trabaja con la población de Palestina desde hace más de 24 años, la decisión de Trump no sólo vulnera la Resolución 476 de Naciones Unidas, con consecuencias nefastas para una solución pacífica y justa del conflicto, sino que compromete el débil proceso de paz en marcha y la seguridad y los derechos del pueblo palestino dentro y fuera de Jerusalén.
Las ONG recuerdan que la ocupación ilegal de territorios impacta directamente en la vida de palestinos y palestinas de Cisjordania, Gaza y Jerusalén, que sufren desde hace décadas las consecuencias del bloqueo económico, la violencia militar, las restricciones de movimientos y las confiscaciones de tierra y propiedades, entre otras vulneraciones graves de sus derechos fundamentales.
En la actualidad, el 61% del territorio palestino está bajo control civil y militar de Israel. El número de colonos ilegales israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este asciende a más de 600.000 personas y aumenta año tras año. Por otro lado, el muro de separación en Cisjordania, además de ser ilegal a ojos de la comunidad internacional, no respeta las fronteras de 1967 y se adentra en territorio palestino. Como consecuencia, se estima que más de un 39 % de la población palestina vive por debajo de la línea de pobreza, con índices de desempleo del 43 % en lugares como Gaza. La ONU considera que 2,3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria como consecuencia de la situación descrita.
Alianza por la Solidaridad y sus socias palestinas han constatado reiteradamente las consecuencias que la ocupación tienen, en especial, sobre las mujeres que sufren de forma particular la creciente militarización del conflicto y los efectos de la Ocupación que profundizan en las desigualdades pre-existentes en la sociedad y limitan su libertad de movimientos de manera particular, su acceso a protección y han aumentado los niveles de violencia sexual y de género contra ellas.
Un deterioro general de las condiciones de seguridad, causado por este movimiento político, conllevará mayores restricciones de movimientos, un aumento de los check-points móviles, posibles toques de queda en los barrios palestinos de Jerusalén Este y un previsible aumento de las detenciones políticas. Todo ello no sólo traerá graves consecuencias para la población, sino que supondrá un grave empeoramiento de las condiciones de trabajo de las ONG, dificultando la logística para los proyectos y el acceso a los servicios, y por lo tanto impactando en proyectos de protección de los derechos de las familias y de las mujeres con las que trabaja la organización
Por este motivo, Alianza exhorta a la comunidad internacional, a la Unión Europea, y, en especial, al Gobierno de España, a que tomen medidas efectivas para que prevalezca el Derecho Internacional y se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas.
En la misma línea, Alianza exige al Gobierno español que avance en el reconocimiento del Estado palestino y su tratamiento como Estado soberano, así como que contribuya a activar las negociaciones necesarias para que prevalezca el Derecho Internacional Humanitario y se gestione la creación de un Estado Palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén como su capital.
Tomado: Tercerainformacion
