La apertura económica le dio
ese impulso que según los gobiernos necesita el país en inversión y desarrollo. Para que el país fuera viable, para la inversión extranjera se necesitaba
invitar grandes monopolios a los cuales había que darles garantías para su desarrollo,
entiéndase exenciones tributarias, mano de obra barata, cero compromisos con el
cuidado del medio ambiente y nula seguridad a los trabajadores.
Estos elementos sin duda convertían
al país en un lugar seguro para invertir, sin contar con la asesoría que
políticos, empresarios y abogados hacen a estas empresas para garantizar las
ganancias que esperan obtener, con un mínimo de inversión se han instalado,
grandes conglomerados en el país, que no solo han venido destruyendo el medio
ambiente, sino que han logrado sin mucho esfuerzo corromper las entidades del
Estado, llegando hasta los gobiernos.
En Colombia la corrupción ha
sido inherente al sistema político. Esta ha sido considerada como un mal
necesario o un hecho propio de los políticos, quienes hacen como propio los
dineros públicos, sin que ello les cause alguna vergüenza hacia sus electores o
que estos mismos electores pierdan la confianza. Aunque, la poca participación
en las urnas puede explicar en menor medida que los electores no confían en la
clase política.
La clase política ha logrado
armar un entramado de corrupción que permite que esto se convierta en un
negocio lucrativo, donde existe una división del trabajo y que a la postre solo
una parte de esta se descubra cuando existen casos realmente alarmantes por
nombrar algunos ODEBRECHT, Reficar, donde el Estado no se había dado por
enterado y solo se ha conocido parte de este modelo de corrupción a partir de
lo que los gringos quieren entregar.
Es decir, el país está lejos
de tomar medidas que lleven a desmontar la corrupción como ejercicio políticos,
estos es imposible mientras sean los mismos que legislan a favor de los
corruptos, los que cambian el articulito para seguir chupándole la teta al
Estado o los que jamás se enteraron de los dineros que entraron en sus
campañas.
Las sanciones que impone el
Estado para las empresas que incurren en actos de corrupción nunca se conocen,
sin olvidar que son estas mismas las que demandan por falta de cumplimiento con
abogados muchos de los cuales han pertenecido a las entidades públicas, a las
que ahora acusan y de las cuales esperan recibir jugosos honorarios.
En cuantos discurso se ha
escuchado decir al gobierno de turno que las empresas que incurra en malas
prácticas serán expulsadas del país y cuantas de ellas se han ido. Casos probados
como Chiquita, Drummond, entre otras muchas más, demuestran que la corrupción hace
parte del ordenamiento del territorio.
Casos como la cartelización
de los productos de primera necesidad merecían que se tomaran medidas fuertes,
para evitar que se sigan presentando casos como estos, valga la pena decir,
hasta el momento salvo con unas sanciones pírricas ninguna de estas empresas salió
del país ni cambio sus precios, todo siguió igual.
El debate frente a la
corrupción no se ha dado y desde el gobierno involucrado en casos de corrupción
se ha pretendido mostrar a la corrupción como un simple caso de algunos
avivatos que se apoderan de un dinero que no les corresponde. Dineros que jamás
vuelven a las arcas del Estados.
Esto por laxitud de la justicia permeada por
la corrupción que tiene estratificado a los delincuentes, los que ya se caen
por su propio peso, son enviados a sus casas de lujo adquiridas de formas ilícitas
a pasar un tiempo de descanso mientras salen a disfrutar de sus bienes.
Pero el caso de la
corrupción no puede verse como un simple delito de unos hampones, cuando el
dinero del Estado se pierde se impide el desarrollo del país, la construcción
de infraestructura, hospitales, escuelas, vías de acceso, viviendas, negando la
posibilidad a una gran parte de la sociedad a tener acceso a los más
elementales bienes públicos.
Pese a esto, la corrupción
no solo está en los que se apropian de los bienes públicos, sino en todos
aquellos que ejercen malas prácticas en las contrataciones, no le pagan el sueldo
adecuado a los empleados, utilizan intermediación con el beneplácito del Estado,
el cual les exonera de pagar sus obligaciones tributarias.
