Suponemos que el gobierno del Presidente Santos sabe bien lo que está haciendo, aunque no deja de inquietarnos.
De acuerdo con lo informado por la gran prensa, a las tres de la tarde del día 5 de febrero tendrá lugar una reunión entre la Unidad Nacional, el alto mando militar colombiano y el ministro de la defensa, en la cual la coalición del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos comunicará a la cúpula castrense que las fuerzas armadas oficiales no serán las perdedoras en la firma de un acuerdo final con las FARC, a objeto de tranquilizarlas para que no se opongan al proceso de paz.
El acuerdo sobre dicha reunión surgió de otra reunión celebrada en Palacio entre los voceros de la Unidad Nacional, el mindefensa y el propio Presidente de la República. Allí habrían decidido la necesidad de blindar a las fuerzas armadas de manera tal que no vayan a resultar perjudicadas por lo pactado en materia de justicia en la Mesa de La Habana. Y es esa determinación la que se piensa dar a conocer al cuerpo de generales en la fecha mencionada.
Ateniéndonos a lo informado públicamente, además de las garantías judiciales a los militares en el posconflicto, en esa reunión se tratará acerca del trámite del proyecto en curso sobre fuero penal militar y el compromiso oficial de sacarlo adelante, amén de callar las voces que dentro de las fuerzas militares han manifestado disimuladamente su inconformidad con los desarrollos del proceso de paz que se adelanta con las FARC-EP en La Habana.
En esa triple dirección, el senador Roy Barreras, protagonista central de la reunión preparatoria, declaró ante los medios que se aplicarán beneficios de justicia transicional a guerrilleros y militares, pero no con el mismo rasero. Deberá haber un capítulo especial para la fuerza pública. En el mismo sentido, el senador Armando Benedetti ha salido a decir que habrá que buscar una justicia transicional para los militares, en la cual ellos tengan derecho a un indulto.
Es decir, que habrá dos justicias transicionales completamente diferentes, una para la insurgencia y otra para los integrantes de las fuerzas armadas. Por su parte, también hemos escuchado declaraciones del vocero oficial en la Mesa por parte del gobierno, Humberto de La Calle, en las cuales se refiere a las diferencias con las FARC en materia de justicia transicional y a los esfuerzos que habrá que realizar para superarlas y alcanzar un punto de encuentro.
También nos enteramos unos días atrás de la rueda de prensa concedida por el general Oscar Naranjo en torno a las próximas sesiones de la Mesa, los mecanismos a implementar y la forma como se habrán de desarrollar las discusiones. Todo lo anterior deja claro que existen definiciones por parte del gobierno nacional en todas las materias pendientes, sobre lo cual no duda en informar al público, pese a no haber tratado ni concertado nada aún al respecto con nosotros.
Ya se maneja en la prensa el contenido que tendrán las discusiones de la Subcomisión Técnica sobre el fin del conflicto, no obstante que las delegaciones de las partes en La Habana todavía no abordan el tema del mandato que deberá tener dicha subcomisión para su trabajo. Del mismo modo, se agita el debate en torno a la conformación o participación de las FARC en un cuerpo de policía o gendarmería rural cuando tal asunto ni siquiera ha sido mencionado en la Mesa.
Todas esas cuestiones deben originarse, creemos, en el afán del gobierno nacional por tranquilizar a diversos sectores o grupos de interés con relación a lo que finalmente podría salir de la Mesa. La actitud del Presidente Santos tras su retiro espiritual de Cartagena parece dirigida a fortalecer al máximo en el ánimo de la nación la voluntad de apoyar el proceso de paz de La Habana, y eso está bien. Lo discutible es si para hacerlo conviene agitar tanta expectativa incierta.
En el pasado, hubo una posición tan radical por parte del gobierno con relación a la divulgación de los contenidos que se discutían en la Mesa, se insistió tanto en la denominada confidencialidad y en la inconveniencia de referirse en público a temas delicados pendientes de abordar, que la repentina actitud contraria no deja de llamar la atención. Más cuando ella se liga a prisas, plazos y coyunturas electorales mediante las cuales parece se intenta presionarnos.
Suponemos que el gobierno del Presidente Santos sabe bien lo que está haciendo, aunque no deja de inquietarnos. Sería injusto de nuestra parte no reconocer la buena voluntad oficial en colaborar e incluso facilitar cada uno de los movimientos que ha sido necesario realizar tanto para la recomposición de nuestra delegación como para la integración de la Subcomisión Técnica. En eso el Presidente y demás autoridades han demostrado gran seriedad. Y debe reconocerse.
Aunque en nuestro parecer, esa misma seriedad puede ser cuestionada al observar el mar de especulaciones que circulan, entre otros, sobre los temas a que nos referíamos. O por ejemplo en un asunto tan crucial como el del cese el fuego bilateral. Tras reconocer el cumplimiento por nuestra parte del compromiso adquirido a partir del 20 de diciembre del año anterior, el Presidente insinuó formalmente que su bilateralidad sería un próximo objeto de discusión.
Cuando en realidad se estaba refiriendo a lo pactado en el Tercer Punto del Acuerdo General sobre el final del conflicto, es decir el cese el fuego bilateral que habrá de tener lugar cuando se firme un acuerdo final que la verdad no lo sentimos tan próximo. Hemos seguido sufriendo permanentes arremetidas por parte de las fuerzas armadas regulares, y poniendo sangre guerrillera, que es sangre del pueblo colombiano en lucha. Así es muy difícil continuar.
Ya lo decía el Comandante Fidel Castro Ruz en su más reciente mensaje público, al referirse a las aproximaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, defender la paz es un deber de todos. La humanidad entera lucha contra quienes han hecho de la violencia y la guerra el mecanismo predilecto para acrecentar y defender sus fortunas. La paz, realmente, es una aspiración de los pueblos secularmente sometidos por las armas de los propietarios.
Es necesario que una inmensa mayoría de colombianos se ponga en pie para hacer saber a la oligarquía gobernante que no está dispuesta a seguir soportando su guerra ni sus crímenes. Está bien, estamos dispuestos plenamente a hacer política por vías pacíficas y civilizadas, pero para ello se requiere que los dueños del poder depongan definitivamente su actitud y conductas violentas. De eso se trata en La Habana, y ese cardinal dilema debemos definirlo entre todos.
TIMOLEÓN JIMÉNEZ
JEFE DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Tomado: tercerainformacion
