El 2 de septiembre de 1995 miembros del Congreso de los Estados Unidos enviaron una carta al presidente William J. Clinton como parte del proceso de desclasificación de información pública para conocer la verdad sobre los abusos militarescometidos por las Fuerzas Armadas en Honduras.
«Estimado Señor Presidente: El Gobierno de Honduras está haciendo un serio esfuerzo para reducir la influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles. En julio, el gobierno acusó a 11 militares entre ellos activos y retirados por su alegada responsabilidad en el secuestro y tortura durante los años ochenta (…)», decía la carta.
El escenario de esta misiva fue la ciudad de Washington, DC, a más de 5,300 kilómetros de distancia de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Este proceso de solicitudes de información fue realizado por el entonces Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Leo Valladares Lanza, que publicó el informe preliminar en “En búsqueda de la verdad que se nos oculta”.
Cuatro años antes de que los congresistas estadounidenses enviarán esa carta a Clinton, la impunidad de las Fuerzas Armadas se puso en vilo porque varios de sus miembros fueron acusados por la violación y asesinato de la estudiante, Riccy Mabel Martínez Sevilla.
Su cadáver fue encontrado en un riachuelo el 15 de julio de 1991. El testigo principal de este crimen fue asesinado en un aparente robo.
El asesinato de la joven se convirtió en un símbolo para el proceso de desmilitarización de la sociedad que avanzó con la abolición del servicio militar obligatorio, la consolidación del mando civil sobre el poder militar y la separación de las Fuerzas Armadas de las funciones policiales y de Seguridad Pública.
Pasaron 16 años desde que le enviaran esta carta a Clinton, y 10 años del asesinato de Martínez Sevilla; entonces, en julio de 2011, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que investigó todo lo relacionado con el Golpe de Estado en Honduras, revelaba que «las Fuerzas Armadas habían pasado por un proceso de reforma desde mediados de la década de años noventa».
«Uno de los resultados de la reforma fue la salida de las Fuerzas Armadas de la administración pública; sin embargo, en el período de Gobierno del presidente Zelaya, las Fuerzas Armadas y su alta jerarquía fueron beneficiadas desde el Poder Ejecutivo con disposiciones al margen de los reglamentos de la institución, con recursos presupuestarios adicionales y con la asignación de funciones en la administración pública (ENEE)».
Las Fuerzas Armadas sacaron a Zelaya del país en vez de ponerlo a la orden de un tribunal, sentenció la CVR.
Tomado: Tercerainformacion
