México compareció por primera vez este lunes ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, y se refirió entre otras cosas al tema la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes en septiembre pasado, que aún sigue sin aclararse.
En su intervención, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, afirmó que “cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad pasar del dolor a la recomposición del tejido social”.
Añadió que “con todo respeto a los familiares de algunos de los estudiantes desaparecidos aquí presentes y a las organizaciones que los representan, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y a todas las víctimas del delito en México”.
El funcionario explicó que las diversas acciones emprendidas sobre las desapariciones, entre ellas el “trabajo científico que se ha compartido con los peritos independientes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”, han llevado a construir “una investigación criminal sin precedentes en la historia reciente de México”.
México es signatario de la convención contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, que entró en vigor en 2010, y comparece en esta ocasión por primera vez ante el Comité.
La desaparición de 43 estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa (Guerrero) el 26 de septiembre pasado a manos de policías municipales coludidos con sicarios de un cártel narcotraficante en Iguala concentró la atención de la audiencia, prevista antes de que los jóvenes fueran atacados.
Familiares presentes en la audiencia
Los padres de los estudiantes, que insisten en que 42 de ellos están vivos, han denunciado que la Fiscalía quiere cerrar ya el caso y enviaron una comisión a Ginebra para entrevistarse por separado con los integrantes del comité.
“Nuestro gobierno nos ha engañado, nos ha ido atormentando, porque siempre lo mismo, ya no le tenemos confianza, una buena respuesta es que dijera que ya tenemos a los muchachos”, declaró ante la prensa a la salida de la audiencia matinal Bernabé Abraján, uno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Con anterioridad, Abraján, acompañado por varias ONG, pidió por escrito al Comité que le exija a México reabrir el caso, archivado la semana pasada por la Fiscalía.
“Frente a las aseveraciones de que la investigación está cerrada habremos de decir que la investigación no está cerrada. Frente a las aseveraciones de que las autoridades ya los declararon muertos habremos de decir una y otra vez que hoy la verdad jurídica es que siguen desaparecidos y que sólo el juez habrá de decidir”, había subrayado Gómez Robledo a los medios antes de partir a Europa.
La Procuraduría (Fiscalía federal) sostuvo por primera vez la semana pasada que, con base en las investigaciones, cuenta con la “certeza legal” de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un aislado basurero de Cocula, municipio vecino de Iguala, y sus restos arrojados a un río.
Las autoridades de México “dan protección a los autores intelectuales del crimen, omitiendo declaraciones de sobrevivientes y testigos”, dijo en México Felipe de la Cruz, vocero de los padres.
La comparecencia de México se da en medio de fuertes cuestionamientos a las conclusiones de las investigaciones de organizaciones de derechos humanos como Human Rigths Watch (HRW) o Amnistía Internacional, que piden se abra una línea de investigación sobre los señalamientos de omisión de auxilio o participación del ejército en el crimen, algo negado tajantemente por la fiscalía.
Al margen del caso de Iguala, estas ONG tienen reportados otros casos de desapariciones forzadas por parte de policías y militares.
El estremecedor crimen de los estudiantes generó una ola de indignación sin precedentes en México y reclamos de gobiernos de otros países, incluido Estados Unidos y la propia ONU al Ejecutivo de Enrique Peña Nieto.
Amnistía Internacional (AI) hizo llegar al Comité una denuncia sobre la impunidad reinante en México en cuanto a desapariciones forzadas, donde subraya que entre el 2005 y el 2009 solo se han dictado seis condenas por este delito, referidas a crímenes perpetrados antes del 2005, por lo cual los casos a partir de 2006 no han sido todavía sancionados.
Tomado:El Telégrafo/ libreRed.net
