Cuatro meses tienen los negociadores de la paz colombiana para atenuar la escalada del conflicto y definir si continúan o no en la mesa. Ese fue el plazo convenido por las delegaciones que desde noviembre del 2012 dialogan en la capital cubana para poner fin a una guerra de más de medio siglo y millones de víctimas.
“Dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de si seguimos con el proceso o no”, dijo recientemente el presidente colombiano Juan Manuel Santos, cuya bandera de reelección fue precisamente sellar la paz.
En días pasados los representantes del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) “acordaron sin demoras” frente a los países garantes (Cuba y Noruega) los términos para alcanzar un cese al fuego bilateral y definitivo incluso antes de la firma de la paz. Al anuncio último de la guerrilla de una tregua unilateral vigente a partir del 20 de julio, se sumó la respuesta gubernamental de reducir las acciones militares.
Según el comunicado conjunto emitido en La Habana, en esos cuatro meses se evaluarán el desescalamiento de las acciones militares. Para verificar que ambas partes cumplan, se aceptó la participación de un equipo de Naciones Unidas y un representante uruguayo como país que preside temporalmente Unasur.
Por lo que se entiende, las delegaciones confían en que una eventual distensión del conflicto armado daría paso a un clima adecuado para abordar los temas pendientes y con vistas al desenlace del proceso.
A ello se le sumó este jueves el plan de trabajo presentado por la guerrilla que recoge en el documento Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia una nueva metodología para realizar un “trabajo técnico, integral y simultáneo en el tratamiento de los temas y en la búsqueda de conclusiones prontas”.
Según el miembro del equipo negociador de las FARC-EP, Joaquín Gómez, el objetivo es concretar un plan de trabajo que impulse el Acuerdo General de La Habana.
Gómez dijo además que la meta final es alcanzar el cese al fuego bilateral y definitivo, aprovechando la coyuntura de rebajar la intensidad del conflicto y el compromiso del Gobierno de actuar en correspondencia. Precisó en ese sentido, que en cuatro meses se realizarán las primeras evaluaciones sobre los resultados y perspectivas.
Para la delegación de las FARC-EP lo más urgente es en este momento “dar cierre a la configuración de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” antes que termine noviembre. Ello se debe, acorde con Gómez, a que “debe tomarse la verdad como base para la construcción de cualquier sistema de justicia”.
Muchas voces en Colombia estiman que el giro del proceso de paz viene dado por los altos niveles de desconfianza de la gente y por presiones de fuerzas políticas detractoras del proceso.
Posiciones como la de Roy Barreras, jefe del Partido de la U (en el gobierno), dan un voto de confianza a los diálogos de La Habana. Sin embargo, cuestionó que se hubiera fijado un nuevo plazo porque, a su juicio, esto dilata la firma de un acuerdo que se hace urgente para poner fin a la guerra.Otros, como Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial y director del Centro Democrático, estiman que esta no es la fórmula para rodear de confianza la Mesa.
Resolver las diferencias y pactar el cese definitivo de las hostilidades es el camino.
Tomado: Granma
