Una de las grandes problemáticas
sociales en Colombia es la niñez, la falta de protección por parte del Estado
obliga a que estos desde edades muy tempranas se vean obligados a trabajar a
engrosar las filas de la delincuencia, sin tener acceso a una educación
adecuada o medios de subsistencia, sin contar los que no alcanzan a cumplir
siquiera los 5 años y mueren por desnutrición, otros más son abandonados y
deambulan por las calles.
Sin embargo, estos niños no
son importantes para el Estado y sus políticas sociales, pues no constituyen
capital electoral o no están en la edad de prestar servicio militar, lo que no
los deja por fuera del conflicto, con lo que muchos son inducidos como
informantes, guías o infiltrarse en las filas guerrillas, sobre este tema los
medios nunca se han pronunciado.
Por otro lado están los
menores combatientes algunos de forma voluntaria deciden ingresar a las filas
de las organizaciones guerrilleras, bandas de paramilitares o grupos de
delincuencia organizada, otros más son reclutados a la fuerza o inducidos a
cometer delitos.
Pese a este flagelo aberrante
para una sociedad, las estadísticas solo dan cuenta de los menores que ingresan
a las filas insurgentes todos los demás no existen para el Estado, estos son útiles
para quitarle el estatus político a la insurgencia, no para el restablecimiento
de sus derechos.
Por ello, los medios de
desinformación o las entidades encargadas de brindarles protección a los
menores solo hacen referencia a estos niños o la fuerza pública, denunciando lo
inhumano de estas prácticas a la Comunidad Internacional, sin contar que ellos también
hacen lo propio con esta población vulnerable, no solo cuando de forma ilegal
los reclutan para el ejército, sino cuando son utilizados a dar información o
delatar a sus jefes o las niñas utilizadas como carnada para atraer a
determinado jefe guerrillero.
O peor aun cuando se persigue
a los menores hijos de algún insurgente con fin de llegar hasta donde se
encuentra su progenitor o se les induce con amenazas para delatar su paradero,
sin duda estas prácticas van más allá de lo que puede ser la permanencia de los
menores en el conflicto y deben estar presentes en la tipificación de un delito
contra los menores y debe ser un tema de la Comisión de la Verdad.
Los medios de comunicación
se han escandalizado mostrando a menores de edad en videos que evidencian no
solo portar un arma sino en entrenamientos u otros asuntos concernientes de la
guerra, pero no se pronuncian cuando unos menores participan de un desfile con
uniforme, frente a un grupo de hombres armados o cuando la policía les permite
vestir el uniforme, Esto crea imaginarios violentos en los menores, sin contar
los que viven en zonas rojas expuestos a acciones violentas o a la toma de sus
escuelas por parte de la fuerza pública, sin que el Estado prohíba tales
acciones.
La insurgencia por su parte
ha afirmado que entregara los menores de 17 años que existen en sus filas, con
el fin de que se restablezcan sus derechos y abandonar esta práctica, donde
solo se evidencia es la desprotección por parte del Estado.
Abandonar
las armas
Pese a que distintos
sectores se han mostrado críticos frente a los menores de la insurgencia, no se
han pronunciado sobre los otros menores los que pertenecen a los demás grupos. En
el caso concreto de los niños desmovilizados pertenecientes a los paramilitares.
Si tenemos en cuenta la cifra que entregó el gobierno de Uribe sobre más de 30
mil desmovilizados, de estos cuantos menores dejaron las armas, sus edades
entre que rango se encuentran, nivel de escolaridad, su familia.
Después de este periodo de
más de 8 años el gobierno debería estar en capacidad de mostrar cifras de
restablecimiento de derechos, seguimiento a estos menores, que ha pasado con su
núcleo familiar y la forma como se ha integrado a la sociedad y que va a pasar
con los menores que abandonen las armas en esta etapa, aquí surge una pregunta existe un programa de gobierno que logre
sacar estos niños de la guerra e integrarlos a la sociedad sin que se vulneren
sus derechos.
Pues no se trata de que un
menor abandone las armas o las prácticas violentas de supervivencia y el Estado
no le restablezca sus derechos, se estaría dando paso a que estos menores sean rápidamente
inducidos a participar en hechos violentos.
La sociedad está preparada
para recibirlos, teniendo en cuenta que los medios diariamente publican sus
acostumbradas encuestas en las que pretenden inducir al lector, haciendo
preguntas como estas: estaría usted de
acuerdo que sus hijos fueran amigos de un desmovilizado.
