Aunque falta un largo camino por transitar, el cerco a la impunidad se cierra en Chile contra los exmilitares implicados en delitos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Al menos esa es la impresión que deja el profundo impacto en la sociedad de la reapertura del Caso Quemados, un terrible hecho en el que dos jóvenes fueron incinerados después de rociarles gasolina el 2 de julio de 1986.
La presencia en Chile de Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del incidente, y de Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, quien no superó las quemaduras y falleció a los 19 años, lograron un efecto multiplicador.
Fue como reabrir las heridas 29 años después y que la sociedad comprendiera, por fin, que nosotras teníamos la razón en nuestras denuncias, coincidieron en señalar Quintana, residente en Canadá, y De Negri, radicada en Washington.
El expediente se destapó por la confesión de un ex recluta, que admitió la intencionalidad en lo ocurrido por parte de varios exmilitares. Y se añadió a otra condena al tenebroso general Manuel Contreras, con 549 años de cárcel.
Contreras, jefe de la policía secreta de Pinochet, la DINA, está grave de salud a sus 86 años y si bien se conocen sus crímenes, un diputado de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) pidió despedirlo con honores.
Lo que pareciera insólito, desató una rápida andanada de respuestas firmes, incluida la del presidente de la UDI, Hernán Larraín, quien confesó que preferiría que Contreras no falleciera con grados de general.
En las últimas horas, el Ejército de Chile anunció que desvinculó de la institución a todo "personal a contrata" involucrado en el Caso Quemados durante una protesta contra Pinochet en esta capital en 1986.
Un comunicado del Ejército difundido argumentó que de acuerdo al criterio de administración de personal que se aplica desde 2009, "se ha resuelto desvincular de la institución al personal a contrata cuya resolución de sometimiento a proceso".
"El Ejército de Chile reitera su compromiso de colaborar con la justicia, proporcionando lo requerido por los tribunales, en todo aquello que esté bajo su conocimiento y competencia", apuntó en una declaración todavía tímida para las expectativas.
Hay 12 exmilitares en prisión, siete de ellos ya procesados. Los perfiles enunciados por el juez señalan acusaciones a seis de ellos por homicidio calificado de Rojas y por homicidio calificado frustrado y lesiones gravísimas a Quintana.
El juez Mario Carroza procesó igualmente a otros cinco antiguos militares y subrayó que "todos los implicados están imputados por homicidio calificado consumado y frustrado en los casos de Rojas y Quintana, respectivamente.
Los nuevos procesados son el ex oficial Pedro Fernández Dittus, quien comandaba la patrulla, Leonardo Riquelme, Juan González, Walter Lara y Pedro Franco Rivas.
Fernández Dittus, quien era teniente en esa época, fue el único condenado en el primer juicio por el caso, a 600 días de prisión por homicidio involuntario, de los que solo cumplió en realidad 180 díasa
El exrecluta Fernando Guzmán fue quien destapó la olla y facilitó la reapertura del caso, al indicar que el verdadero culpable fue Julio Castañer.
Otro exrecluta, Franco Rivas, confió, al igual que Guzmán, que Castañer fue quien dio la orden de rociar con gasolina a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, a quienes después prendió fuego con un encendedor mientras los insultaba.
La exigencia de terminar con los pactos de silencio de los crímenes de la dictadura en Chile, adquirió ayer ribetes especiales con la entrevista de Carmen Gloria Quintana en el Palacio de la Moneda.
Quintana, dialogó durante una hora con la presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien se comprometió a impulsar aún más la agenda de derechos humanos de su Gobierno.
Tomado: prensa Latina
