Las explosiones de la semana pasada en Bogotá que el Gobierno atribuye al Ejército de Liberación Nacional -ELN- y cuya investigación derivó en cuestionadas detenciones de líderes sociales, no fueron asumidas por esa organización guerrillera como sí lo fueron otros hechos militares recientes.
Las acciones militares que el ELN sí reconoce
En las últimas semanas el Ejército de Liberación Nacional -ELN- reconoció haber realizado acciones militares en al menos seis departamentos. En el oriente del país, decretó un paro de 72 horas que inmovilizó el transporte de personas y flujo mercancías en los departamentos de Arauca, Casanare, la parte sur del Norte de Santander y parte de Boyacá. En medio del ´paro armado´, según fuentes de la región consultadas por Colombia Informa, fueron instalados varios vehículos con explosivos en las vías y la Fuerza Pública fue hostigada en repetidas ocasiones en los municipios de Saravena, Fortul y Tame. Como resultado de las acciones, tres miembros de la Fuerza Pública fueron heridos. De igual forma, se observaron banderas del ELN en puentes, edificios públicos y avenidas de los municipios de esta región.
En los municipios de Trinidad y Pore, departamento de Casanare, esta guerrilla protagonizó un ataque a la infraestructura petrolera. Del mismo modo, detonaron cargas explosivas contra la empresa Lewis Energy y colgaron una bandera en el portón de la finca de un ganadero en el casco urbano de la ciudad de Yopal.
En la ciudad de Cúcuta, el grupo realizó retenes y habló con las personas que se transportaban en buses de servicio público que fueron pintados con mensajes de la organización.
En el departamento del Cauca, guerrilleros instalaron vallas y pancartas, a la vez que agitaron arengas a quienes circulaban por la vía Panamericana a la altura del municipio de Santander de Quilichao.
Negociación estancada
El ELN y el Gobierno Nacional desarrollan desde el año 2013 un proceso exploratorio que, hasta el momento, los ha llevado a acordar cuatro de los seis puntos contemplados en la agenda de una posible negociación.
Sin embargo, las partes se encuentran estancadas en el punto de finalización del conflicto. Según Víctor de Currea-Lugo, docente y analista del conflicto, el gobierno se equivoca al tratar de encasillar al ELN en el mismo esquema de negociación con las FARC o al intentar vincularlos a la agenda de La Habana. “El Quinto Congreso de este grupo se preguntó por la voluntad de paz y su respuesta fue, esencialmente, de desconfianza”, aseguró.
El académico analizó varias posturas del ELN en las negociaciones. Afirmó que la escalada de su accionar militar no significa falta de voluntad de paz: “es esperable que, mientras la guerra sea la única certeza, una organización armada busque fortalecerse”, aseguró.
Afirmó además que el ELN no acepta una negociación “sin que las élites tengan que hacer esfuerzo alguno”, lógica que desemboca en los retrasos del proceso donde predomina el reconocimiento de actor político de esta guerrilla.
Rescató el esquema de negociación del ELN, en el que se entiende a la sociedad como parte activa y deliberante del proceso, calificándolo como inédito pero no imposible: “Será de mucha dificultad procedimental, aunque no política, si hay la voluntad del caso”. Indicó también que el momento por el que atraviesan los diálogos requiere una movilización social apoyando la paz con el ELN, dirigida a las dos partes del conflicto.
El investigador concluyó en su artículo que “proponer una paz cercana a la rendición no cabe en la lógica elena”.
La necesidad de mostrar detenciones, un “hecho mediático”
“Manipulan a la justicia para lograr un hecho mediático”, declaró ayer el abogado Franklin Castañeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice-, uno de los patrocinantes de los detenidos cuyos perfiles no coinciden con la imagen de “terroristas” que el Gobierno busca instalar: tres contratistas del Distrito de Bogotá, entre ellos un periodista de esta Agencia y una reconocida abogada de derechos humanos; dos filósofos, un estudiante de educación comunitaria, un estudiante de geografía, un ingeniero agrónomo, una politóloga y otros cinco activistas comunitarios y de derechos humanos.
Castañeda también detalló que, en casos similares anteriores, “el 80% de los detenidos con acusaciones mediáticas de estar vinculados a las guerrillas, con el tiempo quedaron libres de culpa y cargo, y el Estado termina afrontando demandas millonarias por estos manejos”.
Esa lógica explica el proceder de quienes desde la Justicia, el gobierno y los medios de comunicación, no dudaron en afirmar la vinculación de los detenidos con el ELN, sin importar que, en pocas horas, dos de ellos ya fueron puestos en libertad por falta de pruebas.
Tomado: tercerainformacion
