Hace seis años, el 18 de septiembre de 2009, Ecuador reafirmó su soberanía frente a las pretensiones imperialistas estadounidenses que se habían adueñado de la Base Militar de Manta, a través de un convenio firmado en 1998, durante el Gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000), con el que además se violaban todas las leyes de la nación suramericana.
La Base Militar de Manta o Base Militar Eloy Alfaro, inaugurada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana el 28 de octubre de 1978, funciona en un área adjunta del aeropuerto internacional del mismo nombre, en la ciudad de Manta, y se también es conocida como Ala de Combate número 23.
Desde 1999 y durante 10 años, a través de un convenio intergubernamental, tanto el uso como acceso a la pista y parte de la Base de Manta fue cedido a la fuerza aérea del Gobierno de Estados Unidos, con el argumento de luchar contra el narcotráfico en el noroeste de América del Sur.
Manta serviría como base de operaciones para el Plan Colombia, un acuerdo suscrito entre Colombia y EEUU, el cual fue presentado en 1998 por el presidente colombiano Andrés Pastrana como un programa de desarrollo económico sin drogas, cuya real intención fue la instauración de fuerzas estadounidenses en el país neogranadino.
El convenio entre Ecuador y EEUU —llamado Acuerdo de Ortíz por haber sido firmado por el canciller ecuatoriano del Gobierno de Mahuad, Benjamín Ortíz— entró en vigencia el 12 de noviembre de 1999 a pesar del repudio de varios sectores que lo consideraban un riesgo para la soberanía por la presencia de militares extranjeros en el territorio.
Luego, durante el mandato del presidente Gustavo Noboa (2000-2003), el convenio fue ratificado y aumentado, para entregar además de la base aérea, el puerto naval de Manta e instalaciones relacionadas con la base o su vecindad, sin costo alguno.
Aunado a esto fue cedida la soberanía sobre el espacio aéreo ecuatoriano y se autorizó a las aeronaves, operadas por o para Estados Unidos, el poder sobrevolar el territorio del país, asimismo, todas las naves estadounidenses recibirían el mismo trato que las pertenecientes a la Armada Nacional del Ecuador en los puertos marítimos del país.
También fue consentido el establecimiento de una estación satelital para la recepción y emisión de telecomunicaciones, libre de inspecciones, licencias, regulaciones, derechos, impuestos directos o indirectos, cargos y tarifas gravadas por Ecuador, igualmente, se ofreció inmunidad al personal que operaba en el convenio y a sus familiares, que en el caso de que fueran detenidos por autoridades ecuatorianas, debían ser entregados inmediatamente a los oficiales estadounidenses.
Asimismo, los estadounidenses que trabajaban en la base podían entrar y salir del país con identificación de Estados Unidos sin pagar impuestos y mucho menos gravámenes sobre las rentas recibidas, propiedad, posesión, uso o cesión, sobre los bienes en Ecuador relacionados con su presencia.
Decisión soberana
La suscripción del Acuerdo de Ortíz y su puesta en marcha adolecían de nulidad jurídica, ya que la Constitución de Ecuador establece expresamente que corresponde al Congreso Nacional aprobar los tratados internacionales y el mismo nunca fue discutido, ni aprobado, por la legislatura.
Además, en ningún caso la Constitución ecuatoriana faculta al Canciller de la República a disponer de la soberanía del país, a determinar las políticas de la defensa nacional, ceder la soberanía del espacio aéreo y los puertos del país, privilegiar a los ciudadanos extranjeros y renunciar a los Derechos Humanos o bienes de la nación.
Ante esta situación el Gobierno presidido por Rafael Correa, que inició en 2007, decidió no renovar el convenio a Estados Unidos y las fuerzas estadounidenses se vieron obligadas a abandonar finalmente las instalaciones el 18 de septiembre de 2009, dejando claro que las garras imperialistas estadounidenses no controlaban a Ecuador.
Igualmente, el Gobierno de Correa restituyó el orden en Manta, donde debido a la instalación del Ejército de EEUU quedo en evidencia un crecimiento vertiginoso de la explotación sexual a mujeres y niñas, así como el narcotráfico y la trata de personas, entre otros delitos.
El líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, comentó en 2010 que “el imperio yanqui nunca le perdonará a Rafael Correa haberlos sacado de Manta y haber comenzado la Revolución Ciudadana”. Desde entonces, han tratado de desestabilizar a ese país suramericano, muestra de ello fue el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010 contra Correa, sin embargo, el pueblo ecuatoriano salió en defensa de su soberanía.
En dicha oportunidad, Chávez expresó: “¡Viva el pueblo y viva el Ejército del Ecuador! Porque la burguesía ecuatoriana trató, presionada por los yanquis, de que los militares se inhibieran, como ocurrió aquí (en Venezuela) el 11 de abril de 2002″.
Tomado: Gabriela Toro/AVN/LibreRed.net
