El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, avanzó el miércoles que España denegará la extradición a Argentina de 20 altos cargos de la dictadura franquista, acusados por la justicia del país hispanoamericano de crímenes cometidos en los años 70, afirmando que los eventuales delitos “están prescritos en España” y que son anteriores a la Ley de Amnistía de 1977.
“Habrá que estudiar esa orden de Interpol, pero con los antecedentes que tenemos de la Audiencia Nacional por hechos similares a los que ahora a través de la prensa tenemos conocimiento, la resolución será muy equivalente a la que hubo anteriormente, que es denegar la entrega”, declaró Catalá al preguntarle periodistas por la solicitud de detención de 20 personas presentada por la sección argentina de Interpol.
El ministro español aludió a denegaciones previas de entrega por presuntos delitos de torturas cometidos también durante el régimen español anterior, el del general Franco, por el exinspector de policía Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, ‘capitán Muñecas’, cuyas extradiciones rechazó la Audiencia Nacional de España (ANE) en septiembre de 2013.
En esa ocasión, los imputados por la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría no fueron detenidos pero sí citados a declarar por la ANE, tribunal especializado en delitos de terrorismo y otros no restringidos al ámbito local, que en 1977 sustituyó al Tribunal de Orden Público, centrado en delitos políticos.
Entre los 20 acusados por la Justicia argentina figuran los exministros españoles Rodolfo Martín Villa, quien asumió cargos de gobierno hasta 1982, y José Utrera Molina, ministro entre 1973 y 1975.
Entre los hechos cuya responsabilidad investiga la jueza Servini están “la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976” (en la que murieron cinco personas y hubo más de 100 heridos) y la convalidación de la sentencia de muerte del anarquista Salvador Puig Antich y del ciudadano alemán Georg Michael Welzel, ejecutados por asesinatos de agentes policiales.
“Es increíble que un ministro de Justicia diga eso: ¡Que los políticos dejen actuar a los jueces, y en todo caso, que colaboren con la justicia!”, protestó al conocer la probable denegación de extradición el abogado de los querellantes, Carlos Slepoy.
El letrado recordó también que “las leyes de amnistía o punto final no pueden aplicarse sobre delitos de lesa humanidad, como este caso” y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya ha amonestado a España por este motivo anteriormente.
Tomado: HispanTV
