Trabajadoras que pidieron reserva de sus identidades señalaron que desde 2012 se intensificaron las amenazas en el sector, aprovechándose del clima de violencia que impera en este país centroamericano.
“Me llamaban por teléfono, y me decían que me saliera del sindicato, que dejara de andar de revoltosa”, dijo una empleada en la empresa LD El Salvador, ubicada en la Zona Franca San Marcos, un complejo de fábricas al sur de esta capital.
Ella trabaja como operaria de máquinas de coser desde 2004 y está afiliada al Sindicato de la Industria Textil Salvadoreña (SITS). Unas 780 personas laboran en la compañía, de capital coreano, que produce prendas de vestir para las firmas Náutica y Walmart.
“Me dijeron que eran homeboys (pandilleros) y que si no me salía iba aparecer colgada de uno de los árboles que están afuera de la empresa”, añadió.
Reveló que los ejecutivos de LD contrataron a pandilleros para que las amenazas se hicieran directamente a los trabajadores afiliados al SIST, dentro de las instalaciones.
Las advertencias surtieron efecto, contó, pues de los 155 afiliados al sindicato, solo han aguantado 60, temerosos de ser víctimas de las pandillas, las organizaciones criminales también conocidas como maras que son responsables de buena parte de los asesinatos diarios que ensombrecen el país.
El Salvador, con 6,3 millones de habitantes, es uno de los países más violentos del continente americano. El 2014 cerró con 3.912 muertes violentas, una tasa de 63 homicidios por cada 100.000 personas.
Las maquilas textiles, plantas dedicadas a la confección para la exportación con materia prima importada, operan en las 17 zonas francas del país, áreas sin aranceles para materias primas importadas, exenciones tributarias y otros incentivos. Los clientes son marcas como Nike, Puma o Adidas, entre otras.
El sector generó en 2014 más de 74.000 empleos, la gran mayoría de mujeres, que representa 12 por ciento de los 636.000 puestos de trabajo del sector privado. Sus exportaciones sumaron 2.400 millones de dólares, la mitad de las ventas totales salvadoreñas al exterior, según cifras de esa industria.
Desde su proliferación en los años 90, se cuestionó los tratos inhumanos y las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores.
“Uno de los derechos más violados es el de la libre sindicalización”, dijo el secretario de organización de la Federación Sindical de El Salvador, Reynaldo Ortiz.
“Y ahora recurren a las amenazas de muerte para romper los sindicatos”, acotó.
En enero, el Centro de los Derechos Laborales Globales, de la Penn State University, y el Consorcio de los Derechos de los Trabajadores, ambos de Estados Unidos, publicaron el informe Alianzas Nefastas, en el que describen cómo se sigue minando la organización sindical en las maquilas de la confección en El Salvador.
Según el reporte, varios incidentes sucedieron en enero del 2013 a trabajadores de la empresa F&D, de capital taiwanés, también de la Zona Franca San Marcos.
Uno de ellos, el de dos gerentes de la empresa que, acompañados por un pandillero, se acercaron a varios trabajadores que estaban hablando fuera de la fábrica y el ejecutivo procedió a identificar al miembro de la mara quiénes eran los líderes sindicales.
Tan evidente es la participación de las maras, narró una de las trabajadoras de LD, que en noviembre del 2013, durante una reunión de miembros del sindicato con pandilleros, planeada para aclararles las luchas laborales que persiguen, algunos de estos llegaron con personal directivo de la empresa.
Otro caso de amenazas es el ocurrido a activistas del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadoras, Sastres, Costureras y Similares (Sitrasacosi), que mantienen actividad, entre otras, en la empresa textil Nemtex, localizada al oeste de San Salvador.
La activista de Sitrasacosi agregó que los empresarios tienen aversión hacia los sindicatos y hacia la firma de contratos colectivos de trabajo.
Contó que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Confecciones Gama, estaba negociando ya un contrato colectivo con la compañía, que sería el primero en el sector de maquila textil.
Pero la empresa repentinamente cerró operaciones en junio del 2011, dejando sin trabajo a más de 270 empleados.
“Prefirieron cerrar la fábrica que suscribir un contrato colectivo… para ellos sería sentar un mal precedente”, añadió la integrante de Sitrasacosi.
Tomado: tercerainformacion
