México ha dado pasos normativos para establecer salvaguardias contra la tortura, pero el problema en la práctica sigue siendo “generalizado” debido a la impunidad imperante, alertó ayer el relator especial de la ONU, el argentino Juan Méndez. Al presentar las conclusiones de una visita que realizó a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo del año pasado, Méndez advirtió que “la impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento”. Por eso, recomendó a las autoridades “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad” y enviar “enérgicos mensajes públicos” a todos los funcionarios de que toda tortura y maltrato serán “seriamente investigados y castigados”.
En el informe, que describe la situación en México y plantea sus recomendaciones, el relator expresó también su preocupación por el caso de desaparición forzada de 43 estudiantes el 26 de septiembre en el sur del país por parte de autoridades municipales en colusión con el crimen organizado. “La inaceptable tragedia constituye un llamado urgente al gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos, que deben incluir remedios a la problemática evidenciada en el presente informe, en especial a la impunidad y las débiles garantías para prevenir y erradicar la tortura”, sostuvo.
El documento detalla que la tortura y malos tratos, incluidos la de tipo sexual, ocurren en México en los momentos que siguen a la detención de una persona y antes de su puesta a disposición de un juez. “Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”, denunció.
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