
El
siglo XIX, después del proceso de independencia, los que vinieron a usurpar el
territorio indígena del Cauca fueron los terratenientes quienes con el
beneplácito del gobierno Central se adueñaron de parte del territorio
sometiendo a los indios a los sistemas de contratación y a la pérdida del
derecho a la propiedad que sostenían sobre su territorio, lo que los llevo a su
casi desaparición como organización indígena. Sin embargo, los indios no abandonaron la
resistencia y sus formas de organización. Esta se inició hacia 1910, donde se
constituyeron como Consejos y Ligas de indios que reivindicaron los derechos
indígenas, los que el gobierno no atendió. Como respuesta se da la insurrección
indígena de Manuel Quintín Lame en 1914, luego de que no prosperaran sus
reiterados recursos jurídicos para la defensa y autonomía de los pueblos
indígenas.
Por
su parte, el gobierno somete a estas comunidades a una violencia sostenida, a
lo largo de todo el siglo XX, lo que finalmente
conduce a la defensa del territorio con acciones armadas, de ahí el
surgimiento del Movimiento Armado Quintín Lame que emergió como autodefensa a
mediados de la década de los setenta del siglo XX, frente a la violencia
ejercida por los pájaros al servicio de los terratenientes y por la insurgencia
que desconocía la autonomía de los pueblos. Este grupo armado se convertiría en
movimiento insurgente a mediados de la década de los ochenta, para asumir la
protección de las comunidades indígenas y la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas. A principios de la década del noventa este movimiento se
desmoviliza, lo que no quiere decir que los indígenas renunciaran a su
autonomía sobre sus comunidades.
El
derecho de los cabildos y comunidades a controlar, vigilar y organizar su vida
social y política al interior de los resguardos y de rechazar las políticas
impuestas por el Estado. Quedo consagrado en la Constitución del 91 a saber: el
derecho de posesión de sus territorios, conservación de la cultura, educación,
participación en las Cámaras Legislativas y derecho a ejercer su propio
gobierno. Esta autonomía se hace extensiva a todas las entidades gubernamentales,
privadas y no, que ejercen e imponen
aspectos económicos, sociales, políticos y religiosos. Sin duda estas formas de
organización les ha permitido a los pueblos indígenas mantenerse como
comunidades frente a las agresiones externas.
En
los últimos tiempos, las múltiples confrontaciones armadas han dejado una
estela de violencia para las comunidades asentadas en este territorio, son más
de 1500 personas desplazadas y al menos 30 mil personas que se encuentran sin
los servicios básicos e incomunicadas, no solo por no contar con vías y
desarrollo, sino por las constantes incursiones militares. La única presencia que se conoce del Estado es la
fuerza pública que lejos de proteger aumenta la zozobra y el desplazamiento,
luego de que sus viviendas, escuelas y lugares públicos son utilizados como
trincheras y teatro de operaciones. Como oposición, los indígenas que han
demostrado gran unidad y cohesión en su comunidad, decidieron poner fin al
olvido estatal y exigirles a los actores armados el retiro de su territorio y
el derecho a conservar su autonomía.
Ante
la crisis social que vive el Cauca, el presidente Santos, organizó una visita a
la que esperaba que las comunidades lo recibieran casi de rodillas, y le
agradecieran por tan grata visita y se doblegaran ante la fuerza pública,
aceptando que su territorio sea teatro de operaciones. Frente a la posición de
los indígenas, Santos les responde con una estrategia de consolidación en la
que espera enviar un total superior a los 12.000 soldados, una estrategia de
guerra para una región que solo espera inversión social y desarrollo. A bala se
eliminan las asimetrías sociales, menos pobres que reclamen sus derechos.
Las
paradojas del Estado colombiano, mientras cede soberanía frente a los EEUU, considera
que es ilegitimo que los indios sean soberanos en su propio territorio,
posiblemente esto se debe a los recursos naturales que posee la región,
desocupar el territorio para entregarlo a las multinacionales.
Por
otro lado, el ex juez Baltasar Garzón se ofreció como facilitador para que las
partes (Estado- indígenas), concilien sobre el retiro de la fuerza pública,
decisión que ya está tomada por parte de los indígenas de no admitir ningún
actor armado en sus territorios y del gobierno de enviar más tropas y mantener
la guerra. La permanencia de Baltasar Garzón, en estos territorios nos recuerda
cuando la corona enviaba sus emisarios a controlar a los indios que se
levantaban a “imponer el orden”, estos también lo hacían a través de las armas.
Aquí surgen algunas preguntas ¿Qué intereses defiende Garzón? ¿Cuáles han sido
los logros para la comunidad durante tantos años que dice representarlos?,
¿será que el gobierno es incapaz de dialogar con los indígenas y necesita que
la corona española intermedie como hace 200 años? No hemos avanzado mucho,
sobre todo cuando se trata de pueblos indígenas que reclaman sus derechos
frente al Estado.