El diálogo iniciado entre el gobierno paraguayo y los actores de la huelga general del pasado miércoles comenzó con un clima incierto, según el balance de la primera jornada y la reiterada posición oficial.
En realidad, el primer encuentro de la misión gubernamental con representantes de las centrales sindicales, concluido al final de este jueves, solamente sirvió para que los sindicalistas reclamaran se renuncie por el Poder Ejecutivo a cualquier descuento salarial a participantes en el paro.
Sin embargo, fue notable que a pesar de la presencia del vicepresidente de la República, Juan Afara, encabezando la delegación nombrada por el gobierno, este no pudo tomar decisiones al respecto y pidió hasta dos días para poder consultar el asunto con el presidente Horacio Cartes.
Otro tanto sucedió con la demanda de que la administración central renuncie a las amenazas vertidas de plantear a la Justicia la declaración de ilegalidad de la huelga efectuada, lo cual también parecia fácil de tener una respuesta inmediata.
En definitiva, se pasó el segundo contacto para la próxima semana después que las centrales pidieron la constitución de mesas separadas para temas como reforma agraria, derogación de la privatizadora Ley de Alianza Público-Privada (APP) y el inmediato aumento salarial de 25 por ciento.
Otro posible balde de agua fría sobre eventuales acuerdos pareció venir de parte del propio vicepresidente Afara en sus declaraciones posteriores a la reunión con las organizaciones protestantes.
Acá no vinimos a negociar nada, vinimos a hablar, a conversar, porque el gobierno tiene voluntad política y no puedo decir alegremente que modificaremos alguna ley, planteó.
La afirmación se refería bien claro a la derogación de la APP, demanda irreductible tanto de los sindicatos como de las agrupaciones campesinas que declinaron acudir al diálogo mientras no haya marcha atrás en la aplicación de ese instrumento por considerar viola la soberanía nacional.
Por su parte, Bernardo Rojas, líder de la Central Unitaria de Trabajadores, recordó que todos los reclamos tienen absoluta prioridad pero pidió una decisión urgente para el aumento del salario mínimo en 25 por ciento, algo desechado también por Afara en sus declaraciones.
Estuvieron ausentes de este primer tope la Federación Nacional Campesina, la central Corriente Sindical Clasista y la Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas, pero el gobierno invitó a representantes de pequeños grupos de labriegos de posición moderada.
Tomado: Prensa Latina
