El llamado a consulta popular parece más una medida para consumo interno que un impedimento para los acuerdos con Palestina. Es parte de una serie de medidas adoptadas en los últimos días que afianzan el poder del gobierno.
El debate por los eventuales acuerdos de paz que se puedan alcanzar en Medio Oriente está al rojo vivo en Israel. Esta semana, la coalición gobernante del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprobó una ley que obliga a llamar a consulta popular para decidir cualquier intercambio de tierras con los palestinos en las actuales conversaciones de paz. La medida provocó una avalancha de críticas, no sólo de la oposición, sino también de sectores del gobierno y de representantes palestinos.
El líder de la oposición, Isaac Herzog, advirtió al gobierno que estaba cruzando una línea roja. “Este es uno de los movimientos más graves que la política israelí haya conocido jamás”, sentenció. A la crítica de Herzog se sumó la de Tzipi Livni, nada menos que ministra de Justicia y responsable de las conversaciones con los palestinos. “Cuando declaramos la guerra, no pedimos opinión a la gente. Esto es lo que también debe ser con respecto a cualquier acuerdo político”, consideró. A su vez, Yasser Abd Rabbo, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, afirmó que “Israel extiende una mano para la paz y apuñala las negociaciones con la otra”.
Shmuel Sandler, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Bar Ilan, dijo a Página/12 que las reformas no afectarán directamente las conversaciones de paz. “Esta ley es más un apoyo a Netanyahu dentro de su coalición que un condicionante a las negociaciones con los palestinos, que además están lejos de llegar a buen puerto”, agregó.
El llamado a consulta popular es parte de una serie de medidas adoptadas por el Parlamento israelí en los últimos días, que afianzan el poder y consolidan a la alianza gobernante. Otras medidas incluyen una ley de reforma política que, en los hechos, limita la participación de los partidos árabes en el Legislativo, y otra ley que obliga a los judíos ultraortodoxos a servir en el ejército. Estas reformas son cuestionadas por la oposición, que boicoteó los debates y se abstuvo de votar. “Habrá que ver cuál es el impacto inmediato y a largo plazo de estas reformas en la sociedad. Por empezar, parece que la intención es estabilizar el gobierno de coalición, que no sólo está compuesto por partidos de derecha, sino también por partidos de centro”, aseguró a este diario Efraim Inbar, director del Begin-Sadat Center.
Con respecto a la ley que obliga a los jóvenes ultrarreligiosos a hacer el servicio militar, vale aclarar que ese grupo había estado exento de servir en el ejército desde la creación del Estado de Israel, para poder dedicarse a estudiar los textos bíblicos; pero ahora deberá cumplir la ley como el resto de los judíos seculares. La norma establece una serie de cuotas mínimas de jóvenes ultraortodoxos que deberán realizar el servicio militar cada año y, en el caso de que no se alcance esa cifra, el gobierno procederá a reclutar más jóvenes, salvo un grupo muy limitado, de unos 1400 “estudiosos destacados”. Yoni Chetboun, del partido Hogar Judío (que integra la alianza gobernante), calificó la ley de alistamiento como “antijudía” y fue el único parlamentario que votó en su contra. “Estamos creando un choque serio entre nosotros y el mundo de la Torá y la comunidad ultraortodoxa”, dijo.
Sin embargo, según el especialista Inbar, esta reforma era muy esperada entre los israelíes laicos. “La Corte Suprema obligó a la Knesset a modificar la ley para incorporar a los jóvenes haredim (ultraortodoxos) al ejército, invocando que se violaba el derecho a la igualdad. Estoy de acuerdo con esta reforma. Estudiar la Torá es importante para el pueblo judío, pero se puede hacer a la par del servicio militar”, opinó.
El martes, la Knesset (Parlamento) aprobó la llamada ley de gobernabilidad, la cual eleva el umbral de representación electoral del 2 al 3,25 por ciento. Si bien sus promotores sostienen que la nueva legislación busca generar gobiernos más estables en el futuro, dos de los tres partidos árabes podrían quedar fuera del Legislativo en los próximos comicios. El parlamentario de la coalición árabe Raam-Taal Masud Ganaim desafió a Netanyahu y a sus aliados: “Ellos quieren una Knesset sin árabes, pero, ¿por qué debería darles ese gusto? De ninguna manera. Soy parte de la sociedad árabe en Israel y quiero ser representado”.
El periodista Raphael Ahren escribió en The Times of Israel que si los partidos árabes quedan excluidos en futuros comicios, la democracia israelí perderá una de sus singularidades: que en el Estado judío los árabes están representados en el Parlamento. “Una Knesset sin un solo partido árabe –a causa de una ley aprobada por un gobierno de derecha, nada menos– va a generar una gran cantidad de mala prensa para Israel”, opinó.
Para Inbar, esta ley también representa un obstáculo para los partidos judíos más chicos. “En Israel es muy difícil para los partidos formar una coalición. Si bien esta ley busca que los partidos formen alianzas, una especie de matrimonio político, los que se verán más afectados son aquellos que ya formaron alianzas y casi quedan fuera de la Knesset en las últimas elecciones. Pero esta ley no sólo puede perjudicar a los partidos árabes sino a otros como Kadima –el partido creado por Ariel Sharon– y otras fuerzas ultraortodoxas más pequeñas”, concluyó.
Informe: Patricio Porta.
Tomado: Pagina/12
