Por iniciativa de la Asociación ON Y VA “Globalizando la solidaridad” con sede en Suiza y gestionado por las organizaciones consultivas ante la Organización de las Naciones Unidas ONU, la World Federation of Trade Unions, France Libertes: Fondation Danielle Mitterrand, y The American Association of Jurists, han presentado ante el 25° Período de sesión del Consejo de DD HH de la ONU, en la promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales incluido el derecho al desarrollo, el documento-exposición conjuntamente escrito entre las organizaciones anteriormente citadas denominado “Judicialización de la protesta social en Colombia” que fue recibido por la secretaria general de la ONU y está siendo circulado de acuerdo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social y que está publicado por dicho organismo internacional en los idiomas oficiales inglés y español. (1)
Pedro Osorio dirigente de ON Y VA, organización que lideró la propuesta de buscar llevar al seno de la ONU el tema de la criminalización de la protesta social en Colombia, expresó que “este es uno de los logros más importantes obtenidos en la gestión de denuncia internacional que se ha podido realizar en los últimos tiempos sobre la violación de los ddhh en Colombia y que ha sido del interés de organismos internacionales especialmente europeos en tomar el caso colombiano y llevarlo al seno de la ONU en Ginebra”
Destaco el el dirigente que “esperamos con ello poner de presente ante la comunidad internacional esta grave situación en Colombia y que los países que se dicen ser defensores de los ddhh llamen la atención al gobierno colombiano en torno a la crisis social y poltica que se vive en el país y que de paso sirva para que la Unión Europea reflexione sobre la firma de los tratados de los TLCs con un gobierno donde diariamente amenazan, asesinan, desplazan y que no se brindan las garantías a la oposición social y política, gobierno que aplica el terrorismo de estado y donde existen más de 10 mil prisioneros políticos y luchadores sociales, donde se persigue y criminaliza la protesta y todo el que se opone al gobierno es considerado terroristay encarcelado, donde las multinacionales aliadas con el gobierno y los grupos paramilitares desplazan a los campesinos e indígenas para llevarse nuestras riquezas naturales, por ello es interesante saber cómo cada día en el mundo se cae la careta y el disfraz que intenta mostrar que en Colombia hay una democracia, no siendo verdad y lo que hay es una dictadura civil apoyada desde atrás por unos sectores militaristas corruptos de derecha que no quieren la paz, ni el progreso y menos la igualdad social y por ello es menester seguir denunciando ante los entes internacionales y al mismo tiempo hay que seguir apostándole a los diálogos de paz con la esperanza que un día haya la igualdad, la paz pero con justicia social y que ojalá la protesta en Colombia continúe y que se trabaje por una Asamblea nacional constituyente que le regrese a la población sus derechos”.
El documento que será debatido en el seno de la ONU expresa en sus apartes que :“Colombia se ha caracterizado por profundos niveles de desigualdad social que han llevado a un conflicto social, político y armado por más de medio siglo y que actualmente se plasman en índices de pobreza que alcanzan el 70% de la población, brechas abismales de desarrollo entre regiones, diferencias marcadas de etnia y género, entre otros indicadores. Esto está relacionado con la concentración de la tierra, una extrema desigualdad donde el 52% de la propiedad rural está en manos del 1,15% de la población y el 49,1% de los ingresos del país van a parar a las arcas del 10% más rico del país.
En este contexto de agudización de los problemas y desigualdades sociales, políticas y económicas, se han levantado diversas voces de inconformidad frente a los gobiernos, donde la oposición política y la movilización social han jugado un papel protagónico, logrando que los diferentes sectores hagan uso de su legítimo derecho a la protesta social.
Por su parte, la respuesta estatal ha sido asumir la globalizada “doctrina de seguridad nacional”, donde a toda oposición o protesta social se le da el trato de “enemigo interno” o “terrorista”. En consecuencia, la protesta social es objeto de una estrategia de represión y persecución que utiliza la prisión como pilar central y sin lugar a dudas afecta a los sectores más empobrecidos del país, mientras se abre el camino a la ampliación de la desigualdad y a la entrega de los recursos naturales del país al capital transnacional. Indica el documento.
En el mismo se señala que “En el desarrollo de la doctrina de seguridad nacional, también llamada “política de seguridad democrática” o “política de seguridad ciudadana”, el Estado Colombiano se ha concentrado en el fortalecer desmedidamente a la fuerza del orden público, debilitando el rubro para salud, educación, empleo y demás necesidades sociales, convirtiéndose en el país de la región que más presupuesto ha destinado al gasto militar.
Paralelamente a la aplicación de estas políticas, durante las últimas décadas, en forma alarmante y arbitraria, se han visto incrementadas las violaciones a los derechos humanos, especialmente la privación al derecho a la libertad personal y el uso arbitrario de la detención preventiva, situación que a su vez ha incrementado la población carcelaria y agudizado la crisis de derechos humanos en las cárceles colombianas. A este respecto, mientras que entre julio de 1996 y junio de 2002 fueron privadas de la libertad arbitrariamente 2.869 personas, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la cifra aumentó alarmantemente, siendo detenidas masivamente 6.332 personas entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004 (2 años) por sospechas sin fundamento de pertenecer o colaborar con grupos insurgentes, teniendo que dejarlas en libertad por demostrarse la arbitrariedad del procedimiento y no existir prueba alguna en su contra. Por su parte, de acuerdo a la Misión de Verificación de la situación de Derechos Humanos, en noviembre de 2011, durante los años 2010 y 2011 se presentaron numerosos casos de defensores y defensoras de derechos humanos detenidos individual y masivamente por realizar actividades de protesta social, como la oposición a proyectos mineros, de estructura, el problema de la tierra, y protestas estudiantiles, entre otros. Así mismo, como evidencias de la criminalización de la protesta social durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, está la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011), que reforma el Código Penal, incorporando como nuevo delito (artículo 353A), “la obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”, castigado hasta con 48 meses de prisión, restringiéndose derechos constitucionales como la libertad de expresión y la libertad de reunión, así como el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad de la sanción irracional.
Durante el año 2013, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aplicada como herramienta de represión y castigo a las acciones de protesta pacífica y movilizaciones desarrolladas por el movimiento social (Paro Campesino Región del Catatumbo, Paro Nacional Minero, Paro Nacional Agrario y Popular, Minga Social Indígena), reprimidas por la fuerza pública, dejando un saldo de más de 902 víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre ellas 315 detenidas arbitrariamente.
Mediante la colaboración de los principales masivos de comunicación, la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha convertido a las organizaciones sociales en objetivo de persecución, presentando a sus integrantes y líderes como delincuentes al servicio de organizaciones políticas alzadas en armas, lo que ha producido la militarización del campo y de las zonas urbanas, aumento del desplazamiento, agudizado las prácticas de saqueo y acumulación de tierras por despojo, engrosamiento de la población retenida por motivos políticos, empadronamiento, montajes judiciales y un sinfín de obstáculos para la organización y acción social.
La Ley de Seguridad Ciudadana, lejos de ser un elemento novedoso, es continuidad del contenido del Estatuto de Seguridad Nacional (Justicia Regional sin rostro), aplicado oficialmente entre 1978 y 1982 por el gobierno de Julio César Turbay y retomado con fuerza por la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010, cuya línea ha continuado el gobierno de Juan Manuel Santos con medidas tan lesivas como el Fuero Penal Militar, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Plan de Consolidación y el Plan Espada de Honor este último para combatir a las insurgencias levantadas en armas desde hace más de 40 años.
Estos mecanismos penalizan a todas luces la protesta social y atentan contra la democracia, intentando frenar las expresiones de inconformismo a través de un aparato de control social como es el judicial.
El control de los mecanismos jurídicos permite la aplicación discrecional de la ley por parte de los operadores judiciales, llegando incluso a propiciar el fortalecimiento de ejércitos privados o denominados paramilitares patrocinados por el mismo Estado a través del ejército y la policía y que pretenden perpetuar el statu quo y a legitimar crímenes de Estado. De la mano de lo anterior aparecen otras medidas que forman parte de la misma estrategia y que entran a reforzarla, como lo son las llamadas Zonas de Consolidación, un diseño institucional implementado en lugares que cuentan con una gran importancia geoestratégica para la extracción de recursos naturales y que es operativizado principalmente mediante el ejercicio de la fuerza pública y el aparato judicial, instrumentalizando la utilización de la violencia como mecanismo de expropiación para la implementación de mega-proyectos por parte del capital transnacional.
Las Zonas de Consolidación están orientadas a fortalecer el proceso de acaparamiento y venta de la tierra a capital extranjero, para el que no existe ninguna normativa reguladora. El capital transnacional se apropia de las zonas más fértiles y las fuentes de agua para sembrar monocultivos de caña de azúcar, arroz, palma de aceite y asegurar la producción de agro-combustibles, el enriquecimiento y la seguridad alimenticia de otros países, a costa del aniquilamiento de la economía campesina, del desplazamiento forzado, de la imposibilidad de ejercer la seguridad y soberanía alimentaria, del desempleo y la pobreza, de daños irreparables en los niveles de fertilidad de la tierra y en conclusión, del saqueo de un país que se va vendiendo poco a poco. Este panorama ha sumido a Colombia en una compleja crisis humanitaria, donde una de las muestras más tangibles de la criminalización de la protesta es la ocurrencia de 3.335 casos de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y la existencia de más de 9.500 prisioneras y prisioneros políticos. El 90% del movimiento social proviene del sector campesino, agrario, estudiantil, de derechos humanos, sindical, indígena, afro-descendiente, incluyendo la oposición política; cuyo único delito ha sido luchar por la justicia social. Como ejemplo cabe señalar que durante el primer mes de movilización del Paro Nacional Agrario y Popular fueron judicializadas 512 personas, además de 9 personas asesinadas y cerca de 800 heridas. Colombia juega un papel geoestratégico clave para toda la región, por lo que urge seguir con atención lo que ocurre en el país, los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP y a las diferentes iniciativas que aporten para concretar una solución política negociada al conflicto social y armado que permita la construcción de una paz duradera con justicia social e igualdad”.
El documento “Judicialización de la protesta social en Colombia” fue elaborado con los valiosos aportes del abogado Ramiro Orjuela y de la Fundación Suyana del Valle del Cauca, que realizan actividades solidarias en Colombia, aspirando que éste coadyuve al trabajo de apoyo a la denuncia contra la criminalización de la protesta social en Colombia.
E igualmente se ha confirmado la realización y se invita a participar en el panel“Judicialización de la protesta social” que se desarrollará el día jueves 20 de Marzo del presente año de las 16 a las 18 horas en la sala XXIV del Palacio de Naciones Unidas, ONU en Ginebra Suiza; como expositores estarán delegados de Colombia, Filipinas y el Sahara Occidental y contará con la participación de diversas delegaciones internacionales intervinientes del 25 período de sesiones del Consejo.
Se está solicitando a las organizaciones y personas interesadas en asistir al panel que deben obtener la acreditación respectiva, para lo cual pueden dirigirse a onyvaglobalizando@yahoo.fr , teléfono 0041-798221561 con plazo máximo hasta el 14 de Marzo, antes de las 6 pm. Hora Suiza.
Tomado: tercerainformacion
