Desde el 4 de septiembre de 2012, cuando fuese anunciado por el Presidente Juan Manuel Santos, el país conoció la noticia sobre el inicio de un nuevo acercamiento y diálogo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP. Desde ese entonces hasta hoy, los diálogos entre las partes han venido sosteniéndose en la ciudad de La Habana y este nuevo proceso de paz se ha convertido en la esperanza de millones de colombianos para darle fin al cruento conflicto armado.
La esperanza y deseos de la mayoría de los colombianos se han volcado contundentemente en favor de la paz; esto es así, porque 50 años de guerra han contribuido a la degradación y degeneración del país y porque lo único que desea el pueblo colombiano es el desarrollo de sus fuerzas y la prosperidad en un país en paz.
Ahora bien, pese a los importantes esfuerzos que hacen las partes y teniendo como marco o contexto la frontal guerra desatada en los gobiernos de Uribe, que hacia impensable un nuevo proceso de paz, el diálogo sostenido entre gobierno e insurgencia no es algo nuevo.
Para la década del ochenta, gobierno y FARC sostuvieron durante poco más de tres años un diálogo -mal que bien, constante- en el que se avanzó en el reconocimiento del carácter social y político del conflicto armado colombiano. Con la firma de “Los Acuerdos de La Uribe”, gobierno e insurgencia pactaban por primera vez unos mínimos para darle una salida no armada al conflicto.
Precisamente el próximo 28 de marzo se cumplirán 30 años de la firma de Los acuerdos de La Uribe, mediante los cuales el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC-EP pactaron un cese al fuego que se iniciaría el 28 de mayo de 1984.
Las comparaciones siempre serán anecdóticas, pero con cierta similitud el periodo en el que se firmaron “Los Acuerdos” se asemeja al de hoy. En aquel entonces, el gobierno Betancur fue precedido por el gobierno del “Estatuto de Seguridad”. Con el decreto 1923 de 1978, el entonces Presidente Julio César Turbay, daba superpoderes a las Fuerzas Militares en el manejo de la seguridad interna; allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos fueron el pan de cada día durante los cuatro años de gobierno de Turbay. Esta situación, con los matices propios de la contemporaneidad, se asemeja a los ocho años que vivió el país bajo el gobierno de la “mano firme, corazón grande”.
Con la llegada a la presidencia de Belisario Betancur y la amnistía que proponía el gobierno mediante la Ley 35 de 1982, la insurgencia vio un buen gesto por parte del gobierno en miras a darle una salida dialogada al conflicto. Pero además, las FARC entendieron que esa era la oportunidad para poder llegar a otros sectores de la sociedad y que estos comprendieran las causas que motivaron su alzamiento y las reivindicaciones y propuestas para el país.
A la par con la ley de amnistía, Betancur reconstituía la Comisión de Paz, disuelta por el gobierno anterior. Esta comisión, que contaba con personajes notables de la vida pública del país, adelantaría diálogos con los diferentes grupos insurgentes. Uno de ellos, las FARC, entabló conversaciones con la Comisión de Paz el 30 de enero de 1983, en Colombia, Huila. La insurgencia pidió que los diálogos se desarrollaran en La Uribe, Meta, zona que debía ser desmilitarizada, y que el gobierno tuviera firmes intenciones de plantear reformas que condujeran a darle fin a las causas que generaron el conflicto, como es el caso del acaparamiento de tierras.
Un año después y como hoy, las FARC decidieron unilateralmente aceptar el cese al fuego, y en conjunto con el gobierno firmaron Los Acuerdos de La Uribe. De un lado la guerrilla se comprometía a poner fin al secuestro, la extorsión y el terrorismo. Del otro lado, el gobierno acordaba cesar las acciones contra la insurgencia, fortalecer la democracia, promover la modernización de las instituciones políticas, impulsar vigorosamente la aplicación de una política de reforma agraria, entre otras.
Uno de los puntos de “Los Acuerdos”, se refería a la posibilidad de que la insurgencia se organizara política, económica y socialmente. En cumplimiento con este punto, las FARC proponen la creación de la Unión Patriótica, como un movimiento amplio y democrático de izquierdas, donde los integrantes de las FARC puedan incorporarse y hacer política con las garantías prometidas por el gobierno y sin la necesidad de utilizar las armas.
Desafortunadamente, el reconocimiento dado por Betancur al conflicto y a la insurgencia tuvo enemigos poderosos, impacientes y atemorizados con las acciones tendientes a buscarle una salida negociada al conflicto. Las Fuerzas Militares fueron las primeras en ver con malos ojos los acercamientos entre las FARC y el gobierno, pero detrás, en la sombra, siempre estuvieron poderosos industriales, el grueso de los gremios económicos, los políticos miembros de los tradicionales partidos Liberal y Conservador, y los medios de comunicación como la Casa Editorial El Tiempo.
Pero los enemigos no eran sólo de palabra sino de hecho. Después de comenzada la tregua, fueron varias las ocasiones en que destacamentos del ejército sabotearían “Los Acuerdos” realizando acciones militares. Por otro lado, y más grave aún, están las acciones paramilitares que condujeron al inicio de lo que más tarde se conocerá como el genocidio de la Unión Patriótica. Estos hechos llevaron a que en el año 1987 se den por terminados el cese al fuego y la tregua, lo que desencadenara un largo ciclo de violencia paramilitar y militar en contra de cualquier expresión de protesta.
Muy pocas cosas han cambiado desde aquel 28 de marzo de 1984. La intención del gobierno actual por concretar la paz podría compararse con aquella de Betancur. Así mismo, la intención de las Fuerzas Militares actuales se corresponde con la de entonces, al igual que la ambición guerrerista de miembros de la Unidad Nacional y de las mafias y empresarios.
Pero el deseo de la mayoría de los colombianos por darle fin al conflicto armado y construir la paz sin hambre, sin violencia, con trabajo y con libertades que lleven al país por una senda de progreso y en plena vigencia de la democracia también es un hecho palpable que se mantiene vigente desde entonces. Hoy más que nunca, los Acuerdos de La Uribe cobran vigencia. Hay que empezar por reconocer las causas estructurales que le dieron origen a este conflicto. Esa es la ruta que debe seguir el país, la ruta del diálogo.
Tomado: Agencia Prensa Rural
