La carta, que es el equivalente a una denuncia, fue entregada a Fatou Bensouda, Fiscal de la mencionada corte. En ella se describen los hechos que ocurren en la selva amazónica de Ecuador y se explica la manera en la que las acciones y decisiones tomadas por John Watson, CEO de Chevron, junto con otros directivos de la compañía constituyen un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de la de esa zona, lo que es penado en el artículo 7 (Crímenes de lesa humanidad) del Estatuto de Roma.
Esta denuncia abre un camino muy importante para que las violaciones a los derechos fundamentales no queden impunes, tomando en cuenta que, y según la postura de reconocidos jurista las masacres actualmente no tienen las características clásicas y se extienden a hechos como la creación de un espacio vital que ha sido contaminado, el hostigamiento de los pobladores de una región, o lo que es aún peor, el mantenimiento indefinido de condiciones violatorias a los Derechos Fundamentales, todo esto hacen que este conjunto de acciones constituyan un Delito contra la Humanidad en los términos del Estatuto de Roma; y es justamente esto lo que el CEO de Chevron ha hecho en Ecuador.
Es por esto que, a través de la acción ante la Corte Penal Internacional los pobladores ecuatorianos, más de 30 mil indígenas y colonos de la Amazonía denuncian la acción de los directivos de la multinacional que mantienen las condiciones ambientales generadas, lo que ha causado impactos negativos y la violación permanente de sus derechos. Esto a pesar de que existen sentencia dictaminada por las cortes ecuatorianas, la misma que ha sido desconocida por la petrolera. De acuerdo a los afectados, inmediatamente se cumpla el pago que debe hacer la petrolera, se iniciarán las acciones de reparación ambiental, que permitirán reducir los impactos generados.
Chevron-TEXACO causó el mayor desastre registrado en la historia de la industria petrolera. EL daño lo causó en la Amazonía ecuatoriana, donde operó entre 1960 y 1992; por ello, representantes de los afectados iniciaron un largo proceso legal en 1993 y que culminó con condena ambiental, refrendada en octubre de 2013 por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Contrariando la sentencia, la empresa ha desarrollado una estrategia clara de ocultamiento de la contaminación, desprestigio de los afectados y una constante negativa a asumir sus responsabilidades internacionales en materia de Derechos Humanos.
Una acción de esta naturaleza ante la Corte Penal Internacional no tiene precedentes y constituye un avance en materia de Justicia Penal Internacional, pues permitirá juzgar acciones de particulares que generan crímenes, considerados en el Estatuto de Roma, como de “lesa humanidad”. Las acciones dilatorias y que no han permitido la reparación de las condiciones que están causando muertes a una población y que les ha obligado a modificar su medio de vida y costumbres, deben ser motivo de análisis y resolución de esta Corte, obligada a velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo.
Esta acción se suma a importantes avances registrados en temas de derechos humanos a nivel supranacional, como lo fue la resolución de la última reunión de Ginebra, en la que se creó un grupo de trabajo para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante, que obligue a las transnacionales a cumplir todas las normativas referentes a derechos humanos. En esa ocasión el caso Chevron fue presentado, a través de Pablo Fajardo, abogado principal de la causa, en representación de los afectados ecuatorianos.
Con este caso, la Corte Penal Internacional tendrá la oportunidad de investigar y probar la responsabilidad penal individual de personas físicas que actúan a través de una persona jurídica, con lo cual las empresas deberán ajustar sus prácticas y sus representantes deberán responder por las violaciones a los derechos de las poblaciones en las que desarrollan sus actividades.
Tomado: tercerainformacion
