El gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) alcanzaron ayer un acuerdo sobre reparación y justicia para las víctimas de más de medio siglo de conflicto armado.
Los jefes de las delegaciones del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, y de las FARC-EP, Iván Márquez, hicieron entrega del acuerdo de manera simbólica a Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.
Los documentos, que confirman el logro de uno de los acuerdos más complejos de las conversaciones iniciadas en noviembre del 2012, estarán bajo la custodia de los países garantes, Cuba y Noruega.
Las representaciones de los países acompañantes, Chile y Venezuela, también estuvieron presentes en el acto de entrega.
El convenio se denomina “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto. Sistema Integral de Verdad. Justicia, Reparación y No Repetición”, e incluye además la Jurisdicción Especial para la Paz, un instrumento diseñado en la mesa de diálogo para impartir justicia en el postconflicto, así como un Compromiso sobre los Derechos Humanos.
Ambas partes coincidieron en destacar el papel de los países garantes para la consecución de este trato, así como el rol de Cuba que ha funcionado de anfitrión de las conversaciones.
Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno colombiano, expresó que la firma de este acuerdo constituía una buena noticia para el mundo.
“Por primera vez en el mundo, de común acuerdo en medio de un conflicto vivo, y por convenio entre las partes, se crea una Jurisdicción que se basa en el reconocimiento de responsabilidad, de verdad y en el compromiso de reparación”, dijo.
“Es un sistema que se aplica a todos. No es una puerta a la impunidad. Después de seis millones de víctimas, las discusiones sobre quién inició la guerra no son relevantes para la terminación justa de las hostilidades, pero tampoco las violaciones de un bando justifican las violaciones del otro. No hay espacio para la impunidad”, acotó.
Humberto de la Calle también explicó que no hay lugar para la amnistía a delitos de ninguna de las partes como:
genocidios, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal y violencia sexual, desplazamientos forzados y sustracción y reclutamiento de menores.
Por su parte Iván Márquez, jefe de la delegación de la FARC-EP, alegó que este proceso demostró que la justicia restaurativa es la mejor forma de alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general.
“El proceso que se adelanta en La Habana es el único en el que se ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) señala como derechos inalienables de las víctimas: el derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a la No Repetición”, adicionó.
Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto
El centro del compromiso entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP es resarcir a las víctimas del conflicto.
Los dos contenidos esenciales de este acápite, Derechos humanos de las víctimas y Verdad, tratan de ofrecer contenidos que satisfagan las reivindicaciones de quienes fueron afectados por tan larga confrontación.
Desde el inicio del proceso, las partes han enfatizado que las victimas están en el centro del posible acuerdo final.
Durante todo este año varias delegaciones asistieron a la mesa de diálogos, donde numerosos afectados y organizaciones participaron en foros y presentaron sus propuestas.
Dentro de los compromisos que parten de la firma de este punto “Víctimas” se incluyen acuerdos para la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del Conflicto; la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas específicas de reparación.
Se conoció además que durante los debates que dieron lugar a la firma de este entendimiento se puso en marcha la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la cualarrojó importantes conclusiones sobre los orígenes y múltiples causas del conflicto.
En el marco de estas discusiones se decidió establecer protocolos para adelantar los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonales y otros artefactos explosivos. Además se emitieron órdenes humanitarias inmediatas de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de los restos de las personas dadas por desaparecidas.
La cifra de colombianos y colombianas que han sufrido este extenso conflicto suman millones. Aquí en La Habana confluyeron para dar su testimonio víctimas de desplazamientos forzados, de violencia sexual y psicológica, así como familiares de desaparecidos y muertos.
Si bien solo 60 personas viajaron a la sede de las conversaciones de paz para brindar su alegato, en aras de aglutinar la mayor cantidad de opiniones posibles se ampliaron los mecanismos de participación y más de 3 000 formaron parte de los cuatro foros organizados por Naciones Unidas y la Universidad Nacional en territorio colombiano.
Jineth Bedoya, en representación de los afectados por el conflicto, expresó su júbilo por haber encontrado el camino a la paz después de tantas décadas de impunidad.
“Nuestro respaldo al proceso de paz no significa que renunciemos a la justicia, a la reparación y sobre todo a la verdad.
Colombia debe entender que solo a través del diálogo y la reconciliación será posible llegar a la materialización de la palabra que tanto pronunciamos pero que poco sabemos: paz”.
“Creemos en ustedes y queremos que nuestro país crea en el acuerdo de paz, pero si fallan no lo harán con nosotros las víctimas sino con la historia de Colombia”, finalizó.
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
El fin del conflicto debe contribuir a garantizar que cesen las violaciones e infracciones. Es además una oportunidad para la satisfacción de los derechos de los afectados.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, surgido de este importante paso, implica el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos y que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido.
Pretende ser integral para que las medidas logren un máximo de justicia y de rendición de cuentas sobre las violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH. Además contribuirá al esclarecimiento de las causas y condiciones del conflicto y la construcción de una memoria histórica.
Según trascendió tiene un enfoque diferencial y de género que se ajusta y responde a las características particulares de la victimización en cada territorio, en especial las necesidades de las mujeres, los niños y las niñas.
También debe garantizar la seguridad jurídica de quienes se acojan a las medidas de justicia, como elemento esencial de la transición a la paz.
El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz, mientras que según el acuerdo, ningún mecanismo primará sobre otro, sino que estarán interconectados.
Se espera que con la implementación de este y de todos los acuerdos se asegure la dignificación de las víctimas, se haga justicia y se sienten las bases para acabar para siempre con la violencia del conflicto en Colombia.
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