La situación en el Catatumbo colombiano, en el Norte de Santander, continúa sin solución mientras el Gobierno volvió a condicionar el diálogo con el campesinado al levantamiento de los bloqueos.
Cuando estaban a punto de comenzar la víspera la mesa de negociación en el municipio de Tibú, los agricultores suspendieron la reunión, tras las declaraciones del ministerio de Defensa, que señaló a los líderes del gremio de tener vínculos con la guerrilla.
En un comunicado, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina refutó con firmeza la persecución institucional y mediática contra los agricultores.
Rechazamos las peligrosas y malintencionadas acusaciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que atentan contra la dignidad, buen nombre, vida e integridad de los campesinos en protesta, apuntaron.
El ministerio reveló ayer supuestas pruebas sobre las relaciones de los voceros campesinos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
La información publicada por los medios, añade el texto, corresponde a una estrategia encabezada por ese ministerio que busca desvirtuar las protestas, ilegitimar a los voceros y minar el diálogo entre el Estado y las comunidades campesinas.
Los líderes del gremio alertaron a la opinión pública que los señalamientos del ministerio de Defensa pueden agravar la situación de derechos humanos en el Catatumbo, cuyas manifestaciones han sido atacadas por la fuerza pública, con un saldo de cuatro muertos y más de 30 heridos.
El presidente Juan Manuel Santos se reunió la víspera con varios miembros de su gabinete y los dos voceros gubernamentales designados para la posible mesa de negociación.
En un comunicado oficial, el Gobierno subrayó que "tiene toda la voluntad de seguir dialogando con los campesinos del Catatumbo, para construir la metodología que permita reanudar las conversaciones" sin embargo reiteraron que las mesas se iniciarán cuando se levante el paro.
Por otro lado, el vicefiscal general, Jorge Perdomo, confirmó que los cuatro campesinos que murieron durante las protestas fueron impactados con arma de fuego, en un caso con proyectil de fusil, como probó la necropsia.
A tres semanas de comenzar las movilizaciones, los más de 16 manifestantes continuarán en pie hasta tanto el Gobierno los escuche.
Entre sus principales exigencias están la declaración de una Zona de Reserva Campesina, la sustitución gradual de los cultivos ilícitos, la defensa de los derechos humanos y las políticas mineroenergéticas.
Tomado: Prensa Latina
