Los reclamos de los agricultores, que protestan por un abandono estatal de casi 70 años, siguen sin ser escuchados por las autoridades, que insisten en desbloquear las vías y carreteras como condición para una posible mesa de negociación.
Aunque agotados por más de 40 días de huelga en medio de la represión de la policía, el ejército, y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), los campesinos han reiterado que no se moverán hasta que el Gobierno cumpla y se llegue a un acuerdo.
En declaraciones divulgadas la víspera por la Agencia de Prensa Rural, el líder agrario, César Jérez, subrayó que la actitud del mandatario Juan Manuel Santos de condicionar los diálogos al desbloqueo de vías recuerda mucho a la de su antecesor, Alvaro Uribe, justificando la fuerza antes que el entendimiento.
“Los bloqueos seguirán hasta tanto el Gobierno no entre en sensatez y envié un equipo coherente para dialogar”, apuntó Jérez quien ratificó la necesidad de declarar emergencia social en la zona para evitar que la crisis humanitaria se agudice.
El Gobierno sigue cerrado a las conversaciones, sobre todo a uno de los principales reclamos del campesinado, la declaración de una Zona de Reserva que impida el avance del latifundio de las transnacionales en esa región. Santos ha sido enfático al señalar que no permitirá más bloqueos.
A la espera de que se retomen los diálogos, los campesinos siguen resistiendo a las agresiones de la fuerza pública, sobre todo en el municipio de Tibú, en el Norte de Santander, donde iniciaron las protestas el pasado 11 de junio.
Este domingo la Agencia de Prensa Rural difundió otro video donde se ve a miembros del Esmad golpeando violentamente a un joven que se encontraba en un sector del casco urbano de Tibú, que tuvo que ser hospitalizado.
La plataforma Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), que agrupa a 249 organizaciones defensoras de los derechos humanos, alertó el sábado último sobre la posibilidad de desalojar a los manifestantes por la fuerza.
En un comunicado titulado Amenaza de desalojo a sangre y fuerza en el Catatumbo, la red se declaró en máxima alerta ante un nuevo uso desproporcionado por parte del Ejército y la policía, que han arremetido en numerosas ocasiones, con un saldo de cuatro civiles muertos y más de 50 heridos.
“Exigimos al Gobierno no renunciar al diálogo y establecer mecanismos útiles que resuelvan las peticiones de los campesinos; a la Fiscalía y la Procuraduría iniciar investigaciones que individualicen la responsabilidad de los agentes del Estado que incurrirían en graves violaciones de derechos humanos si se realiza este arbitrario desalojo”, señala el texto.
Tomado: LibreRed.net
