Quince represores de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), condenados en diciembre pasado por crímenes de lesa humanidad, disfrutan hoy de la suspensión de sus sentencias, acorde con un fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Penal.
De hecho, el dictamen emitido en especial por los votos de los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Rafael Riggi, según informó el diario Página 12, representa un golpe a familiares de las víctimas y al proceso pro derechos humanos de hallar justicia contra los desafueros del terrorismo de Estado.
El veredicto que apoyaron esos dos de los tres jueces de ese órgano dejó en suspenso la prisión efectiva de quince represores condenados en diciembre del año pasado en la provincia de Salta por crímenes imprescriptibles, siete de ellos a perpetua.
Gracias al fallo, después de dos años de juicio, ninguno quedó en la cárcel. Unos obtuvieron domiciliarias y otros quedaron en libertad.
La causa en cuestión es conocida como "megacausa de Salta", la cual concluyó el 20 de diciembre de 2013, después de dos años de debate.
El Tribunal Federal de Salta condenó a los 15 represores por crímenes contra 34 víctimas. El juzgado dictó siete perpetuas: cinco a militares, una a un comisario y otra a un integrante del Servicio Penitenciario provincial.
Además hubo ocho condenas a penas de cinco a 10 años de prisión. En el mismo fallo, el Tribunal expresó que todas las condenas debían ser cumplidas con prisión efectiva.
La noticia del fallo de la Cámara de Casación Penal -señaló Página 12- sorprendió y generó preocupación entre sobrevivientes y familiares de las víctimas y ya generó efectos en otras resoluciones.
Los querellantes acaban de presentar un "pronto despacho" ante la Cámara para que revise la situación, indicó el diario.
Cristina Cobos, una de las querellantes, manifestó la desilusión "como familiares y con tanto esfuerzo que hicimos para llegar a este juicio; nos sentimos muy maltratados con la resolución de Casación", recalcó.
Citada por Página 12, Cobos sostuvo que "evidentemente la sacaron sin tener en cuenta los 37 años que esperamos para tener justicia y sin tener en cuenta que varios imputados tienen otras causas en las que están a punto de llegar a juicio oral, por lo tanto es un problema que estén en libertad".
Advirtió, además, sobre los eventuales riesgos de fuga que genera el escenario de un próximo juicio para cualquiera de los recién liberados.
En Argentina se desarrollan hoy 15 juicios por delitos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante los oscuros años de la dictadura en los que desaparecieron 30 mil personas, afirman grupos de derechos humanos.
Tomado: Prensa Latina
