El Senado colombiano ratificó las promociones de cinco militares acusados de haber realizado ejecuciones extrajudiciales y homicidio agravado, ocurridos en las zonas en las que operaron batallones a su mando.
El Senado colombiano ratificó en un acalorado debate el ascenso de al menos 39 oficiales del ejército entre los que figuran cinco militares sobre los cuales existen sospechas de que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, informó ayer el Ministerio de Defensa. Una amplia mayoría votó en el pleno de la Cámara alta a favor de esta promoción propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos, que ya había sido aprobada el 20 de noviembre por la Comisión Segunda del Senado. Los casos que generan polémica son los que involucran a los brigadieres generales Nicacio de Jesús Martínez Espinel, Jorge Alberto Eduardo Segura Manonegra, Emilio Enrique Torres Ariza y Gabriel Hernando Pinilla Franco, además de los sucesos que supuestamente tienen como protagonista al coronel Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, todos ellos promovidos a generales. Se los acusa de haber realizado ejecuciones extrajudiciales y homicidio agravado, ocurridos en las zonas en los que operaron batallones a su mando, pero también existe malestar porque, denunciaron los legisladores, sus historiales militares no se entregaron siguiendo los tiempos que establece el Senado.
Pese a las numerosas críticas del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), que se opuso a las cinco promociones impulsadas por el Ejecutivo colombiano, el pleno del Senado dio luz verde definitiva al ascenso general en un debate al que asistió el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. El funcionario desmintió que los oficiales hayan violado derechos humanos porque, aseguró, los organismos competentes han señalado que no hay ninguna investigación contra estos militares. “Debe respetarse la honra de estos uniformados y la de sus familias porque los entes de control han señalado que no hay investigaciones en su contra”, indicó Carlos Pinzón. Sin embargo, desde el Polo sostuvieron que, al no recibir toda la información sobre sus historiales castrenses, realizaron investigaciones por su cuenta con las que pudieron determinar la existencia de sospechas de graves crímenes cometidos por estos oficiales.
Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) alertó ayer que el gobierno colombiano impulsa varias reformas legislativas que tienen como finalidad blindar los crímenes contra civiles cometidos por militares en el marco del conflicto armado. En una rueda de prensa en Bogotá, el director de este organismo para las Américas, José Miguel Vivanco, denunció que el Ministerio de Defensa inició una “emboscada legislativa” para proteger a los militares que han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
“Esa estrategia consiste nada menos que en una reforma constitucional y dos proyectos de ley”, expuso Vivanco.
La reforma se refiere a la ampliación del fuero penal militar, una polémica medida que actualmente se debate en el Congreso y que, de aprobarse, implicaría que graves violaciones a los derechos humanos cometidos por militares sean juzgados por un tribunal castrense, advirtió la ONG. El responsable regional de HRW aseguró que en el proyecto se dice en términos directos y categóricos que a la Justicia penal militar le corresponderá el conocimiento de delitos tales como homicidios. Esta definición puede comprometer que se juzguen casos como el asesinato masivo de civiles presentados como guerrilleros para así conseguir resultados de guerra, hechos conocidos en el país como “falsos positivos”, indicó Vivanco.
“Lo que persigue la reforma es que cualquier hecho que se produzca en el campo de batalla, y todo se produce en el contexto de hostilidades, esté amparado por unas órdenes que le dan un barniz de legalidad para proteger a todos los asesinos que participan en estas ejecuciones”, apuntó Vivanco.
“Estamos hablando de retrocesos históricos de conquistas judiciales del Estado de derecho colombiano en los últimos 20 años”, destacó el funcionario.
Tomado: Pagina/12
