martes, 23 de junio de 2015

Acerca de la Comisión de la Verdad



La verdad debe ser la base de la reconciliación en Colombia, sin duda, el anuncio al finalizar el ciclo 37 en la mesa de diálogos en La Habana sobre la creación de una Comisión de la Verdad, es un hecho excepcional, si tenemos en cuenta que, a pesar, de haber existidos procesos de paz,  Ley de Justicia y Paz (2005), es muy poco lo que se conoce acerca del conflicto armado, las atrocidades cometidas por paramilitares, la sevicia como actuaron sobre comunidades enteras, la participación de las Fuerzas Armadas en connivencia con estos y el accionar de la guerrilla dentro de la guerra.

Al buscar esclarecer estos hechos violentos, no solo se debe resarcir a las víctimas, sino que se impide su repetición, con los mismos o diferentes argumentos no solo los cometidos por los grupos armados ilegales o los de las organizaciones guerrilleras, sino tal vez la más importante los que han actuado en la sombra, financiando, apropiándose, determinando crímenes masacres y desplazamiento.

Estos que en todo este largo conflicto han posado como respetados empresarios, políticos, periodistas, militares o servidores públicos que se han aprovechado de su condición cualquiera que sea, para diseñar planear masacres, apropiarse de más de 6 millones de hectáreas despojadas a sus legítimos dueños, sin que se conozca sus verdaderos autores, en este mismo lugar se encuentran el papel que ha mantenido las multinacionales que operan en el país, como determinadores de desplazamiento y masacres.

La importancia de la Comisión de la Verdad esta justamente en poder reconocer a estos determinadores y que las víctimas conozcan de primera mano lo sucedido con sus familiares o sus tierras en manos de quienes están o porque fueron asesinados, donde reposan sus restos.

Al poder reconocer las víctimas a los victimarios, no solo se está dando un paso hacia la reconciliación, sino que se está impidiendo que estos responsables vuelvan a cometer esos delitos, pues la sociedad puede actuar como guardianes de la paz. En el entendido, que la Comisión se construye al margen de un proceso judicial, lo que no impide que la sociedad en su conjunto aplique una sanción moral.

Es justamente sobre esta base que se puede dar el desmonte del paramilitarismo, los resultados que arroje la Comisión pondrán de presente quienes están detrás financiando, armando, reorganizando nuevas bandas, reclutamientos, las zonas donde operan y cuáles son los objetivos que tiene el despojo de tierras. Es decir, qué mega proyectos se están desarrollando o los fines de dicha apropiación, quienes son los que aparecen como dueños.    

 Conocer estos hechos que deben ser públicos permitirá evidenciar no solo los intereses de un grupo social, sino que además, impedir que se sigan presentando, bajo la sombra de la violencia o las amenazas que impiden que se conozca a los responsables y establecer responsabilidades judiciales y morales.


Un pasado sin resolver
La violencia ha sido el principal factor que ha determinado la historia de Colombia, hemos pasado de una etapa a la otra, sin buscar mecanismos que limiten o impidan que se siga presentando como fenómeno político. Este hecho se puede explicar por la permanencia de una élite en el poder, élite que ha utilizado la violencia y las crisis económicas, sociales con el fin de justificar su permanencia en el poder. Al eliminar la diferencia impide que se consoliden nuevos proyectos políticos, nuevos actores políticos, se construya país de forma democrática.

Esta élite que además, tiene un largo historial de corrupción que es ignorante y violenta nunca se le ha pedido que rinda cuentas frente al país que gobierna. Es aquí donde se puede explicar el por qué la extrema derecha, como era de esperarse, se ha mostrado en desacuerdo con la conformación de dicha Comisión. Planteando que solo es a la guerrilla a la que le toca rendir cuentas o que son los únicos responsables de la violencia.  

Este hecho se puede explicar en primer lugar; por los resultados que arroje la Comisión que no van a ser favorables para la élite, con ello excusan su falta de aceptación y desprestigian la idoneidad de los participantes, con ello desde ahora le pretenden quitar la importancia de buscar en el pasado para conocer el presente.

Desde ahora se puede prever que grupos económicos, empresarios y políticos empiecen a buscar historiadores afines a sus gestas que quieran tergiversar la verdad escribiendo sus propias historias llenas de razones sociales por las que ayudaron a este país pobre y miserable a caminar hacia el desarrollo. Por ello, es vital la apertura de los archivos, estos pueden contar nuevas historias, desconocidas pero que incidieron de manera directa en hechos violentos.

La insurgencia ha hecho reiterados llamados a la apertura de los archivos, a los cuales no se conoce la posición del gobierno. En este punto vale decir, que no solo los archivos oficiales son importantes, sino aquellos que reposan de forma particular en los anaqueles de militares, empresarios, políticos, multinacionales de los que el país no sabe su existencia y son los que arrojan verdaderas pistas para conocer la verdad.

Esto por supuesto, esperando como ha acontecido en determinados momentos que frente a las evidencias se destruyen los archivos o se desaparecen, un ejemplo es lo acontecido con el caso de las chuzadas del desaparecido DAS. Es decir se debe buscar preservar la información como fuente que corrobore la verdad y como parte fundamental para el estudio de la historia.

Si bien, se ha argumentado que a diferencia de otras Comisiones de la Verdad, esta no tendría mayor novedad, pues una parte de los estudios en Colombia del siglo XX ha sido elaborada. Existen vacíos no solo porque no se conocen los relatos de las víctimas, sino por la imposibilidad de revisar los archivos, o la forma como determinados expertos han utilizado las fuentes, enalteciendo el papel de la élite, como sustento para permanecer en el poder.

Las élites y la verdad
Como ya se dijo anteriormente a la élite en el poder nunca se le ha pedido que rinda cuentas por sus acciones a pesar, de su larga duración en el poder, esto les ha permitido agrandar su poder, cometer toda suerte de delitos, pues, son los mismo que legislan en beneficio propio, a través de micos, elefantes, manzanas podridas, articulitos y los que sin ninguna ética, les ordenan a su bancada que voten antes de que sean judicializados. Son justamente estos delitos los que les ha permitido permanecer en el poder y ostentar el deshonroso lugar como uno de los países con más corrupción.

El temor de la élite es que dicha Comisión evidencié como lo público se convirtió en lo privado de políticos y empresarios que generaron desorden y caos para mantener ocupada a una parte de la sociedad, en este mismo sentido se ha dado la falta de desarrollo y la venta del país que se ha hecho con el famoso discurso de la confianza inversionista y la penetración del capital transnacional, en aras del desarrollo, pero que esconde intereses personales o de grupos o corporaciones que se unen para el beneficio individual y no de país como les correspondía por ser los representantes del mismo.  

Por ello, es que ya han sentado su voz de protesta tratando de deslegitimar la Comisión y de no aceptar los resultados, pues una sanción moral los dejaría fuera de la arena política o del privilegio de contratar con entidades del Estado, para ellos, una Comisión valida sería la que enalteciera su entrega “desinteresada” en función del país e hiciera un borrón y cuenta nueva, o que su informe entregara como único responsable del largo proceso de violencia a la insurgencia, justificando no solo las medidas del gobierno cuando se extralimito y aplicó la pena de muerte o la desaparición forzada a sus ciudadanos.

Finalmente se puede decir que la Comisión de la Verdad debe contar con el reconocimiento de la sociedad, pues, es esta la que va hacer visible lo que se concluya. Se debe aceptar como verdad histórica con una sola interpretación, sin tratar de matizar los hechos violentos.

Aunque la Comisión no tendrá funciones judiciales, esta si debe tratar de esclarecer hechos de los que no se tenga noticia cierta o los autores que actúan en la sombra, pues de allí depende que buena parte de hechos violentos no se vuelvan a repetir, el conocer los autores intelectuales, financiadores, puede prevenir a que estos continúen con su accionar violento.


Por otro lado, el Estado como ente regulador de la sociedad debe tener una sanción por actuar en contra de sus ciudadanos. Esta debe ser que le quede prohibido, bajo ninguna circunstancias levante las armas en contra de sus pobladores so pena de sufrir una sanción internacional y de ser declarado ilegitimo.