El 26 de junio es el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura y todos los años el gobierno de los Estados Unidos envía un mensaje para su conmemoración. Para que esa retórica no quede vacía, las autoridades estadounidenses deben explicitar las acciones que tomarán para investigar y sancionar las torturas y desapariciones forzadas cometidas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la llamada “lucha contra el terrorismo”, seis meses después de que esos crímenes fueran revelados en detalle por senadores estadounidenses.
En el día de ayer, cien organizaciones de todo el mundo pedimos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que envíe un mensaje contundente contra la impunidad frente a la tortura y las desapariciones forzadas. El consejo debe exigir que el gobierno de EE.UU. tome medidas para dar cumplimiento a todas sus obligaciones vinculadas al derecho internacional para asegurar justicia, verdad, reparaciones y no repetición. Esto implicaría, entre otras acciones, desclasificar el informe completo del Senado sobre el programa de detención de la CIA, emprender una amplia investigación penal independiente y compensar a las víctimas.
Si no avanzara en este sentido, los EE.UU. seguirían violando sus propias obligaciones bajo la Convención contra la Tortura de la ONU y otros instrumentos internacionales. Además, daría un duro golpe al sistema internacional de derechos humanos, en general, y al esfuerzo global para erradicar la tortura y las desapariciones forzadas, en particular.
Desde que la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado de los EE.UU. divulgara el resumen de sus cuatro años de investigación sobre el Programa de Detención e Interrogatorios operado por la CIA, la comunidad internacional de derechos humanos ha insistido con mayor fuerza en la necesidad de que haya plena transparencia y se rinda cuentas por este programa ilegal. Solicitamos la designación de un fiscal especial que conduzca una investigación penal exhaustiva y creíble sobre los graves crímenes descriptos en el informe, un pedido que fue reiterado esta semana con más de cien mil firmas de apoyo.
El mes pasado, como parte del Examen Periódico Universal de los EE.UU. (una evaluación de la situación de derechos humanos de cada uno de los Estados miembro de la ONU), un número significativo de países se unió al llamado de la sociedad civil y planteó el problema de la necesidad de justicia y reparaciones por el uso de la tortura y otras violaciones de derechos humanos en el marco de las políticas y prácticas estadounidenses contra el terrorismo. La autoridad federal con sede en Washington tiene hasta septiembre para responder a las recomendaciones de sus pares.
Por Gastón Chillier, Anthony Romero, Juana Kweitel y Joy Olson
Director ejecutivo del CELS, director ejecutivo de la ACLU (EE.UU.), directora ejecutiva de Conectas (Brasil) y directora ejecutiva de WOLA (EE.UU.).
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