Una audiencia para conocer sobre las denuncias de violación de derechos humanos en Paraguay se desarrollará el próximo jueves a nivel interamericano con el gobierno de Federico Franco como acusado
Alegatos sobre abusos sufridos por la población, irrespeto al derecho a la vida, despidos injustificados por razones políticas y retrocesos en el derecho a la salud y la educación garantizado en el gobierno del destituido presidente Fernando Lugo son algunas de las acusaciones.
La audiencia se llevará a cabo en Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual deberá pronunciarse también por la persecución a dirigentes sociales, de acuerdo a las acusaciones presentadas por un grupo de organizaciones paraguayas.
Los denunciantes pedirán que se exija al Estado paraguayo la restitución de los derechos conculcados y brinde las garantías necesarias a la población.
Ellos son el Servicio Paz y Justicia, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Católicas por el Derecho a Decidir Paraguay y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
Elemento principal en la denuncia de esas organizaciones es el referente a los excesos cometidos durante un desalojo campesino en junio pasado en la localidad de Curuguaty, incidente en el cual murieron 11 campesinos y seis policías.
El hecho fue utilizado para convocar el juicio político que destituyó al presidente constitucional, Fernando Lugo, y se señaló como parte de una operación política preparada con ese fin, de acuerdo con los opositores al gobierno.
Una investigación llevada a cabo por la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos, alega que existieron francotiradores desconocidos colocados para iniciar el enfrentamiento, se ultimó en el lugar a campesinos heridos y se detuvo a personas inocentes.
Tomado: Prensa Latina
