El Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2012 Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2012, emitido este lunes por el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), valora como “un problema preocupante” la agresión sexual en la represión policial de protestas de estudiantes secundarios y universitarios.
Según datos de la no gubernamental Corporación Humanas, citados en el informe publicado en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, “este patrón se hace cada vez más frecuente y agravado. Ha habido varias denuncias en los últimos desalojos (de centros educativos ocupados por estudiantes) respecto a desnudez forzada y tocaciones (sic) indebidas. Tenemos casos judicializados de golpes en la vagina”.
Esa organización recibió este año más de 25 denuncias de violencia sexual policial.
Lorena Fríes, directora del INDH, dijo a IPS que estos casos “son un punto más dentro de una trayectoria de Carabineros”, la policía militarizada chilena.
Por ejemplo, dijo, fue evidente una agudización de la represión en las manifestaciones de inicios de febrero y marzo de este año en la austral región de Aysén, cuyos habitantes exigían un conjunto de demandas sociales.
“En Aysén vimos un uso abusivo de escopetas antidisturbios, al punto de que significaron la pérdida de un ojo por lo menos a dos personas”, recordó Fríes.
A eso se suman enfrentamientos entre manifestantes encapuchados y Carabineros en las protestas estudiantiles, en las que la policía “hizo uso excesivo de la fuerza, pero no contra aquellos que cometían delitos, sino contra manifestantes pacíficos”, comentó.
La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, estimó que “esta represión institucionalizada… no la veíamos desde los años de la dictadura” de Augusto Pinochet (1973-1990).
“La violencia se ha tomado todo espacio de diálogo, de entendimiento, de racionalidad. Es la violencia de Carabineros la que impera por sobre cualquier otra posibilidad de entendimiento con la ciudadanía”, dijo García a IPS.
El primer caso de presunto abuso sexual policial en el marco de las protestas estudiantiles se conoció fue denunciado en agosto, cuando un grupo de jóvenes de la ciudad de Rancagua, 100 kilómetros al sur de Santiago, protestaron por la lentitud para reconstruir su centro educativo.
Según la denuncia, agentes policiales detuvieron a los estudiantes y los obligaron a desnudarse en la comisaría.
El INDH recibió denuncias que involucran a personal policial de varias comisarías sobre hechos ocurridos mayoritariamente en el mes agosto.
El 14 de ese mes, tres estudiantes y una apoderada fueron obligadas por una funcionaria de Carabineros a desnudarse frente a otras detenidas en una comisaría de Santiago. Y nueve días después, en la comuna de La Florida, a una adolescente de 15 y a dos de 18 años las obligaron a levantarse la camiseta y el sostén, bajarse las bragas y hacer sentadillas.
En la misma fecha, pero en otra comuna de Santiago, se obligó supuestamente a 13 adolescentes a desnudarse, pero las mujeres se negaron a entregar sus sostenes.
En el caso de La Florida, el INDH presentó una querella penal por presunto delito de apremios ilegítimos o tortura contra la adolescente de 15 años.
Sin embargo, “el juicio pasó a competencia de tribunales militares, con lo cual se refrenda una nueva situación de violación a los derechos humanos, pues no hay posibilidad de imparcialidad en la justicia si esta va a depender de aquellos que son quienes cometen estos actos contra civiles”, afirmó Fríes.
Ya en 2011, el INDH había planteado su preocupación por el “uso represivo de las detenciones así como los abusos que durante las mismas han denunciado mujeres y niñas”, y recomendado que la policía adecuara “sus protocolos y prácticas (…) a estándares de derechos humanos, especialmente en relación con la detención de personas”.
En respuesta, la policía de Carabineros creó su Departamento de Derechos Humanos, “lo que implica un paso adelante”, valoró el INDH.
Además, la institución comenzó a instalar cámaras en los vehículos de detención, “lo que constituye una medida de garantía y transparencia”, y permite, desde septiembre, que observadores del INDH accedan a los transportes policiales donde viajan personas privadas de libertad.
Con todo, para Mireya García “esa violencia ha herido muchas sensibilidades, a muchos jóvenes, ha herido el alma de muchos chilenos que luchamos por años para que este tipo de situaciones no se repitan”.
Fríes considera necesaria “mucha más formación y capacitación en general en los funcionarios públicos en materia de derechos humanos, pero particularmente en Carabineros, los encargados de custodiar el orden público”.
En su opinión, se necesita reformar la legislación que regula el derecho de reunión, todavía hoy sometido a un decreto promulgado en 1983 por la dictadura de Pinochet.
Además, planteó, se deben “reformar los protocolos de manera que den cuenta de lo que es hoy día la sociedad chilena, y que tengan cuidado con discriminar, por ejemplo, a estas jóvenes que fueron objetos de abuso sexual”.
“La sociedad chilena ha avanzado mucho a partir de una concepción individualista que te hace además sujeto de derecho. Lo que hemos perdido es el vínculo (del Estado) con la comunidad, y no hemos enfrentado bien la desigualdad estructural que afecta a amplios sectores de la población”, describió.
“El informe llama a hacer más con el Estado que tenemos; un Estado robusto, que fiscaliza, que regula y que garantiza el acceso a los derechos”, concluyó.
Tomado: tercerainformacion.es
