En Colombia
existe una larga historia sobre violación de los derechos humanos por parte de
las fuerzas armadas, no sólo cuando existían los tribunales militares, donde se
juzgaban a los civiles, sino sobre el fuero que ostentan los militares y la
forma como se juzgan los delitos concernientes a los mismo, que no corresponden
al servicio. Este tipo de justicia se ha caracterizado por la impunidad de la
justicia penal militar. Es así que mucha de las masacres que se produjeron a lo
largo del siglo XX y comienzos del XXI, donde se reconoce la participación de
militares, estos no fueron o no han sido sancionados penalmente, en algunos
casos se dio una sanción disciplinaria de no más de 3 meses o la destitución si
las pruebas no dejaban duda.
A pesar,
de las condenas que ha recibido Colombia por parte de la Corte Interamericana De
Derechos Humanos, por encontrar una estrecha colaboración entre miembros de la
fuerza pública y grupos de paramilitares, los llamados falsos positivos,
violaciones sexuales, torturas, tratos crueles e inhumanos, desplazamiento
masivo, todas ellas cometidas por la fuerza pública. El Congreso aprobó el
fuero penal militar, lo que devuelve a los militares el juzgamiento de sus
colegas, justificado en brindarles garantías a los militares en desarrollo de
operaciones en contra de la insurgencia. Si están dentro de los marcos jurídicos
no tendría por qué haber ningún cuestionamiento.
El privilegio
que les otorga el Estado a los militares, es que estos, serán los primeros en conocer un hecho e iniciar las
investigaciones correspondientes y los que finalmente determinen si se trata de
un caso que deba pasar a la justicia ordinaria o militar. La historia nos ha demostrado que esto nunca ha
sucedido. Por el contrario, existen numerosas evidencias que demuestran la
alteración de pruebas, testigos falsos; que comprometen a los militares y a la
policía, con el objeto de desviar la investigación y ocultar el crimen. Como por
ejemplo el caso de los niños violados y asesinados por un militar (teniente
Raúl Muñoz) en Arauca, la fiscalía tardo casi dos años en emitir una sentencia
y esto debido a la dilación de los abogados del militar, sin contar el
asesinato de la juez y los falsos testigos que la defensa de Muñoz acopio. Otro
caso el del joven grafitero en Bogotá, la fiscalía pudo demostrar que se altero
la escena del crimen y además se presentaron testigos falsos, sin olvidar que
este caso pretendía ser juzgado por la policía como un hecho de servicio.
O lo
que aun no conocemos sobre el asesinato de ocho jóvenes en el Valle a manos de
la policía en diferentes escenarios[i]. La pregunta que surge si
estos casos han ocurrido en el perímetro urbano ¿Qué pasará cuando se trate en
zonas aisladas sin presencia de autoridades civiles?
Otro
caso que puede enmarcar este tipo de justicia es el caso del general de la policía
Santoyo, a pesar, que al interior de la policía se conocían sobre los abusos de
poder, las interceptaciones ilegales, nunca le ha sido abierta ninguna
investigación ni por parte de la fiscalía ni la policía, lo que prueba que
cuanto se trata de impartir justicia a sus colegas no opera el mismo sentido. En
este caso tuvo que venir la justicia estadounidense para que el país conociera
los graves delitos de este militar. Casos como el del Palacio de justicia y
otros que han recibido justicia se debe a que la fiscalía determinó su
competencia, y que, a pesar, de lo evidente de las pruebas la justicia militar
no los había encontrado culpables de ningún delito.
Por otro
lado, aunque el Estado ha argumentado que los falsos positivos no quedaran en
la impunidad, la duda manifiesta surge cuando se trata de juzgar a altos mandos
entendiendo que los militares obedecen a una organización jerarquizada y que se
castiga la desobediencia y la insubordinación. Vale decir, que la CPI[ii] encontró que sobre este
caso opero una política sistemática desde el Estado. O sea que no se trato de
unas manzanas podridas como lo ha reiterado el gobierno. Como máximos representantes
de este Estado está el presidente en este caso el nefasto Uribe Vélez y el
ministro de defensa y ahora presidente Juan Manuel Santos, impulsor del fuero
militar, lo que se puede entender, es que se premió la mala conducta de sus subalternos.
