La pérdida de una parte de la frontera marítima colombiana
despertó para algunos políticos lo que se podría llamar nacionalismo politiquero, según lo agitado que resulte su
discurso sobre el desacato al fallo de la Corte Internacional de la Haya, puede
empezar a capitalizar los votos para la siguiente contienda electoral. Entendiendo,
por supuesto que el interés no es la pérdida marítima sino los votos o los
negocios que se derivaran de la explotación de la zona continental que ahora
quedo fuera de la jurisdicción colombiana.
Resulta contradictorio, el discurso en defensa del mar,
cuando Colombia hace rato le abrió las puertas al capital extranjero y la aplicación
del modelo neoliberal, lo que ahora llamamos locomotora minera, dando la idea que se
transita hacia el progreso y desarrollo con amplios beneficios para el país y
sobre todo para las comunidades que habitan estas zonas. Con este discurso se ha entregado buena parte
del territorio a las transnacionales, sin que hasta ahora podamos disfrutar de
tales beneficios. Lo que sí podemos decir, es que hemos perdido una parte considerable
del territorio, no por fallos internacionales sino por cuenta de políticos
inescrupulosos que han visto en el capital transnacional la forma más rápida y
sutil de abultar sus fortunas.
Explicado por la forma como se firman los contratos,
se adquieren compromisos a largo plazo y se extienden garantías, exoneración de
impuestos y un sinnúmero de gabelas que permiten que estas compañías
extranjeras operen como Estados independientes. En últimas el país resulta sometiéndose
a las políticas internas y adaptándolas como propias. Desconociendo con ello la
soberanía y a sus nacionales. Tal es el caso de Pacific Rubiales, y la forma
como ha sometido a los habitantes y obreros de Puerto Gaitán quienes ni siquiera
pueden transitar libremente por las vía pública como lo denuncio el senador
Alexander López en el senado (4 de diciembre 2012). Eso que se trata de un paraíso
según lo dicen sus comerciales. Sin olvidar que quienes prestan sus servicios
de seguridad son el ejército nacional, obedeciendo por supuesto, las ordenes de
Pacific Rubiales sobre la libertad de expresión y movilidad. En otras palabras,
conteniendo las manifestaciones legitimas de los obreros y aplicando un orden
como propio. El Estado hasta aquí no tiene jurisdicción.
Estos hechos nos recuerdan a propósito de los 84 años
de la masacre de las bananeras, la forma como las multinacionales han logrado
crear enclaves en el territorio nacional con la venía de la élite política que
nos gobierna desde hace 200 años. El ejército nacional de ese entonces y el de
ahora también, no le importa utilizar las armas en defensa de los intereses
particulares. La historia se podría repetir y ahora cual sería el argumento,
una toma guerrillera, la defensa de “nuestros recursos naturales”, o que el
gobierno está obligado a garantizar el orden, las fuerzas armadas actuaron en legítima
defensa, o como hace 84, los obreros estaban armados con palos y no quisieron
desalojar la plaza, o era un asunto entre la compañía y los obreros. Aquí surgen
varios interrogantes, a propósito de la ampliación al fuero militar, como se catalogaría
una actuación del ejército; cumpliendo órdenes de Pacific, actividades propias del servicio, combates o los obreros parecían peligrosos.
En defensa a los trabajadores de las multinacionales,
no hemos visto ningún ministro ni menos presidente aplicando sanciones a las
compañías que explotan, subcontratan obreros, no cumplen con las jornadas
laborales, impiden la formación de sindicatos, tal vez, eso sería nacionalismo,
aquí ese nacionalismo opera a la inversa defendiendo a las multinacionales,
pero dando la idea que vamos hacer todo lo necesario para recuperar el mar que
nos quitó el fallo.
El gobierno nos ha hecho creer que está defendiendo la
nación ¿cuál nación? La que poseen las multinacionales, vale decir, que hasta
ahora no sabemos realmente cuanto territorio pertenece a la nación con
autonomía propia y cuanto está en manos extranjeras, con leyes y normas jurídicas
internacionales. Es decir; Colombia debe ajustar sus políticas a estas normas y
no al contrario. Esos mismos políticos
que piden no acatar el fallo, son los mismos que asesoran a las
multinacionales, crean las normas para no generar limbo jurídico y desestimular
la inversión extranjera y en caso de ser necesario demandan al país. Todo sea
para generar confianza inversionista.
