La modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial español -que restringe las condiciones en las que un juez puede investigar ciertos delitos internacionales- salió adelante gracias a la mayoría absoluta del derechista Partido Popular (PP) y sin el apoyo de ninguna otra fuerza política.
La votación se dio en medio de un fuerte repudio a la medida y la forma en que fue tramitada.
Tras la ratificación de la reforma por parte del Senado, un proceso que podría concluir antes de finales de marzo, los magistrados que investigan causas en las que se aplicó la justicia universal, podrían ordenar el sobreseimiento de las mismas si no cumplen con los nuevos requisitos.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió tramitar la reforma con toda celeridad, por lo que utilizó su mayoría absoluta para plantear este cambio como proposición y no un proyecto de ley, lo que le permitió saltarse órganos consultivos y un prologando debate público.
El objetivo manifiesto del gobierno del PP es evitar “diputas inútiles que sólo generan conflictos diplomáticos.
La nueva ley restringe la persecución de crímenes internacionales como de lesa humanidad o genocidio en los casos en los que el presunto responsable fuera español o extranjero con nacionalidad española adquirida con posterioridad a la comisión del delito.
Además, es necesario que la Fiscalía interponga la querella (siempre fueron las acusaciones populares las que la promovieron) y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado.
La reforma contempla explícitamente que estas restricciones se aplicarán a las causas en trámite, puesto que los tribunales españoles no pueden continuar con procedimientos en curso.
Los grupos opositores a la medida subrayaron que hoy es un “día triste” para la Justicia y para las víctimas, que se quedarán sin “tutela efectiva”, ya que la ley prácticamente acaba con la justicia universal.
Según la oposición política, el PP ha cedido al dinero y los intereses de las potencias extranjeras en detrimento de los derechos de sus ciudadanos.
España no solo se negó siempre a juzgar los crímenes de su guerra civil y dictadura franquista sino que nunca apoyó, a través de la fiscalía, las causas abiertas en la Audiencia Nacional por delitos de lesa humanidad, genocidios o torturas.
Tomado: Telam
