La palabra chuzar en Colombia no es
nueva, a pesar de ello, se hizo célebre con las conocidas chuzadas ilegales que
hiciera en su momento el dizque desaparecido DAS, entidad que recibía órdenes
directas del presidente. Pero, que ahora según lo informo la revista semana se
recicló y tiene cerca de 300 empleados y salas de interceptación funcionando. A
pesar, de que el gobierno de Santos anunció su desaparición, pues, le resulto
más cómodo tapar lo ilegal de esta entidad que empezar a darle respuestas al
país, que lo involucraban directamente siendo el ministro de defensa. Es decir,
sobre el tema de las chuzadas Santos no es principiante, aunque, ahora quiera
parecer, como en el caso de los mal llamados falsos positivos.
Según lo informó la revista semana en
un populosos sector de Bogotá operaba una base de interceptaciones conocida
como “Andrómeda” que contaba con civiles “hackers” y militares. Donde recopilaban
datos de correos electrónicos, chats, pines, entre otros. Esto según se dijo en
un principio con el fin de espiar las conversaciones de los delegados del
gobierno y la insurgencia en La Habana, a lo que Santos respondió “que fuerzas
oscuras están detrás” que son inaceptables.
Pese a esto, al día siguiente Santos
y como tiene acostumbrados a los colombianos salió de nuevo en defensa de sus
operaciones y dijo que estas son totalmente licitas. Estas resbaladas de Santos
nos recuerdan una cuantas como que el “tal paro agrario no existe”. O peor aún
que el presidente no tiene el control, pues después, de reunirse con los altos
mandos militares salió a desvirtuar la información. Lo que nos lleva a
preguntarnos ¿quién manda a quién? ¿Por qué frente al accionar de las conocidas
“salas grises” no se conocen los directos responsables? ¿Quiénes son los
receptores de la información? O si en este tipo de operaciones es permitido el
personal civil, pues el país tiene un largo historial sobre la participación de
civiles en operaciones ilegales, en este caso serían los “para-cibernautas” o “para-hackers”
para usar un lenguaje más sofisticado.
Si bien, el ordenamiento jurídico permite
las interceptaciones, estas no se pueden hacer bajo el capricho o intereses de
algunos o de las Fuerzas Militares, sin el consentimiento de los organismos de
judiciales, que son los que garantizan la legalidad y que impiden que las
interceptaciones se utilicen de forma ilegal como ha venido sucediendo en el
país y que ha cobrado la vida de cientos de colombianos. Ya no se trata solo de
ruedas sueltas o manzanas podridas.
O que la información sea dirigida a
políticos inescrupulosos que la utilizan con fines personalistas, estas
investigaciones son las que la justicia
debe aclarar, dar respuestas a las preguntas sobre de donde ha salido la
información sobre las coordenadas que pusieron en peligro las negociaciones de
La Habana, o las fotos de los negociadores de las FARC, solo para tener en
cuenta algunas.
En su momento el gobierno prometió dar
con el culpable de la filtración, que hasta el momento solo quedo como los
acostumbrados “chismes bomba” sin que la sociedad colombiana sepa en realidad
lo que sucedió, o con qué fines se divulgó esta información o si las fuerzas
militares conspiran contra el Estado.
Frente a este nuevo escándalo y
entendiendo según lo dijo Santos es legal, surgen algunas preguntas ¿por qué el
gobierno espía a su delegación en La Habana? A caso no confía plenamente en su
delegación, o teme que De La Calle o Jaramillo, estén negociando con la insurgencia
por debajo de la mesa, o es el mismo gobierno quién esta saboteando el proceso
de paz. De ser así, se entendería que las negociaciones en La Habana son solo
una fachada del gobierno.
