El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció en el Congreso de los Diputados forzado por la actuación de la Guardia Civil ante la última tentativa de inmigrantes subsaharianos de cruzar a España a través de la playa de El Tarajal, en la ciudad de Ceuta.
El 6 de febrero, centenares de inmigrantes bajaron desde los montes de Marruecos hacia la zona fronteriza próxima a un paso aduanero y, ante la intervención de la gendarmería marroquí, algunos de ellos se lanzaron al mar de forma desesperada e intentaron llegar nadando a España.
Al menos catorce personas murieron ahogadas en el intento, según reconoció la Guardia Civil española, tras el hallazgo de los últimos cadáveres en el mar. Otras fuentes elevan la cifra de fallecidos a 16.
Tras la tragedia, los supervivientes denunciaron a través de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en la zona que las fuerzas de seguridad española atacaron a los inmigrantes con balas de goma y gases lacrimógenos.
La oposición demandó explicaciones al gobierno y el ministerio del Interior terminó admitiendo en la Cama Baja el uso de las balas de goma, pero desvinculó el empleo de material “antidisturbios” con la pérdida de vida de los inmigrantes indocumentados.
Según Fernández Díaz, la Guardia Civil actuó bajo criterios de “congruencia, proporcionalidad y oportunidad” ante la “inusitada violencia” empleada por los inmigrantes, a los que describió como “jóvenes de complexión atlética”, que asaltaron la frontera con España.
“Nunca se usaron esos medios antidisturbios legalmente establecidos directamente contra los inmigrantes. No causaron ninguna muerte”, remarcó el ministro.
El funcionario explicó que el objetivo del lanzamiento de balas de goma y cartucho de fogueo era de carácter disuasorio y que impactaron a unos 25 metros de los inmigrantes.
Unas pocas personas alcanzaron territorio español y, posteriormente, fueron puestos en manos de los agentes marroquíes, aunque el ministro negó que hayan sido “devoluciones en caliente”, sin aclarar la diferencia.
Fernández Díaz insistió que las muertes se produjeron “en aguas marroquíes” y que “no existe relación causa-efecto con la actuación de las fuerzas de seguridad españolas”.
Sin embargo, la ONG Caminando Fronteras, que trabaja en Ceuta y otras ciudades fronterizas con Marruecos, presentó una denuncia penal contra la Guardia Civil.
De acuerdo con los testimonios recogidos por la asociación, el lanzamiento de balas de goma y bombas de humo provocó pánico entre los inmigrantes y fue lo que provocó los ahogamientos.
La frontera ceutí no registraba un intento masivo de entrada desde finales de 2013, aunque Tarajal se convirtió en una zona sensible en los últimos años, ya que los inmigrantes indocumentados se empeñan en cruzar por allí a nado.
Tomado: Telam/Librered.net