La escalada desestabilizadora que actualmente sufre la Venezuela bolivariana tiene un objetivo no negociable: el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. No hay un ápice de interpretación en esta afirmación. Fue expresada en reiteradas ocasiones no sólo por los manifestantes de la derecha sino por sus principales líderes e inspiradores locales: Leopoldo López y María Corina Machado. En algunas ocasiones se refirieron a sus planes utilizando la expresión que usa el Departamento de Estado: “Cambio de régimen”, forma amable de referirse al “golpe de Estado”. Esta feroz campaña en contra del gobierno bolivariano tiene raíces internas y externas, íntimamente imbricadas y solidarias en un objetivo común: poner fin a la pesadilla instaurada por el comandante Hugo Chávez desde que asumiera la presidencia, en 1999.
Para Estados Unidos, la autodeterminación venezolana –afirmada sobre las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo– y sus extraordinarios esfuerzos a favor de la unidad de Nuestra América equivalen a un intolerable e inadmisible desafío. Para la oposición interna, el chavismo significó el fin de su coparticipación en el saqueo y el pillaje organizado por Estados Unidos y que tuvo a los líderes y organizaciones políticas de la Cuarta República como sus socios menores y operadores locales. Esperaban unos y otros la derrota del chavismo una vez muerto el comandante, pero con las presidenciales del 14 de abril del 2013 sus esperanzas se esfumaron, si bien por un porcentaje muy pequeño de votos. La respuesta de estos falsos demócratas fue organizar una serie de disturbios que cobraron la vida de más de una decena de jóvenes bolivarianos, amén de la destrucción de numerosos edificios y propiedades públicas. Se aplacaron porque la respuesta del gobierno fue muy clara y con la ley en la mano y además porque confiaban en que las elecciones municipales del 8 de diciembre, que concibieron como un plebiscito, les permitirían derrotar al chavismo para exigir de inmediato la destitución de Maduro o un referendo revocatorio anticipado. La jugarreta les salió mal porque perdieron por casi un millón de votos y nueve puntos porcentuales de diferencia.
Atónitos ante lo inesperado del resultado –que por primera vez le ofrecía al gobierno bolivariano la posibilidad de gobernar dos años y administrar la economía sin tener que involucrarse en virulentas campañas electorales– peregrinaron a Washington para recibir consejos, dineros y ayudas de todo tipo para seguir llevando adelante el plan. Ahora la prioridad era, como lo exigiera Nixon para el Chile de Allende en 1970, “hacer chirriar la economía”. De ahí las campañas de desabastecimientos programados, según recomienda el experto de la CIA Eugene Sharp, la especulación cambiaria, los ataques en la prensa en donde las mentiras y el terrorismo mediático no conocían límites y, luego, “calentar la calle” buscando crear una situación similar a la de Benghazi en Libia que desbaratase por completo la economía y generase una gravísima crisis de gobernabilidad que tornase inevitable la intervención de alguna potencia amiga, que ya sabemos quién es, que acudiese en auxilio para restaurar el orden. Nada de eso ha sucedido, pero no cejarán en sus propósitos sediciosos. López se entregó a la Justicia y es de esperar que ésta le haga caer, a él y a Machado, todo el peso de la ley. Llevan varias muertes sobre sus mochilas y lo peor que le podría pasar a Venezuela sería que el gobierno o la Justicia no advirtieran lo que se oculta dentro del huevo de la serpiente. Un castigo ejemplar, siempre dentro del marco de la legalidad vigente, y la activa movilización de las masas chavistas para sostener a la Revolución Bolivariana es lo único que permitirá aventar el peligro de un asalto fascista al poder que pondría sangriento fin a la gesta bolivariana. Y lo que está en juego es no sólo el futuro de Venezuela sino, indirectamente, el de toda América latina.
Por: Atilio Boron Director del PLED, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
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