Las FARC-EP y el gobierno colombiano prosiguen hoy aquí con el vigésimo ciclo de las conversaciones de paz, centrado en la cuestión de las drogas ilícitas, tercer tema que se discute de una agenda de seis puntos.
Como parte de las propuestas enmarcadas en su política antidrogas, la insurgencia demandó el miércoles la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y la reparación integral de las víctimas de ese herbicida. La iniciativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) propuso en primer término la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos y de los programas de erradicación forzada de cultivos de coca, marihuana y amapola.
Todo ello, teniendo en cuenta -dijo la guerrilla- el fracaso de esa política auspiciada por el imperialismo estadounidense en su mal llamada guerra contra las drogas, y considerando los efectos nocivos y daños que producen tales aspersiones sobre la vida, salud, medio ambiente y el impacto destructivo sobre las comunidades campesinas.
La iniciativa resalta en un momento marcado por la determinación del Gobierno colombiano de reanudar el 15 de febrero las fumigaciones con agentes químicos en todo el país, lo que contradice -según las FARC-EP- el espíritu de las propuestas que se han hecho públicas por los delegados guerrilleros en los diálogos.
Entretanto, la insurgencia propuso la realización de un censo de víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos, que se efectuaría con la participación de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes afectadas durante las últimas dos décadas.
En ese sentido, el censo de víctimas constituirá la base para el inicio de un Programa de reparación integral de los individuos y las comunidades afectadas, explicó la guerrilla.
Para ello, se planteó la creación de un Fondo para la reparación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos, con recursos provenientes de la financiación "que ha venido realizando Estados Unidos a su fracasada guerra contra las drogas en Colombia".
Por otra parte, las FARC-EP acusaron al expresidente colombiano Álvaro Uribe de estar detrás del presunto caso de espionaje a la delegación del Gobierno en los diálogos de paz y denunciaron además que los delegados de la guerrilla también han sido espiados.
Según develó la revista Semana, sectores del Ejército, al parecer sin conocimiento del Ejecutivo, habrían instalado desde 2012 una oficina en Bogotá, para interceptar ilegalmente comunicaciones de miembros del equipo gubernamental en los diálogos de paz entablados con las FARC-EP en La Habana el 19 de noviembre de ese año.
Tomado: Prensa Latina
