La vigésima ronda de conversaciones de paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano concluye hoy aquí, centrada en la cuestión de las drogas ilícitas, tercer tema que se discute de una agenda de seis puntos.
Como parte de las propuestas impulsadas en este ciclo iniciado el pasado 3 de febrero, la insurgencia demandó la desmilitarización de la política antidrogas en Colombia, y la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de las víctimas de ese herbicida.
Enmarcado en su Programa de sustitución de usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) exigieron la desmilitarización de territorios y el cese de la injerencia y participación directa de Estados Unidos en la política antidrogas.
La insurgencia abogó además por una política antidrogas participativa y con un enfoque integral de derechos humanos y defendió la descriminalización de los productores y trabajadores de tales cultivos y de los consumidores de drogas psicoactivas.
Adicionalmente, la guerrilla demandó la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos y de los programas de erradicación forzada de los cultivos ilícitos.
La iniciativa resalta en un momento marcado por la determinación del Gobierno colombiano de reanudar el 15 de febrero las fumigaciones con agentes químicos en todo el país, lo que contradice -según las FARC-EP- el espíritu de las propuestas que se han hecho públicas por los delegados guerrilleros en los diálogos.
Entretanto, la insurgencia propuso la realización de un censo de víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos, que se efectuaría con la participación de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes afectadas durante las últimas dos décadas.
En ese sentido, tal censo constituirá la base para el inicio de un Programa de reparación integral de los individuos y comunidades afectadas, para lo cual se planteó la creación de un Fondo destinado a las víctimas de tales aspersiones aéreas.
Por otra parte, las FARC-EP consideraron necrosadas las estructuras del gobierno colombiano y pidieron la recomposición de la institucionalidad, en un contexto marcado por el episodio de las supuestas escuchas ilegales del ejército.
Según develó la revista Semana, sectores del ejército, al parecer sin conocimiento del ejecutivo, habrían instalado desde 2012 una oficina en Bogotá, para interceptar ilegalmente comunicaciones de diversas personalidades de Colombia, que incluyó a miembros del equipo gubernamental participante en los diálogos de paz en La Habana.
Tomado: Prensa latina
