“Estos días vamos a estar en Sucre, buscando que las autoridades del Estado puedan escucharnos, tanto en el Tribunal Supremo como en la Fiscalía General, estaremos entre miércoles hasta el viernes”, señaló el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta.
Sánchez de Lozada se encuentra actualmente en la conocida “lista roja” de las personas más buscadas del mundo por la Policía Internacional (Interpol).
El gobierno de Bolivia anunció hace meses que presentará una solicitud de más de ocho mil hojas para justificar la extradición de Estados Unidos del exmandatario.
Según informó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, se procederá además a la contratación de un bufete de abogados en Washington para procesar el caso, así como a un equipo para realizar la traducción de la petición de extradición.
Guerrero explicó que el proceso conllevará una inversión de cerca de 143 mil dólares, que cubrirá el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
Precisó que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia remitió ya a la Cancillería el memorial de la traducción del inglés al español del exhorto suplicatorio para la extradición de Sánchez de Lozada y de sus exministros Jorge Berindoague y Carlos Sánchez Berzaín.
El fiscal Superior Orlando Riveros reveló que el nuevo proceso de extradición se diferencia del primero en la cantidad de delitos y en la profundización de los temas de orden procesal y probatorio.
Este será el segundo reclamo de extradición que realiza Bolivia, pues en septiembre de 2012 el gobierno de Estados Unidos rechazó el pedido por una supuesta incompatibilidad entre las legislaciones de los dos países respecto a los delitos por los cuales se reclama a Sánchez de Lozada y a sus dos exministros.
La nación andina solicita la entrega de esos exfuncionarios por su presunta responsabilidad en la muerte de más de medio centenar personas y por delitos de masacre, vejaciones y torturas durante los incidentes del también llamado Octubre Negro.
Ese mes de 2003 miles de personas fueron reprimidas por salir a la calle a protestar tras la decisión del gobierno de exportar a bajos precios gas natural a México y Estados Unidos, antes de satisfacer las demandas del desabastecido mercado interno.
Tomado: tercerainformacion.es/ Contrainjerencia
