La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que participa en la mesa de conversaciones con el gobierno de ese país propuso hoy aquí prohibir la criminalización de los movimientos políticos, sociales y populares.
Según las FARC, el derecho a la subversión, a cuestionar el orden capitalista y a ejercer la oposición contra las políticas del Estado y del gobierno, así como a proponer alternativas frente a éstas deberá garantizarse.
La insurgencia propuso defender la no estigmatización de los movimientos que practiquen estos derechos, y proscribir su criminalización.
Actuaciones en ese sentido de funcionarios públicos de alto nivel, así como de los medios de comunicación, merecerán especial atención y estarán sometidas al control social y la veeduría ciudadana, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, agregó la guerrilla.
Esta iniciativa forma parte de un grupo de propuestas que presentó la insurgencia sobre la cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional, así como el derecho a la protesta y la movilización.
El guerrillero Marcos León Calarcá, quien leyó el comunicado de las FARC, planteó también la prohibición al tratamiento militar de la protesta social y popular, y el desmonte del escuadrón Antimotines y Disturbios (ESMAD).
Además, Calarcá propuso la proscripción de las doctrinas contrainsurgentes y de "seguridad nacional" y avanzar hacia una cultura política democrática y participativa.
Según él, esto supone recuperar el valor y el significado de la política, y sustraerla del desprestigio a que ha sido sometida por la mayoría de los partidos y de los políticos profesionales en esa nación.
Para ello, se promoverán procesos de formación, educación y comunicación en asuntos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, añadió.
Calarcá volvió a plantear la exigencia de las FARC de permitir al guerrillero Simón Trinidad que se incorpore a la mesa.
Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos desde el 2004 y fue designado por las FARC como integrante de la delegación de paz.
El gobierno estadounidense no ha permitido su incorporación a las pláticas.
Los representantes de la administración de Juan Manuel Santos no hicieron comentarios a su llegada al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de las conversaciones de paz desde noviembre del 2012.
Tomado: Prensa Latina
